PROPUESTA HACIA UNA AUTONOMÍA PROVINCIAL (Declaración de Manabí)

COMITÉ CÍVICO INTERINSTITUCIONAL

“PRO AUTONOMÍA DE MANABÍ”
Portoviejo, agosto 23 de 1999

Señores: Dr. Jamil Mahuad W.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

lng. Juan José Pons
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL Y H. LEGISLADORES

Dr. Héctor Romero Parducci
PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Quito.-

Las instituciones públicas, organizaciones sociales y entidades privadas de carácter provincial de Manabí, se han venido reuniendo sucesivamente para analizar la profunda crisis que afecta al país y que evidentemente es mucho más notoria en provincias marginadas como Manabí. En esta incuestionable realidad. Las entidades manabitas a través de sus personeros coinciden que el Ecuador no podrá dar un solo paso adelante hacia el nuevo siglo si no se entiende que debe reencontrarse como país establecer su identidad nacional y ello sólo será posible a partir de un proceso ágil y decidido de muy clara descentralización administrativa, pues pensamos que en una modernización del Estado, la primera de las acciones a efectuarse es la de descentralizar la administración pública, que vuelva menos inequitativa, menos arbitraria y mucho más eficiente la gestión de las instituciones de servicio público y facilite la actividad de las empresas particulares. En este contexto de la actual situación nacional, Manabí plantea al país la necesidad de impulsar un proceso de autonomías provinciales, que debe reconocer el legítimo derecho de las veintidós provincias que actualmente integran el territorio ecuatoriano, de planificar, administrar su propio desarrollo y procurar el bienestar de sus habitantes, para ello hay que avanzar en un proceso de concertación nacional y esa concertación requiere una primera expresión de voluntad política del Sr. Presidente de la República, que de cumplimiento al Artículo 7 de la Ley de Modernización del Estado y a lo que ya dispone la Ley de Descentralización Administrativa y Participación Social que permita ir desconcentrando el ejercicio del poder político, hasta llegar a un régimen de autonomías de las provincias, las que podrían posteriormente asociarse voluntariamente en razón de comunes proyectos e interés que vuelvan conveniente una integración socio-económica e inclusive político administrativa.
Nuestra propuesta nace de un indiscutible y objetivo análisis histórico, que nos permite sostener que el Ecuador es un país con una evidente diversidad étnico-cultural, lo que legitima el pedido y aspiración de las comunidades sobre todo campesinas, de que se les permita cierto manejo autorregulable de sus actividades. Por lo antes expuesto y de manera muy puntual y concreta; Manabí formula al país su planteamiento de ser considerada a futuro como provincia autónoma, para cuyo electo propone lo siguiente:
1. Que se reforme la Constitución y, en sustitución de los Consejos Provinciales se creen Consejos de Desarrollo Provincial, que estén presididos por un Gobernador o Prefecto elegido popularmente en cada provincia. Este Consejo de Desarrollo Provincial estará conformado por los Alcaldes de los diversos Cantones y los Representantes de instituciones que actualmente conforman el Comité de Desarrollo Provincial.
2. El que los tributos como el impuesto al IVA, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto a las operaciones de créditos, el impuesto a la matriculación de vehículos, las utilidades que se obtengan en cada provincia en la venta de derivados de combustibles, entre otros, sean recaudados directamente y distribuidos por el Consejo de Desarrollo Provincial, en base a parámetros claramente determinados que consagren la igualdad y solidaridad y sean repartidos entre los distintos Cantones o localidades de la Provincia, dejando precisado en este punto, que lo que se recaude por impuesto al consumo sea entregado a la provincia donde se produce el consumo y origina el tributo. Que asimismo, todo aquello que signifiquen tasas por servicios prestados dentro de la jurisdicción provincial, incluyendo concesiones de vía pública, tasas por peaje y otras establecidas en las leyes de régimen provincial y municipal, sean recaudados también por el Consejo de Desarrollo Provincial y distribuidos con igual criterio que los impuestos al consumo, debiendo dotarse para estos efectos de capacidad legislativa al máximo organismo de carácter provincial en su condición de gobierno intermedio entre el gobierno central y los gobiernos seccionales o locales.
