martes, 8 de enero de 2008

El destino de una nación: su identidad frente al mundo y el ordenamiento del territorio ecuatoriano






Debo comenzar precisando con toda fidelidad y énfasis que el término Nación nunca fue de fácil definición, aquello nos obliga para poder comprender el porqué de esta situación, recurrir al origen etimológico de la palabra que viene del latín natio, de nasci que es igual a nacer, de tal manera que partiendo de ese origen de la palabra, a nacionalidad de las personas derivaría del lugar donde se nace, pero hay que advertir que la nacionalidad que es un término que se lo acuña como consecuencia de la nación de la que es oriunda la persona, no siempre emerge del lugar donde se ha nacido, en aplicación del llamado ius solis, sino que también existe la aplicación del ius sanguinis, es decir el origen de la nacionalidad generado por vínculos de sangre, tendencia que es la de mayor vigencia en el mundo contemporáneo, tanto por la gran movilidad de las personas en procesos migratorios, como por el hecho irrefutable que los lazos genéticos crean una relación de mucho mayor consistencia y afecto entre las personas que el generado por el lugar de nacimiento. De mi parte no tengo dudas que el científico checo Mendel tenía toda la razón cuando elaboró su teoría relacionada con las connotaciones hereditarias, lo que nos impone admitir que la única ley que no se discute es la ley de la herencia, por eso se originan dichos como aquel que nos dice que “el árbol de manzana no produce aguacates” cualquiera que sea el lugar que se lo siembre, ni que a manera de ejemplo nuestros nativos de apellido Quijije se transforman en anglosajones o “gringos” por haber nacido en los Estados Unidos.
En el contexto de estas afirmaciones es bueno recordar que en el apogeo del Imperio Romano, Cicerón se inclinaba por concebir la existencia de la nacionalidad en razón del lugar de nacimiento de las personas, en tanto que Tertuliano concebía la Nación como algo derivado de un grupo étnico-cultural, tesis esta última que resulta indiscutiblemente mucho más objetiva, para efectos de ensayar algún concepto sobre el verdadero significado de Nación o Naciones, término con el que generalmente también se hace referencia a los distintos Estados o países del mundo. Me anticipo en precisar que el Ecuador ha mantenido como tesis el ius solis, esto es, se es de nacionalidad ecuatoriana por el hecho de haber nacido en territorio ecuatoriano, aunque estimo debe incorporarse la tesis del ius sanguinis, en razón de las cuantiosas migraciones que ha sufrido el país en los últimos años.
Las reflexiones antes referidas nos conducen a revisar el proceso histórico seguido en la formación de la nación como expresión que define una organización social, pudiéndose sostener sin temor a caer en equivocaciones, que en la época medioeval no existía realmente el llamado Estado nacional, más bien existieron grupos de personas que pertenecían a una determinada región que son los que pasan con el transcurrir del tiempo a constituirse en una especie de cimientos de lo que es una nación, de tal manera que es en esa etapa que se van forjando las naciones, pero es en la edad moderna cuando el racionalismo estructuró el concepto de nación que surge como consecuencia de la formación de un grupo humano que se asocia en razón de tener como primer sustento, un lenguaje nacional predominante, subrayo predominante, pues normalmente la gran mayoría de países tienen dialectos diferentes en sus diversas localidades, en segundo lugar, por tener conciencia de constituir una unidad territorial y humana dotada de una organización política independiente, con lo cual se comienza a establecer un nexo entre Nación y Estado nacional, que en definitiva se conformaba por la existencia de un pueblo dominante, con fronteras naturales y un máximo de homogeneidad interna. De este afán de integrar una Nación es que emerge el hecho histórico por el cual un pueblo dominante sojuzgó a las minorías que habitaban un determinado territorio, territorio que además con frecuencia ha sido artificialmente delimitado, con lo cual se han ido minimizando las peculiaridades de los grupos minoritarios, para por esa vía tratar de lograr el máximo de unidad interna impuesta, lo que convierte a esa unidad nacional en algo no siempre homogéneo, sino en muchos casos aparente, fruto del dominio de un grupo más numeroso o fuerte sobre otro.
En la época del Romanticismo se creó un concepto de Nación más próximo al de pueblo, que estuvo caracterizado por la unidad de lengua y cultura y por la voluntad de constituir una unidad social organizada, aunque la organización no gozase ni de soberanía, ni de autonomía, ni de la estructura política de los Estados modernos, de esta concepción del Romanticismo se pasó a otra más restringida, en la que el término Nación era posible utilizarlo en razón de existencia de un grupo reducido en el que se dan las características anotadas anteriormente, de unidad lingüístico-cultural y de conciencia de substantividad y/o identidad, pero que sin embargo se encuentra sometido a la soberanía de una organización social superior que es el Estado, ese sería el caso por ejemplo de nuestras comunidades indígenas que se