lunes, 30 de abril de 2007

LOS EFECTOS POLITÍCOS SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE CAUSAN LA EMIGRACIÓN EN EL ECUADOR



La emigración es un hecho con diversas motivaciones y connotaciones de orden personal, social y económico, que se engendra en situaciones de carácter político, al producir un ambiente adverso que genera una falta de oportunidades de trabajo, (la principal causa de la migración) provoca la necesidad de quienes no encontrando en su país, en este caso en el Ecuador, posibilidades para desempeñarse en una determinada profesión, en un oficio o desarrollar sus habilidades y destrezas en alguna actividad laboral, deben buscar en países donde sí existen oportunidades de trabajo la esperanza de poder supervivir o aspirar a tener una vida confortable, buscando en definitiva en tierras extrañas el trabajo que no encuentran en el Ecuador, lo cual es propiciado por la existencia de una inseguridad social y económica que tiene como causa principal una falta de estabilidad política, la misma que responde al hecho de que quienes han gobernado el Ecuador en los últimos diez años no han logrado articular una propuesta con objetivos nacionales que produzca un estado de confianza en los habitantes del país, entendiéndose por gobierno a quienes detentan el poder político, en el que se incluyen el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, los supra organismos de control (Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Telecomunicaciones, Contraloría General del Estado), de tal manera que quienes influyen en la existencia de una situación de inestabilidad política y de inestabilidad jurídica, social y económica, son todos los que forman parte del poder político, quienes con su gestión y acciones contrarias al interés del conjunto de la sociedad lejos de crear un ambiente de bienestar social, generan un malestar social provocando desengaños en las personas que se traduce en una decepción de la vida que llevan en el país, y para ello no encuentran otra alternativa que no sea el procurar emigrar a otro país. Conviene recordar para entender mejor nuestra afirmación y análisis, aquella añeja frase de Confucio quien sostenía que “un buen gobierno es aquel que mantiene contento a sus gobernados y atrae a los que viven lejos”, en el Ecuador sucede exactamente lo contrario, hay descontento de los que viven en el país y aquello ha influido poderosamente en quienes habiendo logrado emigrar, encuentran fuera de la patria una estabilidad en su vida que no encontraron en nuestro país, esto explica el porqué quienes alcanzaron llegar a países como Estados Unidos y España que son los países que más atraen a los ecuatorianos, tienen una reacción que brota de una manera espontánea “queremos y soportamos todo menos regresar al Ecuador”.