3. Los ingresos que perciba el Estado por aranceles aduaneros a las importaciones, impuesto a la renta, incluyendo la generación de ingresos por la exportación de petróleo y otros que perciba el país por exportación de productos exportables se distribuyan en base a tres parámetros: a) Contribución de la provincia al Producto Interno Bruto; b) Número de habitantes; e) Necesidades básicas insatisfechas. Con ésta fórmula habrá una más igualitaria y justa distribución de la riqueza nacional y se estimulará al mismo tiempo una mayor producción.
La recaudación de estos ingresos se los podría dividir en partes iguales (50% para gastos del Estado para cumplir sus obligaciones y 50% ingresaría directamente a una Caja de Gobiernos Autónomos).
4. Se reactive el aparato productivo del país por la vía de facilitar créditos a los pequeños y medianos productores que en el caso de Manabí ha tenido una gran influencia histórica en la producción nacional por su acentuada vocación agrícola y pesquera. Creemos conveniente el restablecimiento de líneas de créditos bajo regulaciones del Banco Central, que favorezca a los indicados sectores con plazos, intereses y condiciones que respondan a la rentabilidad de sus actividades, pues la llamada “banca de segundo piso” ha sido perjudicial para los pequeños y medianos productores.
En este punto es indispensable reflexionar y así lo consideró la Asamblea de instituciones manabitas, que de los factores que más contribuyen a una muy mala distribución de la riqueza en el país es la excluyente y desigual distribución del crédito que se concentra en grandes empresas y en pocos grupos de poder político y económico de las grandes urbes como son Quito y Guayaquil. Desgraciadamente Manabí ha sido castigada en las tres últimas décadas pues antes recibía algún tipo de ayuda crediticia a través del Banco de Fomento y del propio Banco Central.
5. Proponer que el pago de la deuda externa se haga en forma proporcional de acuerdo a la inversión que se ha realizado en cada provincia del país. No es justo que el pago de esta deuda que tanto está influyendo en la vida y bienestar de los ecuatorianos, sea pagada por igual por quienes nada o muy poco han recibido de los créditos externos que no siempre fueron bien priorizados y utilizados por los funcionarios del Estado Ecuatoriano al contratarlos u obtenerlos. Consideramos también inaplazable solicitar una reestructuración de esta deuda que castigue a los acreedores especuladores con lo cual se operaría una disminución de su monto y su amortización. Alternativamente se podría destinar una parte de los ingresos por exportación de petróleo al pago de esta deuda onerosa para el Fisco.
6. Para un eficaz ejercicio de la autonomía es imperioso redefinir la elección y conformación de los entes seccionales. Consideramos que cada Cantón debe tener un Alcalde elegido por votación popular, directa y secreta, pero estimamos concomitantemente que los Concejos Cantonales deben ser reemplazados por Asambleas Cantonales que tengan la potestad de legislar en materia de ordenanzas locales, pero esos asambleístas municipales deben elegirse por distritos electorales de los distintos sectores urbanos y rurales considerando un determinado número de habitantes del Cantón que será fijado por el Consejo de Desarrollo Provincial o por una Ley que se dicte a nivel nacional. De esa manera se volverá mucho menos politizado el manejo de los Municipios, para que se conviertan en los organismos rectores del desarrollo de sus respectivas comunidades y no sirvan como Comités electorales de futuras campañas de los partidos políticos que lo controlan. Igual criterio debe adoptarse y en ello también es imprescindible una reforma constitucional, que la elección de legisladores nacionales y provinciales (que integren el Congreso Nacional y el Consejo de Desarrollo Provincial) sean elegidos por distritos electorales. Sin duda los Municipios son por historia y por derecho las instituciones llamadas a cumplir el rol de ejes de la descentralización del Estado, siendo también pertinente que se adopte la tesis que tiene establecida la Provincia de Córdova en la República de Argentina, mediante la cual el 10% de los presupuestos municipales son entregados para que sigan administrados directamente por las propias comunidades barriales o de recintos fomentando un sólido espíritu comunitario en la base de la pirámide social.