auto proclaman nacionalidades. Lo antes relatado nos lleva a sostener que no ha existido un concepto estable de Nación, que inversamente este ha sido cambiante y que ha ido incorporando una serie de elementos constitutivos, algunos de los cuales son objetivos, como la unidad de raza o etnia, de lengua, religión, cultura, territorio, y otros son subjetivos, como la conciencia de pertenencia a una comunidad nacional o la voluntad de constituirse en Estado soberano. Por todo lo expuesto si pretendemos llegar a intentar precisar el concepto de Nación, aquella deberá comprender el conjunto de estos elementos, sin preeminencia de unos sobre otros, y sin exclusión de alguno de ellos. Procede en este ensayo de definición, no descartar que hay antropólogos que sostienen que el término raza debe ser reservado según la teoría de Linneo para identificar a grupos humanos con rasgos ancestrales muy uniformes y consistentes, con distintivos humanos más pronunciados, como el de la pigmentación de la piel, formas del cabello, forma de la cabeza, caracteres faciales estándares, forma de los ojos, proporciones de la nariz, de los labios, de las mandíbulas, de los pómulos, etc., lo cual lleva a este estudioso a encontrar solamente cuatro grandes razas: la blanca o europea, negra o africana, amarilla o asiática y la roja o americana (esta última hay quienes la incluyen en la blanca), las demás son etnias, alrededor de las cuales existen muy variadas teorías, como las de Deniker que encuentra veintinueve etnias o la de Eickstedt que encuentra cincuenta, todo lo cual nos lleva a la conclusión en el análisis del tema relativo a la formación de naciones, que es más apropiado hablar de elementos comunes que la conforman, como idioma, étnia, cultura, religión, costumbres, como soporte de la nación, lo cual es más cercano al real significado de la palabra.
Para concluir esta especie de preámbulo del tema que pretendemos desarrollar y procurar ser lo más leales que nos sea posible en el afán de lograr una certera concepción de lo que es una Nación, se requiere establecer como antecedente que a este término se le busca conceder identidad propia, frente a los conceptos de Estado, pueblo o patria, aunque en el lenguaje común se entremezclen unos y otros, por ello es conveniente reafirmar que la Nación es una comunidad que se constituye a partir de factores afines que la configuran, forjados a lo largo de la historia, cuyos miembros han ido adquiriendo progresivamente conciencia y voluntad para posteriormente lograr constituirse en Estado como forma de organización política, social y jurídica contemporánea más avanzada, diferenciándose de las primeras organizaciones que son el típico caso de lo que efectivamente es una nación en el más exigente sentido de la palabra.
Surge como consecuencia de lo antes expresado una lógica interrogante, Nación y Estado son palabras que encierran un mismo concepto, tienen similar significado o son dos criterios con los que se definen distintos sistemas de evolución de organización de un país, o de formas de organización de una sociedad de similares características, que sin contraponerse no son iguales en su esencia, es decir, puede existir una Nación sin Estado o un Estado sin Nación. Mi punto de vista es que es posible en la más pura teoría sociológica, antropológica o política que se produzca esta situación, aunque sea como excepción, como el caso a manera de ejemplo de la nación judía que vivió errante sin tener un territorio determinado, pero debe quedarnos claro que en el proceso de evolución de las sociedades humanas por regla general la existencia de una Nación se complementa o antecede a la del Estado, sin que con estricta sujeción a lo que ambas organizaciones sociales representan, deban confundirse términos y conceptos.
Para comprender mejor esta afirmación, se hace necesario que analicemos muy brevemente las diversas definiciones que se han hecho sobre lo que es un Estado, comenzando por aquella que sostiene que es el conjunto de personas e instituciones que ejercen autoridad pública sobre los miembros de la sociedad, que es como sostener que el Estado equivale al ejercicio del gobierno de una sociedad. En la concepción marxista, el Estado es definido como una superestructura con el que se busca justificar y en el que se ampara el gobierno de la clase económica dominante. Aquellas definiciones nos imponen ser más analíticos y definir el Estado como la organización política de un pueblo asentado sobre un territorio, que constituye una persona jurídica distinta y superior a los individuos que la componen, organización que está provista de un poder de independencia o soberanía incondicional y originaria, de esta definición se infiere que un Estado lo formamos o somos todas las personas que habitamos un territorio determinado de un país y que forman parte de él en razón de estar sujetos a un mismo ordenamiento jurídico, en otras palabras el Estado nace como consecuencia de la expedición de un Estatuto jurídico que lo crea y organiza, es lo que se denomina Constitución Política del Estado, que en definitiva es la ley fundamental o superior de la que hablaremos más adelante, dada la particular importancia que adquiere para nuestro país, con la elaboración de un nuevo texto constitucional que está efectuando la actual Asamblea Nacional Constituyente.
