jueves, 3 de mayo de 2007

"LA VIABILIDAD DE LAS AUTONOMÍAS EN EL ECUADOR:



Sin duda alguna el establecimiento de un régimen de autonomías como uno de los instrumentos más eficaces, y para mí indispensable, para la modernización del país, es absolutamente viable en la medida que exista la voluntad política, sobre todo a nivel de Presidencia de la República y Congreso Nacional, para impulsar el proyecto. Hago una precisión, para que la propuesta tenga los resultados deseados, es también indispensable entender, que un régimen de autonomías debe ser por su esencia y naturaleza fruto de amplios consensos entre los distintos sectores de la sociedad. Por lo que se vuelve imperioso abrir un amplio diálogo y debate nacional que posibilite la concertación o pacto social antes señalado, en este aspecto es justo reconocer y recordar que el ex presidente Dr. Jamil Mahuad fue sensible y estuvo acertado, en la conformación de una muy plural y representativa Comisión de Autonomías, Descentralización y Circunscripciones Territoriales que comenzó a desbrozar el camino con el apoyo logístico del CONAM para la implementación de las autonomías, lo cual iba a permitir a futuro lograr acuerdos e ir aplicándola progresivamente, porque tampoco el régimen de autonomías puede ser establecido compulsivamente, sino que requiere de un proceso previo en el que se vayan cumpliendo etapas y dando los pasos adecuados hasta concretar su vigencia real, que para el caso del Ecuador, es también una inexcusable deuda histórica de su vida como República.
Al sostener la importancia y la inaplazable necesidad de implementar un régimen de autonomías en el Ecuador, lo afirmo, porque es la única vía que en el fondo permitiría un cambio democrático estructural. El actual modelo de administración del Estado ecuatoriano es obsoleto, injusto y promueve el clientelismo y absolutismo politiquero, en resumen está colapsado. El cambio hacia las autonomías comienza por reconocer que la verdadera riqueza del Ecuador es su diversidad, diversidad que es la que ha llevado a los países que han implementado este tipo de regímenes (Suiza y España como los más notables), justamente a romper desigualdades y desencuentros en razón de inequitativos tratamientos de problemas comunes que no pueden ser resueltos por visiones lejanas desde el centro del poder, sino a partir de propuestas de la localidad que las sufre, lo contrario es dar paso a la marginalidad. Esas desigualdades y desencuentros sólo es posible vencerlos en la medida que el ciudadano se sienta y sea actor responsable del desarrollo y bienestar de la comunidad local o regional a la que se pertenece. Agrego, en un Estado moderno es urgente dinamizar la gestión del sector público como la mejor vía para buscar respuestas a los crecientes problemas que soporta el mundo actual, en el que desde el punto de vista socieconómico las necesidades desbordan la capacidad de acción de la sociedad, pues mientras los seres humanos y sus necesidades crecen en progresión geométrica la producción crece en progresión aritmética según indiscutible y antiguo axioma económico, nunca desmentido. Un Estado moderno exige una activa participación de la sociedad civil y esa participación sólo es posible a través de regímenes profundamente descentralizados y es justamente a esa posibilidad de participación ciudadana que apunta la instauración de un régimen de autonomías.
Preciso algo más en defensa de la tesis: el actual modelo de administración del Estado ecuatoriano es un modelo indefinido que se refleja en un gobierno central que aparece dadivoso entregando asignaciones de una manera absolutamente discrecional con propósitos básicamente electorales y demagógicos, pero ese mismo Estado se vuelve excesivamente arbitrario e irrespeta el derecho y dignidad del ciudadano, cuando determinado funcionario establece trabas para el normal y legítimo desenvolvimiento de las actividades ciudadanas, para terminar siendo un Estado que fomenta privilegios concediendo ayudas en función de influencias políticas o económicas, con lo cual otorga un tratamiento desigual al conjunto de la sociedad. En un régimen de autonomías el Estado asumiría el rol que realmente le corresponde: como un ente regulador a través de leyes de carácter general y/o nacional que establezcan reglas claras de derechos y deberes y desburocraticen la administración pública, como ente que arbitre controversias interpersonales o entre las personas y la sociedad y finalmente un Estado que en lugar de entorpecer facilite una ágil producción de bienes y servicios y su circulación entre todos los ciudadanos que habitan el país, aumentando la capacidad de demanda de la población lo cual es económicamente beneficioso y socialmente indispensable.
Finalmente se debe aclarar que la autonomía como tesis no es un fin, es un medio, un instrumento de redistribución de la riqueza que posibilite la justicia social dándole a cada región y a sus habitantes lo que les corresponde, para lo cual debe facultarse a cada provincia o mancomunidad de provincias que se integre voluntariamente como región, (como efectivamente comenzó a suceder a partir del planteamiento de esta propuesta), el que puedan elegir su gobierno provincial o regional que contemple el Estatuto autonómico, desapareciendo en consecuencia la autoridad dependiente del poder ejecutivo que actualmente son el Gobernador y funcionarios de tercer o cuarto nivel sin capacidad de decisión o gestión alguna. Paralelamente en el plano tributario, debe entregársele a los gobiernos autónomos potestades para recaudar directamente los tributos que generan estableciendo para ello a nivel nacional parámetros equitativos de distribución que sugiero sean: a) contribución al Producto Interno Bruto que es mucho más justo y mucho más real económicamente que medirlo a través de la recaudación tributaria, pues no siempre se recauda el tributo donde este se genera, adicionalmente aquello estimula la producción; b) distribuyendo lo recaudado a nivel nacional de acuerdo al número de habitantes de cada provincia o región, lo cual es igualitario; c) entregando lo recaudado nacionalmente en partes iguales para que las provincias más deprimidas económicamente puedan tener posibilidades de solucionar sus problemas, lo cual es solidario; y, d) podría considerarse como cuarto parámetro la extensión territorial como lo ha propuesto el Consorcio de Consejos Provinciales. Evidentemente se debería ir puliendo mecanismos que permitan a cada provincia recaudar sus propios tributos para evitar la molestosa travesía de recaudación centralizada, que luego regresa a la provincia o región vía transferencias. Para aplicar lo sugerido se utilizaría el criterio de crear dos cuentas: una nacional y una provincial, como lo tiene por ejemplo Alemania, donde el 50% de la recaudación local queda en beneficio del gobierno federado y el 50% se transfiere al gobierno central, con ello se mejora inclusive la recaudación tributaria pues se sentiría el estímulo de pagar o recaudar más en beneficio de la propia comunidad, ya que el régimen de autonomías tiene la virtud de acercar en definitiva el poder al ciudadano y también lo acerca a conocer mejor el destino de su contribución a la comunidad.
Lo antes resumido son en síntesis, los límites y alcances de un régimen de autonomías.

Junio 14-2002


1 comentario:

Diego dijo...

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