7. Paralelamente a la descentralización deben crearse Comités de Control Cívico de la Corrupción Provincial e inclusive Cantonales y Parroquiales, para ello sugerimos que esos comités estén integrados por un representante de los Medios de Comunicación Social, un representante de la Asociación de los derechos Humanos de cada provincia, una representante de las Asociadas Femeninas de cada provincia, un representante de Las Cámaras de la Producción de la provincia, un representante de los sectores laborales de la provincia, un representante de las Universidades y escuelas Politécnicas, un representante de los Colegios de Profesionales, un representante de las organizaciones barriales y de recintos, con lo cual se persigue un mejor y más ético y transparente uso de recursos públicos.
8. Los manabitas estamos concientes que la primera premisa para un buen desarrollo provincial o regional es que aquello sólo será posible en la medida que las instituciones locales sean eficientes y responsables en una justa recaudación de tributos y en el buen empleo de los mismos, con lo cual se contribuirá a desactivar aquella mentalidad de seguir creyendo en un paternalismo estatal cuyo modelo está agolado en el Estado Moderno.
9. Es urgente que las instituciones de control y de crédito del Estado como el caso de Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Banco del Estado, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Telecomunicaciones, Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco de Fomento (si subsiste), desconcentren totalmente sus decisiones administrativas, que permita que las oficinas de carácter provincial tengan las facultades más amplias, que viabilicen una ágil gestión de estos organismos y de los entes seccionales en la ejecución de acciones u obras orientadas a favorecer el bien común, debiendo resaltar que aquello ya lo dispone el Artículo 29 de la Ley de Descentralización y participación social en actual vigencia.
Urge también una total descentralización del IESS cuya acción como institución es clave en el bienestar social de los ecuatorianos.
10. Que la Dirección Nacional de Aviación Civil decida de una manera puntual y concreta declarar al Aeropuerto de Manta como Aeropuerto Internacional alterno del Aeropuerto de Guayaquil y al mismo tiempo solicitar frecuencias aéreas sobre todo para la exportación de productos de fácil descomposición como pesca. Asimismo que la Dirección de la Marina Mercante y el Consejo Nacional de puertos implemente sin dilaciones la operación como Puerto de Transferencia Internacional del Puerto de Manta.
11 - Hasta tanto se vayan implementando reformas legales y resoluciones administrativas, demandamos se apruebe en el 1-1 Congreso Nacional la creación de la Junta de Desarrollo (de la Zona Norte de Manabí, la cual se financiará con el 2% de la recaudación total que perciba el Estado por la venta de combustibles y sus derivados).
12. Encargar a la Cámara de turismo de Manabí ejecute todas las acciones pertinentes para lograr un mejor aprovechamiento de las potencialidades turísticas de Manabí dado sus ricos y variados recursos de atracción turística. Asimismo se confía al Comité Cívico Interinstitucional de Manabí que se conformó para impulsar condición de provincia autónoma de Manabí, se mantenga en sesión permanente hasta obtener la debida respuesta a los planteamientos que resumimos en esta comunicación y sus documentos anexos.
La Asamblea recomienda que con el fin de obtener un verdadero desarrollo sustentable de la provincia, se tenga en consideración la protección y preservación del medio ambiente como elemento transversal de toda acción humana en la ejecución de programas u obra pública o privada que se efectúen en jurisdicción territorial de Manabí.