Como lógica derivación de la anterior definición debemos concluir que para que exista un Estado son necesarios varios elementos: 1) que tenga un territorio grande o pequeño, a lo que desde mi punto de vista personal agregaría, que sea aceptado por los demás países, es decir no se puede hablar de territorios soberanos si estos no son reconocidos por los Estados de la comunidad internacional y los organismos creados por los distintos países; 2) una población que tenga al menos cierto nivel de conciencia de solidaridad social que generalmente es mucho más sólida cuando esa unidad nacional está basada en raza, lengua, cultura y destino histórico, esto es lo que como lo señalamos anteriormente origina la nación y por ende la nacionalidad de quienes la conforman y a la que nos referíamos anteriormente; 3) que tenga una organización política jurídica reflejada en la existencia de gobernantes investidos de autoridad, que actúan frente a los demás miembros del Estado como sus representantes legítimos, y en consecuencia gozan de competencias que les permite ejercer un control efectivo de las actividades de la sociedad y ser obedecidos dentro de su territorio; 4) poder político institucionalizado, lo que deja en claro que los gobernantes son transitorios, en cambio las instituciones permanecen y aquello sólo es posible lograrlo a través de consolidar un régimen de derecho, que estipule con una normatividad jurídica de carácter general, que los gobernantes en fin de cuentas no son sino depositarios parciales y temporales del poder; 5) soberanía lo cual significa tener Independencia para organizarse, para dictar sus propias leyes. Para los clásicos de la política el elemento que distingue al Estado como institución es el de su soberanía, lo que le otorga igualdad de condiciones y libertad de acción frente a los demás Estados sean estos grandes o pequeños, aunque en la realidad aquello no sea tan veraz y cierto, pues siempre existirán fortalezas en algunos Estados y debilidades en otros. Del concepto antes expuesto queda claro que la nación antecede al Estado, que la nación se gesta por asociación de personas con rasgos similares y que el Estado es una organización social más heterogénea y compleja que la que configura una nación.
Desde otro ángulo de vista, los Estados pueden optar por formas de organización no idénticas, en unos casos el gobierno se concentra en un grupo que detenta el poder, en cuyo caso existe los llamados Estados absolutos, en contraposición a los Estados constitucionales, en el cual el poder se reparte y distribuye en varios órganos, este es el caso de los Estados democráticos con una clara división de poderes o funciones, que es aquel modelo de organización que se fue gestando históricamente en Inglaterra, a partir de la Carta Magna expendida por Juan sin Tierra en 1215, que fue progresivamente evolucionando con instrumentos como el “Bill of Rights” o Declaración de Derechos de 1689 producido en la misma Inglaterra, forma de organización democrática que a nivel universal se consolida con el triunfo de la Revolución Francesa de 1789, que es en mi opinión el más trascendente proceso transformador que ha vivido la humanidad, como resultado de lo cual la Asamblea Legislativa Francesa instituye la existencia de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial, recogiendo el planteamiento de Montesquieu, uno de los ideólogos de este proceso revolucionario, quien planteó que para que se viva una auténtica y real democracia debe existir un sistema de gobierno donde se establezcan pesos y contrapesos en el ejercicio del poder, se consagraron derechos y garantías fundamentales de las personas con lo cual se buscó evitar de esa forma los abusos y excesos en que normalmente incurren los modelos absolutos de gobierno, que fueron los que caracterizaron a las antiguas monarquías medioevales contra las que insurgieron los revolucionarios franceses, como aquella que personificó, a manera de ejemplo, el Rey de Francia Luis XIV con su teoría el “Estado soy yo” o con su tesis prepotente del “apres moi le deluge”, que traducido significa después de mí el diluvio, lo cual en definitiva reflejaba una absorción total y unipersonal del poder político. Estas formas de organización absoluta del Estado, cuya reproducción en el siglo XX se personifican en casos como el nazismo donde el furher o líder Adolfo Hitler, asumió de manera omnímoda el poder en Alemania, o el caso del fascismo en Italia con Benito Mussolini asumiendo todos los poderes, modelo que también se reflejó de alguna manera, en el régimen comunista de la Unión Soviética, sobre todo en la época de Stalin. En todos estos gobiernos el engreimiento o abusos en el poder los llevó a los gobernantes a cometer verdaderos genocidios, en cuanto el gobernante se creía predestinado, no admitía opiniones contrarias e imponía a la fuerza sus creencias, que las elevaba a la categoría de dogmas fundamentalistas, lo cual los desvió a extremos de asesinar o encarcelar a sus adversarios por disentir con sus ideas o formas de concebir el ejercicio del gobierno, que en síntesis eran irreflexivamente autoritarios.

