Obama: un cambio histórico o un triunfo anunciado

Para quienes entendemos bien la democracia como sistema de gobierno, no nos debe llamar la atención la elección del nuevo Presidente de los Estados Unidos. El Senador por el Estado de Illinois, Barack Obama, de padre africano y madre anglosajona, no es en consecuencia un afroamericano típico sino más bien un afroamericano atípico, pues no es tan normal encontrar uniones matrimoniales entre africanos y anglosajones (caso Obama) o de afroamericanos con anglosajones, que no es su caso.

Lo que no puede desmentirse es que la gran triunfadora en el último evento electoral de los Estados Unidos es justamente la democracia, que ha demostrado ser un sistema político que ofrece una igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos que aceptan someterse a un régimen constitucional y jurídico que respeta primordialmente los derechos humanos, lo cual constituye una garantía para que todos quienes habitan en un país democrático, puedan sentir la prevalencia de una normativa legal sobre el criterio personal del gobernante o del grupo cercano al gobernante, como sucede en los sistemas de gobierno totalitarios, que terminan por sacrificar la libertad con el pretexto de una utópica e inexistente igualdad social, paradójicamente es en esos sistemas de gobierno donde el grupo que gobierna impone criterios y normas de sometimiento a los gobernados lo cual restringe garantías y derechos ciudadanos.

Desde otro ángulo de vista, hay dos factores que no pueden dejar de ser considerados en el análisis a efectuarse, el uno y el más trascendente, hay que entender que los Estados Unidos es un país con una notable y creciente multietnicidad, producto de constantes migraciones, si es que advertimos que hay un aumento progresivo de la población afroamericana donde no existen mayores controles de natalidad en las familias, el cada vez mayor porcentaje de población latina, la diversidad de ciertas peculiaridades entre la propia población blanca de los distintos Estados, lo cual nos lleva a concluir que la propia dinamia de la sociedad estadounidense lo convierte en un país donde van a terminar convocándose etnias y razas de distintas partes del planeta, si es que no olvidamos que también han llegado sobre todo en el pasado, fuertes migraciones asiáticas que se han radicado especialmente en el sector Oeste de los Estados Unidos. El otro factor es de carácter coyuntural y es la paupérrima administración del actual Presidente George W. Bush, que al final de su mandato se ha ganado una altísima reprobación de la ciudadanía estadounidense, lo cual era lógico favoreciera en lo que es el llamado péndulo político al partido opositor al cual pertenece el Presidente Bush, es decir al candidato del partido demócrata Barack Obama. Adicionalmente no se puede dejar de recordar que los grandes deportistas de Estados Unidos pertenecen en amplio número al sector afroamericano, aquello es notorio en los deportes de mayor popularidad en ese país, basketball, football americano, baseball, box, atletismo, entre otros, que tienen como principales exponentes a personas de raza afroamericana, lo cual los convierte en ídolos del pueblo estadounidense.

No es ni remotamente cercana aquella apreciación muy ligera de algunos periodistas de los medios de comunicación social, de señalar que en Estados Unidos triunfó para Presidente "un negro", eso no es exacto, lo reitero, Obama no es un afroamericano-tipo, es verdad que un alto porcentaje de los afroamericanos se solidarizó con Barack Obama que muchos lo miran como un reivindicador de antiguas segregaciones racistas, pero lo consistente y real es que los Estados Unidos han votado por lo que el pueblo de ese país colectivamente considerado, estimó le conviene a los habitantes de los Estados Unidos, siendo necesario resaltar que si algún país ha demostrado tener ideas claras de lo que significa la profundidad del pragmatismo como filosofía de vida, ha sido justamente el pueblo de los Estados Unidos, que siempre ligó cualquier tipo de enunciados, de ideas, a la utilidad en la realidad de las mismas, por ello el nuevo Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tuvo mucho cuidado a lo largo de su campaña, de insistir y recalcar que por encima de sus criterios estaba su profunda afecto y preocupación por la unidad y por la suerte futura de los Estados Unidos como país, eso es lo que provocó una adhesión de amplios sectores a su candidatura, unida a su slogan publicitario la "necesidad de cambiar". No existe en consecuencia ningún vestigio de que con el triunfo de Barack Obama, (eso no se cambia de un momento a otro), se han sepultado las innegables diferencias motivadas por factores étnicos, raciales y/o culturales, eso tiene raíces muy profundas, a lo sumo habrá como una consecuencia inmediata y mediata, a través de una mayor unión de parejas de raza blanca y negra y eso podría en el tiempo contribuir a disminuir las naturales diferencias étnicas o raciales.