Corrupción principal causa de la migración
La migración de ecuatorianos se intensifica coincidentemente con la crisis bancaria o atraco bancario de banqueros que utilizaron el dinero de sus depositantes en préstamos vinculados a negocios particulares, de familiares o de grupos de amigos, en acto de incuestionable acción delictiva, de defraudación de la fe pública, llegándose al extremo de tener que sustituir la moneda ecuatoriana por su pérdida total de valor (25.000 sucres por 1 dólar) por una moneda del país de más sólida economía a nivel mundial como son los Estados Unidos, medida monetaria que refleja que el poder adquisitivo de la moneda ecuatoriana se redujo a un valor casi nulo y de haberse mantenido el sucre hubiese continuado con un descenso imparable. Pero este hecho de depreciación de la moneda ecuatoriana no aconteció por una situación circunstancial, la crisis bancaria fue el efecto de una cadena de hechos y actos de corrupción que el país no puede ni debe olvidar, que se acentúan y crecen con la circulación de los petrodólares en la economía nacional y comienzan con un ineficaz control ejercido por el Banco Central al inicio de la década de los ochenta, con el aumento en el tipo de cambio oficial del dólar (estaba en 25 sucres por dólar) lo cual produjo una subfacturación en las exportaciones (se reportaba al Banco Central un precio del producto a exportar muy inferior al del mercado internacional, por ejemplo una libra de camarón se lo exportaba a 1.50 cuando el precio real era de alrededor de $ 5, eso significaba para el exportador recibir indebidamente $ 3.50 dólares directamente del importador extranjero, diferencia que no la entregaba al Banco Central como correspondía, sino que la vendía en el “mercado negro” a un precio superior al que fijaba el Banco Central), existía en aquella época de los años ochenta, a manera de ejemplo explicativo, la distorsión de un dólar fijado oficialmente en 40 sucres cuando en el mercado se lo vendía en 60 sucres, lo cual perjudicaba la estabilidad monetaria del país, que no recibía las divisas que debía recibir para equilibrar su balanza de pagos y en general mejorar su economía, ya que ese dinero que se reservaba el exportador afectaba al conjunto de la economía nacional y al sector productivo primario. Igual situación se producía con las importaciones, el Banco Central le vendía al importador dólares a 40 sucres cuando en el mercado se lo vendía en 60 sucres, con lo cual también se perjudicaba la situación monetaria del país (por ejemplo el Banco Central le vendía al importador dólares a 40 sucres y este compraba para la importación de algún bien que valía 100.000 dólares, el doble 200.000 dólares al Banco Central, de tal manera que los 100 mil dólares que no ocupaba en comprar lo que declaraba iba a importar, los vendía a $60 en el “mercado negro” nacional ganándose fácilmente y de manera incorrecta grandes sumas de dinero que perjudicaban la economía de los ecuatorianos): se utilizaba también el sistema de falsas importaciones, esto es, se compraba al Banco Central divisas para algo que en la realidad no se importaba, y los dólares que se obtenían constituían un gran negocio para el comprador de dólares, ya que los mismos los compraba a 40 sucres y los vendía en el mercado a 60 sucres produciéndose un doble dolo, por un lado falseaba documentos de importación y de otro extraía del Banco del Estado ecuatoriano divisas en base de esa falsedad, todo aquello significaba un drenaje de recursos que el país necesitaba y no utilizaba para su desarrollo, siendo sin duda el responsable de ese uso ilegitimo de divisas el Banco Central, el cual también no deja de ser corresponsable junto con la Superintendencia de Bancos en el atraco bancario, dado que fue justamente el Banco Central que prestó dinero por centenares de millones de dólares a banqueros que habían despilfarrado el dinero de sus depositantes, préstamos que no termina de recuperarlos el país; ese dinero es justamente el que se transforma en deuda de los ecuatorianos, pues ese pago debió asumirlo el país para poder devolverle a “cuenta gotas” el dinero a los depositantes, convirtiéndose en una deuda pública interna que debemos pagarla todos los ecuatorianos y que actualmente se acerca a los 6000 millones de dólares (la mayor parte se origina en la necesidad de pagar a los depositantes de los bancos quebrados). En conclusión, de haber existido un eficaz y oportuno control sobre todo de la Superintendencia de Bancos, al menos se habría atenuado el denominado “atraco bancario” que significó un terrible golpe a la economía nacional y que actualmente incide negativamente en el nivel de vida de todos los ecuatorianos, lo cual se traduce en una falta de empleo, puesto que al no haber recursos para inversión en sectores productivos y empresariales; y sobre todo para facilitar créditos de bajo interés y garantizar precios de sustentación al sector más importante de la economía que es el sector primario, se afectan el agropecuario y el pesquero que en definitiva son los que alimentan al país.
En este atraco no se puede dejar de anotar el rol negativo de la AGD, convertida en otra fuente de espúreos negociados, al permitir grandes descuentos a los depositantes que para recuperar su dinero depositado debían vender sus certificados de depósitos con grandes descuentos perjudicándolos con alrededor del 30% del valor de sus depósitos ya bárbaramente disminuidos por la devaluación que significó la dolarización, habría que agregar el cobro de jugosos honorarios por parte de abogados contratados por la AGD, enriquecidos a costa del país y de los depositantes perjudicados, ello explica porqué la AGD aceptó que los grandes deudores estafen a los ecuatorianos entregando bienes de ínfimo valor (por ejemplo un terreno con un avalúo 10, 20, 30, 40, ó 50 veces más que su valor real, mal utilizando el mecanismo de la figura denominada “dación en pago”). El actual gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez en un juego politiquero, hace creer a los ecuatorianos que el problema de los deudores de la banca es el señor Agustín Febres Cordero (indiscutiblemente uno de los más altos deudores) pero se lo usó como pretexto político para desviar su responsabilidad histórica de investigar los atracos de la AGD de donde han salido administradores, abogados y compradores de depósitos bancarios, enriquecidos a costa de la economía nacional y en perjuicio de los depositantes que se han empobrecido inmisericordemente.