Del relato de circunstancias y personajes antes efectuado es necesario resaltar el surgimiento del modelo de organización del Estado a través de un sistema de división de poderes que da origen a la llamada democracia representativa, cuya vigencia está tratando de ser sustituida en los regímenes contemporáneos por una democracia más participativa, que incorpore una mayor participación de los sectores de la sociedad civil organizada, que consideran con justificadas razones que al desarrollo de un país concurren o contribuyen el conjunto de la sociedad integrado por los diferentes sectores o segmentos sociales y aquello necesita ser reconocido, al no hacerlo, el grupo que ejerce el poder absorbe arbitrariamente atribuciones que no le competen o corresponden desvinculándose o distanciándose del colectivo social.

De acuerdo al tema propuesto y a lo anteriormente descrito, si la Nación se forma a partir de elementos comunes que son afines a las personas que integran una sociedad, no cabe duda que es esa afinidad la que confiere identidad a una determinada nación o nacionalidad frente a los demás países o naciones que conforman el conglomerado mundial, pero aquello vuelve indispensable una reflexión o interrogante, todos los países se constituyen o existen a partir de nacionalidades uniformes y homogéneas y la respuesta obviamente es que no siempre los Estados han sido formados a base de nacionalidades únicas, un típico ejemplo sería el caso de Suiza que tiene tres nacionalidades claramente diversas: alemana, francesa e italiana, a lo que une una cuarta nacionalidad que es la llamada región romanche, España también tiene nacionalidades que se consideran diversas: la castellana, la catalana, la vasca, y hay quienes le agregan una cuarta que sería la gallega, en resumen no siempre un Estado o país tiene como factor inherente a su formación una nación armónica y homogénea.

Establecida de la manera más resumida posible lo que histórica y socialmente es una nación, su diferencia aunque algo sutil y a veces poco tangible con lo que son los Estados contemporáneos, nos interesa determinar si el Ecuador es poseedor de una nacionalidad que lo identifique, y debemos comenzar que por propia definición de nuestra Constitución, el Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, es decir no existe desde un punto de vista sociológico o antropológico, una nación homogénea que ayude a unificar a sus habitantes, y que como consecuencia de aquello el país sea poseedor de una identidad cultural única claramente identificable que lo vuelva socialmente unitario, lo cual queda demostrado cuando la misma Constitución recoge en su texto el hecho real que las comunidades indígenas se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, a lo que se añade el reconocimiento de los llamados pueblos afroecuatorianos y se encuentra propuesto para el texto de nueva Constitución, que se reconozca identidad especial a los pueblos cholos y montubios de la Costa, lo cual revela una incuestionable diversidad étnico-cultural y en estricto apego a la doctrina de la ciencia política la inexistencia de una nación realmente uniforme u homogénea.