Para terminar este breve comentario no se puede dejar de precisar, que si bien es verdad la mente claramente liberal del Presidente Obama en relación con la mentalidad conservadora de Bush, favorecerá una mayor apertura a diálogos con los distintos países del mundo, si admitimos que Obama no es ni el aprendiz de Rambo o el aspirante a cowboy que lo fue Bush, por ello su presidencia ofrece mayores aperturas y es ahí donde América latina debe aprovechar esta circunstancia, para ello debe abandonar su histórica postura que no la condujo a ningún sitio, la del "anti hispano", y la del “anti yanqui", es hora que América latina se sienta orgullosa de su raza mestiza y se plantee seriamente ser parte importante del mundo, de lo contrario tendremos que darle la razón a Jorge Luis Borges, en su frase literaria "si América latina desaparece el mundo no se enteraría", es hora de encontrar un camino y un destino, ese sería el reto frente al nuevo gobierno de los Estados Unidos, que seguirá siendo una potencia mundial por algunas décadas más, aunque esto no agrade a los vendedores de falsas ilusiones, no olvidemos que Estados Unidos es dueño de más del 40% de la invención científica y tecnológica, en la que América latina apenas logra el 4%, el mundo del presente y del futuro es marcadamente internacionalizado e interdependiente y es demasiado equivocado no advertirlo y mucho más equivocado no aceptarlo…

La Universidad y el Estado

Para comprender el rol que debe cumplir una Universidad dentro de un país o un Estado, es necesario partir de los componentes básicos que deben confluir para que un Estado pueda organizarse democráticamente, sin lo cual es imposible o se vuelve muy difícil que el Estado pueda cumplir con los fines y objetivos que justifican las razones de su existencia, por ello no podemos olvidar que el Estado lo integramos todos los habitantes de un país y todos tenemos el derecho y el deber de preocuparnos porque el Estado desenvuelva sus actividades dentro de un ordenamiento jurídico, que establezca con precisión derechos y deberes de las instituciones y personas que lo conforman.
A partir de lo expuesto, la organización de un Estado democrático de Derecho requiere de la existencia de tres sectores básicos y/o indispensables que soportan su organización y el cumplimiento de sus fines y funciones: 1) un poder político, que lo integran la Función Ejecutiva ejercida en el caso del Ecuador por un Presidente de la República, la Función Legislativa, la Función Judicial, a los que se agregarían la Función Electoral y la Función de Control, poder político que es el que tiene la potestad de gobernar y administrar el Estado, regular la vida de los habitantes, juzgar los conflictos interpersonales o de personas con instituciones. Ese poder político también está integrado por los organismos seccionales 2) un sector empresarial, que puede ser de carácter público o privado, o de economía mixta, que se encarga de la producción de bienes y servicios necesarios para la supervivencia de quienes habitan el territorio del Estado y, 3) un sector productor o proveedor de recursos humanos que es el campo que compete a las Universidades y Escuelas Politécnicas, insumo que es de fundamental importancia si aceptamos que buenos ciudadanos hacen un buen país.
Estos tres sectores que sustentan la vida y vigencia de un Estado, tienen forzosamente que ser respetados en el ámbito de sus respectivas atribuciones para que interactúen adecuadamente en beneficio del interés colectivo. Para efectos de nuestro comentario, no nos vamos a detener en un análisis detallado de cada uno de estos tres pilares con los que debe contar un Estado democrático, el objetivo de nuestro comentario es referirnos específicamente a la Universidad, pero aquello no es posible hacerlo con lógica, si no partimos de ubicar a esta institución en el sitio y jerarquía que le corresponde dentro de una sociedad organizada como Estado.

