La educación superior

No existe discusión ni duda que si algo contribuye a un desarrollo consistente y equilibrado de una sociedad es la educación. Siempre he sostenido y sostengo que sin buenos ciudadanos con conocimientos que los haga conscientes de sus derechos y responsabilidades sociales, no pueden existir posibilidades de un país que aspire a mejor calidad de vida ni al logro de un mayor bienestar colectivo, al contrario será una sociedad cuyo único destino es lo incierto.

Pero no podemos confundirnos que con el solo enunciado de educar existe un beneficio a una colectividad, la educación para que signifique un real aporte al desarrollo social, debe responder a rigores de una dualidad enseñanza-aprendizaje que permita una sólida formación integral del educando, ello nos lleva a una elemental conclusión: o existen personas bien educadas o existen personas mal educadas, aquello explica que los dos grandes ejes de la educación contemporánea, sean el de la calidad y el del aprendizaje del estudiante, lo más importante no es tanto que el profesor sepa mucho sino que el educando aprenda bastante y que la información que reciba sea de buena calidad, una educación de baja calidad desorienta y confunde, en consecuencia en nada contribuye a construir una mejor sociedad.

Pero la educación debe ser analizada en un contexto y desde esa óptica es un proceso que se inicia en el hogar, nunca fue equivocada aquella afirmación de Freud que sostenía que los cinco primeros años de vida de un ser humano son determinantes en la formación de una personalidad, etapa de la vida en la que prevalecen factores sensitivos que podrían incidir en conductas y comportamientos, futuros, por ello si en esa primera etapa influyen aspectos de orden afectivo, resulta primordial la educación que se reciba en el hogar, en cuyo caso es fundamental que el ambiente que se viva en familia sea de armonía, de buenos ejemplos y de ausencia de violencia intrafamiliar que pueden afectar negativamente en la vida, conducta y comportamiento del hijo (a) de familia y futuro ciudadano y eso no puede dejar de ser considerado en todos los ciclos educativos incluso en la educación superior.

Lo antes expuesto nos obliga a comprender con claridad que en la infancia debe existir necesariamente una corresponsable coparticipación de padres de familia y educadores especializados en la educación de la niñez, aquello explica el que actualmente se fomente una educación que comience desde la etapa previa al jardín de infantes, y en general todo lo que configura la llamada educación parvularia, la cual sirve de base para el inicio de la educación básica, actualmente extendida a 10 años y que constituye una obligación y un deber del Estado y los individuos, es decir educarse no solo es un derecho sino un deber de las personas, al menos hasta el nivel básico.

Las breves y necesarias reflexiones anteriores me permiten sustentar mi ponencia sobre Educación Superior, que en el Ecuador está considerada como un subsistema dentro del sistema nacional de educación, subsistema que por supuesto debe cumplir su rol en estrecha vinculación con el otro subsistema que comprende la educación básica y de bachillerato hay que estar claros el proceso formativo de una persona no comienza en los niveles superiores, es un proceso que nace y muere con la persona, de tal manera que en el nivel de educación superior no puede prescindirse de analizar al alumno en su proceso de vida. En nuestro país la educación básica y de bachillerato están bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, la educación superior está confiada a las entidades que conforman este subsistema, para cuyo efecto se ha creado un organismo que es el Consejo Nacional de Educación Superior que planifica, regula y coordina este sector educativo, pero no puede realizarse un análisis de un educando sino se lo hace en el contexto integral de su formación como lo señalo anteriormente.

En el análisis que efectuamos no podemos limitarnos a meras afirmaciones que podrían carecer del debido sustento, estimo necesario que analicemos el término educación superior lo cual sugiere sin lugar a equívocos, que en este nivel deben existir los más altos rigores de rendimiento académico, aquello explica que la Declaración de Derechos Humanos en su Art. 26 establezca que el acceso a esta etapa educativa se lo haga por méritos, lo que obliga a las instituciones de educación superior a precautelar que los procesos de ingreso, de permanencia en el claustro universitario o politécnico y de egresamiento y titulación, establezcan las más altas exigencias para que quien termine una carrera en estos centros tenga claros criterios de orientación y conocimientos de la carrera por la que haya optado, que le permitan un confiable ejercicio profesional, no hacer aquello implicaría ir a procesos de una educación mediocre, masificadora y de muy poco o escaso aporte al desarrollo de un país e incluso de perjuicio al estudiante y por ende a la sociedad.