De las anotaciones antes reseñadas se vuelve necesario dejar precisado que el Ecuador es un Estado que se fue forjando a través de un proceso histórico que ha ido configurando su identidad como país y nación, ese proceso para situarlo en un contexto real y objetivo, debe partir de la existencia del llamado Reino de Quito formado básicamente por la tribu de los Shirys, que habitaron lo que actualmente es el centro y norte de la sierra, siendo conveniente resaltar que el territorio del reino de Quito no abarcó las distintas regiones geográficas del país, pero en todo caso y esto merece destacarse, en la construcción de la nación ecuatoriana, la contribución dada en las luchas libradas entre las tendencias expansionistas de los incas y la resistencia de los líderes quiteños encabezados por Rumiñahui y Atahualpa, fueron edificando un espacio que posteriormente serviría para que la corona española representada por los reyes de España, creara en el siglo XVI la Real Audiencia de Quito, que se convirtió en una organización social establecida en un territorio enclavado entre los territorios de los Virreinatos de Nueva Granada y Lima, que por ende tenían mayor poder político, pues hay que admitir que una Real Audiencia como unidad política-administrativa es de inferior jerarquía a la que tenía un Virreinato, circunstancia que de hecho provocó una fragilidad de la integridad territorial del entonces Reino o Real Audiencia de Quito, que despertó el apetito de nuestros vecinos (países) que han incrementado su extensión territorial a costa de mermar el antiguo territorio del Ecuador, que ha quedado ostensiblemente reducido por sucesivos acuerdos o tratados limítrofes que no es del caso reseñarlos, pero que sí es necesario relievar mantuvieron al país en permanente vigilia en defensa de su soberanía, para evitar desenfrenadas desmembraciones de su heredad territorial que de hecho han acontecido pero que no han logrado desaparecernos como país soberano.

Producida la independencia del Ecuador de España gracias a las gestas del 9 de Octubre guayaquileño de 1820, a lo que sumó el inmediato apoyo de Manabí entre el 15, 18 y 23 de Octubre y de Cuenca y Loja el 3 y 18 de Noviembre de ese mismo año, fueron las que posibilitaron la independencia total de lo que hoy es el Ecuador cuando se logró rescatar a Quito del coloniaje español el 24 de mayo de 1822, independencia obtenida gracias a la espada libertaria de Bolívar y la colaboración de su gran Mariscal y colaborador Antonio José de Sucre. El espíritu integracionista de Bolívar, nos hizo formar parte como país recién independizado de la Gran Colombia, al cual se lo denominó en aquel entonces como Estado del Sur, hecho que se mantuvo hasta que en 1830 nos constituimos como Estado libre, independiente y soberano, bajo la forma de gobierno republicano y democrático, según consta de nuestra Primera Constitución Política de 1830, que es la que nos constituye y organiza como Estado, las demás Constituciones que ya suman 19 sólo han sido expedidas para reconstituirnos como país o Estado, que es lo que está haciendo o hará la actual Asamblea Constituyente, que todo el Ecuador aspira acierte con una ley fundamental que nos dé estabilidad política y sepultemos para siempre el columpiarnos subsistiendo entre dictaduras militares y gobiernos civiles inestables, por ello se anhela que ojalá se entienda el verdadero reto que tiene la actual Asamblea Constituyente y tengamos una Constitución de un Ecuador renovado en tesis y actitudes para el presente siglo XXI, cuyos paradigmas todavía están en proceso de construcción.

De la muy sucinta narración de los más notables antecedentes históricos de nuestra patria no existe duda de que somos un Estado con identidad nacional frente a la comunidad internacional, pero hay algo que nos impone a todos contribuir en homenaje a la necesidad de fortalecer nuestro país, el que nos detengamos a meditar para conocernos mejor, para entendernos bien en nuestra condición de nación o país, que lamentablemente el Ecuador no ha tenido una estable división política territorial, y eso nos debilita como país soberano. En efecto, cuando todavía estábamos integrados o formábamos parte de la Gran Colombia, inmediatamente después de haber logrado la independencia de España, el Congreso reunido en Angostura en 1824, estableció una división política administrativa con siete provincias continentales y la región insular de Galápagos, aquella sin duda era una división administrativa y política equilibrada en razón de la realidad nacional, pero el fundador de nuestra patria el Libertador Simón Bolívar, advirtió que las diferencias regionales y étnico-culturales eran mucho más profundas de lo que parecían, y optó por dividir política, administrativa y territorialmente al país, en tres Departamentos: Norte o Sierra, Sur o Costa y el del Austro, lo cual buscaba reflejar a inicios de nuestra vida como Estado independiente, un mejor, más objetivo e integrador ordenamiento territorial del gobierno del naciente Estado, aunque recalcamos aquello haya reducido de 8 a 3 las regiones del país.