Retos de la Universidad contemporánea
Si algún sector de una sociedad tiene que ser dinámico y tiene que acoplar sus políticas y acciones a los procesos evolutivos que vive la humanidad es la Universidad. Los centros de educación superior como formadores de profesionales, técnicos, especialistas y en definitiva de los dirigentes de la sociedad del mañana, no pueden anclar su gestión mirando al pasado, tienen que dirigir su visión hacia el futuro, es elemental admitir que no se forman recursos humanos para enfrentar retos del pasado sino desafíos del porvenir.
A partir de esa premisa el cambio de siglo (XX al XXI) generó en las últimas tres décadas acelerados y cambiantes planteamientos o tesis, aquello nos impone comprender que estamos en un proceso de construcción de una nueva sociedad. La velocidad con que se han producido estos cambios de propuestas en estas últimas décadas, nos obliga advertir aquello, para no caer en apreciaciones deleznables que carezcan de coherencia en las afirmaciones o conclusiones que pretendemos realizar, por ello recuerdo brevemente que a partir de la década de los años 80 se ha venido hablando de un mundo que requería procesos de integración o de una complementación de esfuerzos, como la alternativa válida frente al alto nivel de conflictividad que caracterizó buena parte del siglo XX, con dos guerras mundiales y una pugna por el poder hegemónico mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, después estuvo de moda hablar del imperio de la calidad total, luego se habló de la necesidad de tomar en consideración las ventajas competitivas y/o comparativas de los distintos países, posteriormente se reiteraba en cuanto foro se convocaba, de la necesidad de avanzar en una reingeniería para revisar estructuras y súper estructuras de instituciones públicas o privadas, hasta desembocar en la tesis de la existencia de un mundo globalizado, término en el que se ha insistido sobre todo desde el punto de vista económico, pero desde mi punto de vista estimo más apropiado hablar de un mundo internacionalizado e interdependiente. Lo expuesto nos conduce a que cualquier planteamiento que se formule se lo haga en base a la existencia de ese mundo, que obliga a países y a instituciones ser competitivos internacionalmente, limitar los análisis a las fronteras de un país, es también limitar propuestas que terminarían por ser de poca o ninguna importancia en la realidad y al mismo tiempo tendrían limitaciones en su propio contenido y carecerían además de objetividad y praxis.
Del análisis que realizamos surge inevitablemente el que recordemos aquella frase atribuida al ilustre Rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Alfredo Pérez Guerrero, “el Ecuador irá hacia donde vaya la Universidad”, lo cual implica que una Universidad que no se esmera en producir un buen recurso humano, en realizar investigación permanente, una Universidad que no sea capaz de formular planteamientos con el debido sustento académico para procurar la solución de los complejos y heterogéneos problemas de una sociedad, es una Universidad que está abdicando de su altísima posibilidad de rectorar el pensamiento social, de ser como le corresponde el cerebro de la sociedad, de ser una especie de voz de aquel ciudadano anónimo que no se siente bien y debidamente representado por quienes detentan el poder político, esto es, ser como lo pretendía el ex Director de la UNESCO Dr. Federico Mayor Zaragoza “la conciencia de la sociedad”, todo lo cual nos lleva a concluir que la Universidad no puede dejar de ser seria y responsable en el cumplimiento de tan elevada misión social, lo contrario la convertiría en culpable del rumbo indebido que tome el país.