Lo antes relatado nos lleva a concluir que el deber de una sociedad o que el servicio que un Estado debe a sus habitantes en materia de educación, es opcional y exige cumplir determinados requisitos para acceder o ingresar en los distintos rangos de la educación superior, aquello explica que la actual Constitución estipule taxativamente en su Art. 356 el que se establezca un sistema de admisión y nivelación en las instituciones públicas de educación superior, es decir el derecho de ingresar es para todos (as) sin distinción ni discriminación de ningún tipo, pero deben cumplirse requisitos de ingreso, el libre ingreso existe, pero ese derecho puede ser ejercido si se cumplen los requisitos mínimos de admisión, también en el análisis que efectuamos es oportuno precisar, lo cual corrobora lo antes afirmado, que si bien es verdad la actual Constitución consagra la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel (excluye el posgrado), sin embargo la propia Constitución condiciona aquella gratuidad a la responsabilidad académica del estudiante, lo cual sugiere que los estudiantes que no tengan niveles de rendimiento exigidos en la ley o en regulaciones internas de la instituciones de educación superior, no pueden gozar de este beneficio que confiere el Estado.

Es conveniente recordar que a partir de la Constitución de 1998 se incorporó en el Ecuador al Sistema de Educación Superior a los Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores, los cuales tradicionalmente funcionaron bajo la dependencia del Ministerio de Educación, como consecuencia de aquello el patrimonio de estos Institutos de carácter público pertenecen al mencionado Ministerio, esto en la práctica ha derivado en el hecho real, que estos Institutos incluyendo los privados, no se hayan ni se sientan integrados a plenitud al sistema de educación superior, existiendo más bien una cierta distancia con las Universidades y Escuelas Politécnicas, en consecuencia no existe una cooperación que vuelva secuencial la labor de todos los entes de este subsistema, inversamente han existido ligeras disputas de espacio sobre ámbitos de gestión de unos y otros. En todo caso la vigente Ley de Educación Superior consagra en beneficio de estos Institutos, capacidad de autogestión administrativa y financiera e incluso se estableció que los cofinanciados por el Estado continúen recibiendo fondos públicos, pero en la parte académica pasaron a ser dependientes del Consejo Nacional de Educación Superior, (CONESUP), organismo al que se le otorgó la facultad de expedir un Reglamento para la elaboración de los Estatutos y aprobación de los mismos, aunque en el caso de los públicos, el Estatuto de estos Institutos es de carácter general y su elaboración compete al Ministerio de Educación en base al cual lo debe aprobar el CONESUP.

De conformidad con el actual texto constitucional el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanística, la investigación científica y tecnológica, la innovación, la promoción, el desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas del país que deben tener relación con los objetivos del régimen de desarrollo, lo cual debe ser observado par todos los entes de educación superior, lo que implica que estos centros deben programar y vincular sus fines y gestiones al desarrollo de la sociedad y no obrar de acuerdo a criterios institucionales aislados o individuales desconectados de la planificación y desarrollo nacional, sin que esto constituya un limitante para gobernarse y administrarse autónomamente y tomar decisiones en el ámbito académico, administrativo y financiero, e incluso de planificar estratégicamente el desarrollo de cada institución del sector.

En resumen las Universidades y Escuelas Politécnicas son las proveedoras de un recurso humano científico y técnicamente preparado, son los centros donde la ciencia y la tecnología permiten formular propuestas que contribuyan a la búsqueda de soluciones innovadoras a los complejos y heterogéneos problemas de una sociedad, pero ese aporte científico tecnológico debe ser creativo, novedoso, origina y de aplicabilidad en la realidad social, de lo contrario serán meros ejercicios teóricos que solo servirán para incrementar páginas para archivos que no tienen destino social, deben ser centros de promoción y desarrollo cultural, que los vincule con la comunidad y las ayude a encontrar su identidad, su idiosincrasia, para que conociendo lo que son sepan a donde van, sin conocernos nosotros mismos no sabremos qué hacer ni cómo hacerlo, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades, los entes de educación superior no pueden dejar de ser autocríticos.