Las históricas, continuas y recurrentes diferencias étnico-culturales hicieron que la segunda Asamblea Constituyente que tuvo el país en 1835, regresara a la división política-administrativa del Congreso de Angostura, es decir una división en siete provincias continentales y la insular, las enumero: Pichincha, Guayas, Manabí, Chimborazo, Imbabura, Azuay, Loja y Galápagos, esa división se mantuvo durante un siglo, luego vinieron pedidos de creación de nuevas unidades territoriales o provinciales como gobiernos intermedios, sobre todo a partir de la Asamblea Constituyente de 1929 que se reunió después de la Revolución Juliana de 1925 que creó los súper organismos del Estado de manejo y control de los grandes recursos o intereses nacionales, así surgieron la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central del Ecuador, el Seguro Social, entre otros altos órganos de control y manejo de políticas o actividades del Estado, pero es conveniente resaltar que así como se crearon estos organismos de carácter central, también se crearon en la Constituyente en 1929 como gobiernos intermedios entre los gobiernos típicamente locales como son los ayuntamientos municipales heredados de España y el gobierno central, los Consejos Provinciales, que nacen como organismos autónomos con jurisdicción sobre unidades territoriales como son las provincias, es decir no obstante la tendencia centralista que caracterizó la llamada Revolución Juliana liderada por los Coroneles de las Fuerzas Armadas, se entendió la necesidad de sensibilizar un exagerado ejercicio centralizado del poder y a ello obedece la creación de los Consejos Provinciales que subsisten hasta la presente fecha.

La cita de este hecho histórico tiene actual connotación cuando está lanzada en el país la necesidad de ir hacia un nuevo ordenamiento territorial del poder, lo cual vuelve a este tema como el de mayor relevancia e importancia nacional en las actuales circunstancias políticas, sociales y económicas. No se trata de un planteamiento inédito, mediático o casual, hay que recordar que Guayaquil como pionera de la independencia de lo que hoy es el Ecuador después de la proclama del 9 de Octubre de 1820, al ser consultados sus ciudadanos, votaron por un Guayaquil independiente que no se sentía ligado por nexos históricos ni culturales al Reino de Quito, aquello explica que en el siglo XIX circule en Guayaquil el semanario “El Federalista” cuyo editor era Don Emilio Estrada Cardona, incluso en Quito en similar época el inglés Francisco Hall que fue luego asesinado, proponía la instalación de un régimen federal en el Ecuador, a lo que habría que añadir que Loja en 1859 se declaró Estado federal independiente y nombró como su Jefe de Gobierno a Manuel Carrión Pinzano, igual sucedió con Cuenca en que uno de sus legisladores vitalicios Benigno Malo Valdivieso, proponía la necesidad de instaurar un régimen federal en el Ecuador, todo aquello explica el rebrote de una tendencia de ir hacia un régimen de autonomías como lo propusieron en Consultas Populares las provincias del Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Sucumbíos, entre los recientes años 1999 y 2000. Todos estos antecedentes vividos por el país ameritan el más serio y detenido debate y la necesidad imperiosa de ir hacia un nuevo reordenamiento territorial del poder en el Ecuador.

Como lo hemos analizado anteriormente y esa es la razón de habernos detenido en la explicación de cómo surgieron las Naciones y luego los Estados, es que no existe objeción a la importancia que tiene el territorio como elemento de indiscutible gravitación en la construcción de una nacionalidad, el territorio es en consecuencia mucho más que un espacio físico, es el sitio o localidad donde se convocan grupos humanos identificados por elementos que le son comunes, historia, cultura, etnia, tradiciones, formas de ser y vivir, aquello explica que el vínculo más fuerte que existe para una persona es el de su nacionalidad, entendida esta como la identificación existente entre una persona y una determinada unidad territorial que como lo dijimos al inicio de este comentario, puede ser grande o pequeña, (parroquia, cantón, provincia, país) eso explica porque el Ecuador como país que se reconoce como multiétnico ha debido admitir la existencia de circunscripciones territoriales como la de los territorios indígenas y afroecuatorianos, a lo que hay que agregar la condición especial que reclama la región amazónica y la región insular de Galápagos, lo cual vuelve inaplazable que el Ecuador estructure una organización territorial política y administrativa sólida, que tome en consideración los antecedentes históricos y las realidades existentes antes señaladas.