Para que la Universidad pueda cumplir tan elevados fines debe proceder con apego a la razón, la racionalidad debe ser compañera inseparable del comportamiento institucional, sus reflexiones críticas tienen que ser fundamentadas, la subjetividad no puede tener cabida en el quehacer universitario, la creatividad y la imaginación deben ser aspiraciones permanentes de la institución universitaria, si es que pretende el calificativo de Academia, no se puede olvidar que si bien el conocimiento es fundamental, ese extraordinario académico y pensador del siglo XX Albert Einstein, estuvo acertado cuando sostuvo “más importante que el conocimiento es la imaginación”, efectivamente es a partir de tesis imaginativas que podemos ir ensamblando iniciativas que ayuden a orientar el camino de una sociedad, a mejorar sus condiciones de vida, cuando la Universidad entiende aquello, es capaz de aproximarse a lo que significa su ontología filosófica, que es la de ser el escenario social de discusión y encuentro de la verdad, que combata y enfrente la mentira. Una Universidad que se respete a sí mismo no puede dar cabida a sofismas que deben ser reservados para quienes buscan ganar elecciones en determinadas circunstancias, para lo cual no escatiman falsas promesas u ofertas huérfanas de seriedad, pero la Universidad no está para preocuparse de elecciones pasajeras sino para preocuparse de las futuras generaciones, lo primero es transitorio y de interés para una o un grupo de personas, lo otro es socialmente trascendente y de interés de todos.
Hay otro factor de análisis que no puede dejar de mencionarse y es el de la pertinencia con la que debe proceder la Universidad, esto significa que debe obrar con apego a su ineludible responsabilidad social que la obliga a formar profesionales, técnicos o especialistas del más alto nivel, realizar investigación científica-tecnológica que le permita producir conocimiento que tenga aplicabilidad real hilvanando propuestas concretas con fórmulas y métodos también concretos que contribuyan a dar respuestas a los deseos de bienestar de la sociedad en la que desenvuelve sus actividades, ser una contribuyente en todo lo que significa promoción y desarrollo de la cultura que nos conduzca a saber y sentirnos lo que hemos sido y lo que somos, a disfrutar de nuestro ancestro y costumbres, en definitiva plantear ideas o tesis que ayuden en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, todo lo indicado bajo la premisa ineludible de obrar siempre con el más severo apego a la ética y a principios de orden moral, que no lo vuelvan permeable a desviarse del cumplimiento serio y responsable de sus fines y funciones.
Definido el rol de la Universidad habría que analizar qué aporte puede realizar la institución dentro de una realidad contemporánea con miras al futuro. Hemos afirmado que el futuro se construye con las lecciones del pasado, lo cual se vuelve mucho más necesario en una Universidad en la que debe prevalecer el saber sazonado con el apoyo de la ciencia. Sostenemos que la ciencia sin experiencia y sin conciencia no es ciencia. En este aspecto la Universidad de manera especial la latinoamericana y caribeña no puede olvidar aquella epopeya sin las cuales no gozaría del reconocimiento de derechos que hoy ha conquistado, por ello hay que recurrir a la Primera Reforma Universitaria de Córdova de 1918 para comprender que la autonomía de la que debe hacer uso para cumplir con libertad su finalidad, se consolida a partir de ese movimiento que tuvo como gran protagonista al estudiante, que reclamó ser parte del proceso educativo para convertirse en coparticipe del proceso enseñanza-aprendizaje de lo cual nace el cogobierno universitario, que tiene su justificación en cuanto quiere un estudiante que fiscalice que la educación sea de buen nivel, aquello en el fondo significó una ruptura con el viejo esquema del “magister dixie” de la época medioeval, que en lo esencial significa que lo que el maestro dice esa es la verdad y la última palabra y no hay nada más que investigar o analizar, esa misma Reforma planteó la igualdad en el acceso a la educación, que no existan exclusiones por razones económicas, étnicas, sexo, políticas, etc. Finalmente se propuso una Universidad que asuma un compromiso social, la Universidad se debe a la sociedad y no puede ser ajena a sus vivencias, a sus dificultades, a sus contradicciones, a la realidad imperante.