Es importante resaltar que la actual Constitución respetando el elevado rol social que compete y corresponde a las Universidades y Escuelas Politécnicas, mantiene la existencia de un organismo de carácter público que será el responsable de la planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación de sus distintos actores con la Función Ejecutiva, en consecuencia existe un organismo del cual forman parte las entidades del subsistema de educación superior que es el responsable de planificación, reglamentaciones y coordinación de las mismas, convirtiendo a este organismo en armonizador de políticas y acciones de las instituciones que la conforman y en una especie de interlocutor o vínculo con la Función Ejecutiva, sin que aquello signifique que una institución específicamente a nivel de Universidades y Escuelas Politécnicas, carezca de su debida individualidad y personería jurídica, aquello es parte sustancial de su autonomía. Adicionalmente se establece la existencia de un organismo de carácter público técnico, con atribuciones privativas que será el encargado de la acreditación y el aseguramiento de la calidad de las instituciones, carreras y programas de las entidades de este subsistema educativo, por ello no se permite que este organismo esté integrado por los representantes de las instituciones de educación superior, teniendo este mismo organismo la facultad de acuerdo con la ley, de suspender a las entidades de educación superior y en los casos de las que han sido creadas por Ley solicitar la derogatoria de dicha Ley y con ello su extinción definitiva.

Debe quedar claro que la nueva Constitución ratifica la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de la que deben gozar las Universidades y Escuelas Politécnicas, las cuales deberán estar acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución (Art. 355). A partir de esta garantía constitucional se vuelve indispensable definir con claridad el porqué se reconoce esta autonomía especial a las citadas entidades y es obvio que en estricto apego a lo que son sus fines y funciones, deban tener independencia de las distintas Funciones o Poderes del Estado que ejercen el poder político, de lo contrario se bloquearía o mutilaría su capacidad de pensar libremente, de generar conocimiento, de investigar sin criterios preestablecidos y con fundamentación científica o tecnológica, de generar propuestas objetivas que contribuyan al bienestar social y a la solución de problemas que afectan al colectivo social, que se conviertan como entidades sedes de la razón, del análisis crítico y desprejuiciado, como entes con atributos para ser creativos o imaginativos, que sean foros de los que emane la posibilidad de alumbrar la ruta que debe recorrer el país, deben ser como lo sostuvo el eminente ex Director General de la UNESCO, Dr. Federico Mayor Zaragoza, una especie de conciencia de la sociedad, agregarla, el cerebro donde se forjan las ideas, las tesis, las propuestas para edificar una sociedad más humana, más justa, más fraterna y solidaria, un faro que provisto del fluido enriquecedor de verdades demostrables y debidamente fundamentadas, oriente el rumbo que debe transitar un país que lo proteja de dificultades y abrojos que se le presenten en el camino que debe recorrer en el presente y en el futuro, amparado en sus vivencias del pasado, hay que insistir, no existe ciencia sin conciencia, ni ciencia sin experiencia.

Si la autonomía es un elemento inherente a la gestión que deben cumplir socialmente las Universidades y Escuelas Politécnicas, eso las obliga a obrar con responsabilidad, actitud que incorpora la eticidad con la que deben proceder, sin responsabilidad no existe ética en el obrar de una persona o de una institución y sin la observancia de preceptos morales no existe posibilidad alguna de coadyuvar a edificar una patria digna y soberana, no obrar en base a principios es asesinar la esperanza que es el nutriente anímico que estimula la superación de una comunidad y especialmente de su juventud, a la que la Universidad no puede dejar de responderle y rendirle cuentas claras al ser ellos los destinatarios de su propia existencia y su razón de ser.

En definitiva las Universidades y Escuelas Politécnicas al no ser entidades gubernamentales, para poder contribuir a un modelo de desarrollo que establezca un Gobierno, deben partir de un consenso que articule lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo con los planes y proyectos universitarios, aquello desafortunadamente no han sido las políticas que el país ha estimulado y más bien lo que ha existido es un divorcio entre Universidad y Gobierno, en muchos casos la Universidad ha sido una especie de contestataria o de entidad crítica radical de las acciones de los gobiernos de turno, disminuyendo sus posibilidades de aportar en beneficio del país, aquello sin duda debe cambiar, para que en una reciproca cooperación Universidad-Gobierno respetándose mutuamente, ámbitos de gestión, puedan favorecer un desarrollo sustentable del país y por ende mejorar el bienestar de los ecuatorianos (as).