No se puede olvidar ni excluir dentro de la creciente corrupción imperante en el Ecuador el negociado en la importación de fertilizantes, perpetrado en la década de los 70, atraco en el cual el Banco de Fomento decidió importar insumos agropecuarios (por cincuenta millones de dólares), inflando deliberadamente una adquisición que no debió exceder de los diez millones de dólares, aumento del monto de la importación que se lo hizo para incrementar el valor de la comisión o coima, con lo cual se enriquecieron incorrectamente los autores de este atraco utilizando fondos públicos, tanto el vendedor de los fertilizantes como los que decidieron comprar dichos bienes, sabiendo que la gran mayoría de insumos que se compraban eran fungibles, por ello se dañaron tan pronto llegaron al país, perdiendo el Estado ecuatoriano ese dinero sin que nadie responda por ello. Otro acto inolvidable por lo descarado fue el conocido como “sobrelevante petrolero” cuando el Ministerio de Energía realizó una reliquidación a la Compañía Texaco que debía reintegrar al país 6.500.000 barriles de petróleo a $32 por barril y por arte de magia en la Secretaría del despacho ministerial “se equivocaron” al tipear la cifra y en vez de 6.500.000 se escribió 1.500.000 perjudicándose al país con 5.000.000 (cinco millones) de barriles a $32, es decir un escandaloso negociado que terminó con la cancelación del denunciante, el entonces Contralor General del Estado Dr. Luis Hidalgo. A este increíble atraco habría que agregar la captura de un funcionario vinculado a la entonces Corporación Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y al Ministerio de Recursos Naturales de apellido Estrella, capturado infraganti en el aeropuerto con un maletín lleno de billetes que iba destinado a los que administraban el petróleo ecuatoriano en aquella época.
Estos casos sólo son unas pocas muestras de cómo el país desde el boom petrolero al inicio de la década de los setenta, cuyo principal cuestionador el Econ. Abdón Calderón Muñoz, fue vilmente asesinado por sicarios del gobierno militar en el poder. Otro caso ejemplificador de asalto a los fondos públicos es el de expropiación de la Isla Santay: la Dirección Nacional de Avaluós y Catastros (DINAC) fijó un avalúo al Banco de la Vivienda de $1.5 por metro cuadrado, habiendo logrado intermediarios y funcionarios de dicho Banco que jueces corruptos y comprados fijen el precio en $8 el metro cuadrado; esto se comprobó por denuncia de los expropietarios que $3 beneficiaron a los mentalizadores del atraco y el país se perjudicó en decenas de millones de dólares, en una expropiación que no se necesitaba, pues la isla Santay no se la utilizó jamás para ningún programa de vivienda y se encuentra actualmente abandonada como símbolo de la podredumbre que tanto daño ha hecho al Ecuador, afectando gravemente en su economía e influyendo en las indetenibles emigraciones objeto de nuestro comentario.
A estos hechos habría que añadir la corrupción imperante en la administración pública, en la que toda contratación de obra se la hace en base a fuertes pagos de comisiones que van del 20 al 30% del valor de la obra, a lo que hay que adicionar sobreprecios en la contratación; esto es, una obra que debiera costar diez millones de dólares, la propia entidad o el funcionario contratante interesado la eleva a veinte millones de dólares para recibir una mayor suma de dinero como coima o comisión, luego se producía deliberadamente una demora en el plazo de entrega de la obra y se hacían reajustes de precio, de tal manera que al contratista y fiscalizador les interesaba que la obra dure en su construcción el mayor tiempo posible, para beneficiarse del reajuste de precios, lo cual terminaba por hacer que la obra se la encarezca y se la concluya (cuando se la concluía que no era siempre), en el doble o triple de tiempo inicialmente pactado, a un precio que se cuadruplicaba o quintuplicaba en relación al valor pactado originalmente, perjudicándose al país de una manera que repugna a la ciudadanía honesta. Si esto lo trasladamos a los grandes robos que se han hecho en el país como los megaproyectos de generación eléctrica o los contratos de exploración petrolera, las concesiones coimadas hechas en telecomunicaciones, donde existe una cadena de incorrecciones de todo orden, explican el porqué el Ecuador ha llegado a una crisis tan profunda y casi insoluble, crisis en la que no se puede dejar de anotar el alegre reparto del Presupuesto del Estado entre gobiernos de turno y la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, convertida en una traficante de dineros públicos por parte de legisladores que abandonaron su función de legislar o fiscalizar para convertirse en alegres repartidores de cheques o benefactores de contrataciones, que exigen jugosas comisiones, lo cual pudo detectarse con el descubrimiento de la llamada “Red Peñaranda”, en la que estaban involucrados un alto porcentaje de legisladores. Esto explica porqué en el Ecuador hay “nuevos ricos” salidos de la nada que no podrán explicar jamás cómo se enriquecieron sin trabajar, generando con su comportamiento ilícito un empobrecimiento de la mayoría de la población y es ese empobrecimiento lo que motiva la masiva emigración de ecuatorianos.
Un acápite final, el contrabando que antes fue considerado el delito y medio de enriquecimiento más repulsivo se ha convertido en un benigno perjuicio a los fondos públicos, si se los compara por ejemplo con otro de los grandes atracos al país como el caso del uso alegre de los llamados “fondos reservados” sin el más elemental pudor, lo cual tiene prófugos a un ex Presidente (Ab. Abdalá Bucaram), un ex Vicepresidente (Alberto Dahik) y a un ex Ministro de Gobierno (Econ. César Verduga), pero los que se enriquecieron con ese inmoral tráfico de dinero siguen paseando su desvergüenza con la garantía de la impunidad que impera en el Ecuador.

Espectacular migración en los últimos cinco años
Por cifras suministradas por controles migratorios de salida de ecuatorianos del Ecuador, descontando los que no regresaron al país en los últimos cinco años, la cantidad de compatriotas que emigró se aproxima al millón de personas que representan aproximadamente el 25% de la población económicamente activa, que en definitiva deja de trabajar y producir para el país, trabajando y produciendo para otro país. Si a esa dura realidad se agrega la triste situación de que los emigrantes (con excepciones que confirman la regla), son enganchados o contratados para realizar labores de ínfimo nivel dentro de una jerarquía organizacional o productiva de la sociedad, contrataciones o enganches en los que hay que incluir contratados (as) para ejercer la prostitución mujeres y gays, nos conduce a reafirmar que el Ecuador no tiene otra alternativa que lamentar esta realidad, que afectando a quienes han debido someterse a tan dura prueba, nos debe invitar a reflexionar sobre el porqué de tan dramática situación y en homenaje a los ecuatorianos, pedir al menos sanción para quienes se han enriquecido injustificadamente “de la noche a la mañana”, a quienes las personas que todavía tienen dignidad deben despreciarlos y rechazarlos cuantas veces sea necesario.





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