Señor Presidente de la República. Señor Presidente del H. Congreso Nacional y H Legisladores. Señor Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia, es el momento de actuar en función de una impostergable unidad nacional. No existe otra manera de hacerlo que no sea mediante un desarrollo armónico y equilibrado de todas las regiones o provincias del país, la única vía que conduce a ello es el establecimiento de autonomías provinciales o regionales o una acentuada y leal descentralización administrativa, que permita a cada provincia de una manera responsable y libre impulsar su desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de sus propias colectividades. Adicionalmente a lo expresado, la única forma de lograr una auténtica democracia participativa es por conducto de una descentralización que contribuya simultáneamente a desmonopolizar ciertas actividades sobre todo en la prestación de servicios públicos y beneficiar la libre competencia como una autentica motivación y estímulo para el progreso de las diferentes comunidades que habitan el territorio nacional. No olviden que en materia de descentralización el Ecuador es también el país de mayor atraso en la región de América Latina y el Caribe.
Si algo nos dejó como herencia el más grande ecuatoriano de todos los tiempos y uno de los pocos líderes que ha tenido América Latina y El Caribe, el General manabita Eloy Alfaro Delgado, fue su lucha por la libertad de conciencia, que en su más puro y auténtico sentido y contenido, implica la posibilidad de romper con todo tipo de situaciones que frene el desarrollo de iniciativas generadoras de actividades creadoras del ser humano no se puede hablar de libertad si no respetamos el derecho de los pueblos a organizarse libremente desde la base de la sociedad y esto es lo que perseguimos al plantear ante el país la tesis de la imperiosa necesidad de establecer provincias con un régimen de autonomías, que les permita un ejercicio libre de sus actividades en la administración de sus bienes y recursos públicos sin estar sometida al temor o dependencia de criterios o disposiciones del poder centralizado. La autonomía como régimen local o regional de gobierno es una vía insustituible para crear una sociedad más justa y solidaria.
Finalmente queremos reflexionar junto a ustedes, como máximos personeros y representantes de los poderes públicos, para manifestarles que las instituciones públicas o privadas y organizaciones sociales de la Provincia de Manabí, entienden que este es un proceso que debe irse concretando progresivamente y por ello hemos mantenido el más estricto apego a una postura eminentemente cívica que no ha buscado favorecer ningún tipo de posiciones político partidistas o personales. Acompañamos un proyecto de reforma al Artículo 224 de la Constitución Política del Estado que sometemos a vuestra consideración, no obstante aquello, apoyamos toda iniciativa que provenga de cualquier bloque legislativo o de cualquier Honorable Legislador de la República, de instituciones públicas o privadas o de organizaciones de carácter social que favorezcan la descentralización o la implementación de un régimen de autonomías en el Estado ecuatoriano. Hacemos expresa reserva que en la eventualidad de no tener respuesta a nuestra propuesta en un tiempo prudencial que no puede exceder de seis meses, haremos uso de la facultad estipulada en el Artículo 106 de la Constitución Vigente, para que mediante consulta popular el pueblo manabita se pronuncie por su legítimo deseo de ser considerada como provincia autónoma, ya que como lo señala con todo acierto el analista economista Raúl Gangotena “a partir de la década de los setenta con la abundancia de los recursos fiscales generados por los ingresos petroleros, los gobiernos locales cedieron funciones por dos anchas vías la absorción por parte del gobierno central y de la propia renuncia al ejercicio local, es decir: “La abdicación”. Esta actitud Manabí no la quiere seguir manteniendo.
En la confianza de que esta postura cívica manabita sea debidamente valorada, comprendida y debatida como tesis del Ecuador moderno, que inicie su camino hacia un mejor porvenir con el advenimiento del año 2000, nos suscribimos con sentimientos de alta consideración.
Anexamos documentos que han sido analizados por las Instituciones y Organizaciones provinciales de Manabí.

Atentamente
Dr. Humberto Guillem Murillo
Prefecto Provincial de Manabí
Presidente de la Asamblea de Instituciones

Dr. Medardo Mora Solórzano
Rector Universidad Laica
“Eloy Alfaro” de Manabí
Asesor-coordinador de la Asamblea