Nadie discute que vivimos una época de marcada globalización, o en definición más apropiada, es incuestionable que el mundo es cada vez más internacionalizado e interdependiente, se tiene que actuar pensando en función de esa realidad mundial, los espectaculares avances tecnológicos sobre todo en materia de comunicaciones nos han convertido en ciudadanos del mundo, ya no es extraño a nadie lo que sucede en cualquier lugar del planeta, cualquier suceso se lo conoce y se lo puede ver al instante en que sucede a través de medios audiovisuales, el internet nos posibilita contactarnos con habitantes de las más lejanas latitudes de la tierra, la información fluye con asombrosa velocidad, se están incorporando procesos educativos virtuales, la caída del muro de Berlín, que mientras existía dividía al mundo en Este y Oeste, ya es parte de los libros de historia, el auge del petróleo y del terrorismo con la industria del secuestro incluida, son signos de nuestros tiempos, el tráfico de drogas es uno de los negocios más lucrativos y sucios del mundo actual, el tráfico de armas sigue siendo factor de enorme influencia en la economía mundial, la industria automotriz no se detiene y comienza a congestionar la transportación en las medianas y grandes urbes, no hay duda, la geopolítica mundial se remeció, los países más poblados de la tierra China e India, han crecido vertiginosamente en el mercado internacional, hoy son dos grandes potencias, los países petroleros del medio oriente junto con México y Venezuela en América Latina, mueven cuantiosos recursos y gravitan poderosamente en la economía mundial, Rusia y Japón siguen siendo emporios de poder político y económico, ese escenario nos envía un mensaje, hay que pensar con mentalidad internacional, pero para ser parte de ese mundo internacionalizado no podemos limitarnos a mirar pasar el tren de la historia y contemplar con análisis o discursos, lo que está pasando, nos queda una opción, no hay otra, debemos fortalecernos internamente, nacionalmente, para ser parte de ese mundo, lo otro es contribuir a lo que si hemos contribuido, que es a desencantar a amplios sectores de escasos recursos económicos y obligarlos a penosas migraciones por falta de oportunidades que les ofrezca el país.

Qué hacer es la espontánea pregunta, cómo hacerlo con acierto complementa la pregunta. Sostenemos que ninguna conclusión puede aproximarse al acierto sino partimos de la máxima socrática, “conócete a ti mismo”. En el caso del Ecuador hemos afirmado en líneas anteriores que somos un país diverso, con elementos étnicos, culturales, geográficos e incluso climáticos, que difieren de una región a otra, esa es la primordial e innegable característica del Ecuador, pero al mismo tiempo su diversidad es su mayor riqueza. Si esa es la innegable realidad del país, se vuelve indispensable que a partir de reconocer aquella incuestionable diversidad, se procure establecer un nuevo ordenamiento territorial del poder que recoja esa realidad, tesis que afortunadamente cuenta actualmente con la comprensión de los más amplios sectores nacionales.

Cómo acertar en una justa, armónica y concertada división política administrativa del Estado, que responda a sus naturales e históricas realidades territoriales, cuidando no exasperar controversias y no fisurar la unidad nacional, ese es el reto, para que ello ocurra es necesario, buscar por la vía del acuerdo definir un ejercicio descentralizado o desconcentrado del poder político en el Ecuador. En esa línea de acción han surgido últimamente en el país dos planteamientos, el uno, que las regiones autónomas nazcan de la libre decisión de los ciudadanos y ciudadanas, lo cual cuenta en su haber con un acentuado vínculo entre el habitante y su provincia, o la otra alternativa, que sería la de formar regiones a partir de la integración de provincias.

Ambos planteamientos en el fondo no se contraponen, por lo que el elemento a debatir que nos conduzca a encontrar la vía que obtenga el mayor consenso nacional es el de optar por la voluntariedad o la imposición de una u otra tesis, en esa disyuntiva sostengo enfáticamente que un proceso de ordenamiento territorial no puede ser compulsivo, tiene que ser voluntario, la tesis de la imposición que está tratando de plantear la actual Secretaria Nacional de Planificación lejos de contribuir en el avance de una descentralización política que es lo que desea el país y no solamente administrativa como la que consagra la actual Constitución vigente, traería como resultado dilatar cualquier intento de avanzar en un nuevo ordenamiento territorial del poder e inversamente ir a un proceso de recentralización del ejercicio del poder, desbaratando todos los todavía tibios avances que al menos en materia de descentralización administrativa ha tenido el Ecuador en los últimos años.

Me permito para orientar el criterio que mantengo como propuesta desde hace muchos años, cuando coordiné y asesoré al Consejo Provincial de Manabí en el planteamiento que hicimos como provincia de Manabí para ir a un régimen de autonomías similar al que tiene España, que el proceso debe comenzar por definir como lo define sin dualidades la propuesta hecha por la Comisión de Juristas del Consejo Nacional de Educación Superior, en cuyo Art. 1 del proyecto de Constitución se propone que el gobierno del Estado se lo ejercerá a través de un régimen de autonomías con lo cual se termina con el tradicional modelo de Estado unitario y centralista que ha venido rigiendo en el país desde inicios de la vida republicana.

Partiendo de la división territorial existente y las varias veces mencionada diversidad étnico-cultural, la Comisión propone que las provincias que tengan más de un millón de habitantes puedan por su propia voluntad constituir regiones autónomas, regiones que tendrán la facultad de expedir su propio Estatuto, que estará sometido a una ley de régimen autonómico que deberá expedir el Congreso Nacional, que la referida Comisión sugiere nazca de la iniciativa del Presidente de la República, pero en la eventualidad que no lo haga en el plazo de un año, la iniciativa legislativa se traslade al Consorcio de Consejos Provinciales. En la propuesta que refiero las provincias con menos de un millón de habitantes podrán unirse (sin exigirse en esa unión que tenga el millón de habitantes) para que adquieran la condición de regiones autónomas, en este escenario conozco las provincias amazónicas están dispuestas a unirse y formar las seis una región, y las provincias del centro del país como Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, tienen avances en sus deseos de unirse, Los Ríos y Bolívar mantienen conversaciones sobre esta posibilidad, y no creo sería difícil se unan las provincias del Norte como Imbabura, Carchi y a lo mejor Esmeraldas (aunque esta última pudiera integrarse con Manabí como ya lo estuvo en el siglo pasado), en la región austral y El Oro tendrán que buscar vías para su unidad, que podrá ser en dos regiones, es decir hay que promover la propuesta, lo que no se puede a pretexto de cambiar la actual división política administrativa de manejo centralizado que tiene el país, es imponer una división horizontalizada del territorio nacional para pretender integrar Costa, Sierra y Oriente, aquello generaría grandes resistencias y lejos de contribuir bloquearía el avance de la descentralización política como ya lo advertí en líneas anteriores.

Cuál es el argumento para que las actualmente 24 provincias no puedan constituir gobiernos intermedios autónomos, la objeción que se hace es que existiría en ese caso un excesivo fraccionamiento del poder, lo cual tiene sentido, por ello se tendrá que agotar esfuerzos por tratar de restablecer lo que fue la primera división territorial que tuvo el país adoptada en el Congreso de Angostura, incorporando a esa división realidades actuales, como el caso de las provincias amazónicas que reclaman identidad propia como en efecto la tienen, pero que en aquel entonces formaban parte de las provincias de la Sierra o del Austro.

Es necesario dejar puntualizado finalmente que no es lo más aconsejable un cambio intempestivo en la administración tributaria, si se consideran los importantes logros que en este campo ha logrado el Servicio de Rentas Internas, por lo que habría que trabajar como lo sugiere la Comisión del CONESUP, con un aumento en la participación presupuestaria del 15 al 25% del total de ingresos que tiene el Presupuesto General del Estado, a favor de los gobiernos seccionales autónomos (municipios y consejos provinciales o regionales) hasta que por el progresivo avance de transferencias de competencias y recursos se llegue a un 50% del Presupuesto del Estado (como lo tiene Alemania), transferencias que tienen que ser manejadas con mucha prudencia, para evitar un excesivo crecimiento burocrático que pudieran realizar los nuevos gobiernos regionales autónomos, que tendrán como ya lo expresé, la posibilidad de organizarse con entera libertad a través de su propio Estatuto, el que elijan popularmente como máxima autoridad a un Gobernador y que el Estado Central le vaya trasladando facultades legislativas en ciertas materias incluso del ámbito tributario.

Ecuador necesita construir una alma nacional como la que impulsó Alfaro en el siglo pasado, esa es su principal deuda histórica, su pequeña extensión territorial no lo favorece para ir hacia un régimen federado de gobierno, pero el régimen de autonomías adoptado por España, que es una forma alternativa de un régimen federal, es sin duda una buena opción y en consecuencia es la que debe adoptar el Ecuador, sino quiere seguir alentando divisiones y resentimientos por el manejo centralizado del poder político. Concluyo con una afirmación, los países que tienen gobiernos federales lograron una mejor calidad de vida que los que no han adoptado este modelo de gestión del Estado.