La II Reforma Universitaria planteó terminar con el elitismo en la educación superior en cuanto personas de poder político y económico eran los que podían graduarse o tenían ventajas para su promoción, creando con ello una casta social con privilegios, este justificado planteamiento derivó en una medida extrema como la del libre ingreso, cuya aplicación sin regulaciones y parámetros que permitan establecer méritos ha masificado la educación superior con grave quebranto del rigor académico y meritos que deben prevalecer, se planteó romper con la Universidad napoleónica segmentada en Facultades que terminaron por esclerotizar su gestión, todo ello fue forjando nuevas reformas sociales como la equidad de género y la incorporación de más jóvenes a los procesos democráticos de un país.
Establecido el escenario mundial actual, la Universidad contemporánea tiene retos que la obligan a impartir una educación de calidad, a entender que el estudiante es el gran actor del proceso educativo, lo importante es que el alumno aprenda, y no que el profesor dé discursos para escucharse a sí mismo, de ello nace la necesidad de docentes con dedicación a tiempo completo que ejerzan verdaderas tutorías en sus estudiantes, a incorporar en su gestión procesos de rendición social de cuentas a través de programas de evaluación institucional y acreditación social, impulsar cursos de alto rendimiento como el posgrado para hacer frente a un mundo exigente que demanda competitividad, a utilizar medios tecnológicos que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje, llegándose a sostener que quienes no están familiarizados con redes temáticas de medios informáticos es un analfabeto funcional, todo aquello amerita hablar de una III Reforma Universitaria, para que la Universidad no ahogue su inmensa capacidad de producir ideas y conocimientos en estallidos callejeros sin destino.
No puede dejar de mencionarse que el fracaso de los regímenes totalitarios que dominaron una parte de Europa del siglo XX, como el nacismo de Hitler, el fascismo de Mussolini, el comunismo de Stalin, que llegaron a su fin con la caída del Muro de Berlín y el fin de La Guerra Fría, son los que dan origen al rebrote de aquel liberalismo del “laisser faire, laisser passer” dejar hacer, dejar pasar, que convierte al Estado en un mero espectador de la actividad privada generando el auge de un modelo económico monetarista que ha tenido como indicador principal la salud del dinero, aunque el cuerpo social esté enfermo, aquello creó abismos e inequidades sociales que se traducen en pocos ricos con opulencias fastuosas y muchos pobres con grandes carencias, este modelo alentó un consumismo desenfrenado que está llegando donde tenía que llegar, provocar un verdadero colapso económico con devastadoras consecuencias sociales, el gastar más allá de las posibilidades se volvió un hábito, el dinero plástico sirvió para adelantar comodidades antes que se tuvieran posibilidades de disfrutar de ellas, con el agravante que ese afán desmedido por tener, eclipsó al ser, los valores fueron fulminados y en ese ambiente el avance perverso de la corrupción fabricó nuevos ricos salidos de la nada, mientras las virtudes humanas perdieron espacio en la sociedad, he ahí el desafío de la Universidad revertir esta inversión de valores.

Posición de la Universidad ecuatoriana
Una Universidad nunca puede estar satisfecha de lo que ha hecho y lo que hace, siempre debe procurar mejorar, no puede estacionarse, debe tener como norma un accionar siempre dinámico y ascendente. A partir de esta indispensable tesis observamos que la Universidad ecuatoriana a través de líderes históricos como Alfredo Pérez Guerrero (Universidad Central), Rubén Orellana (Escuela Politécnica Nacional), P. Hernán Andrade (Universidad Católica), Guillermo Falconí (Universidad de Loja) lograron se expida la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas de 1982, que le dio total independencia a la educación universitaria y politécnica (me correspondió colaborar con esa Ley como miembro de la entonces Cámara de Representantes), esa ley le daba tanta independencia a las Universidades y Politécnicas que incluso le daba la potestad reglamentaria que corresponde en un régimen presidencial a la Función Ejecutiva, en efecto el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas tenia la facultad privativa de regular el sistema de educación superior, facultad que se perdió con la Ley expedida el año 2000, afortunadamente el Reglamento a la ley pudo ser consensuado por el CONUEP con la buena voluntad y colaboración del entonces Ministro de Educación Dr. Roberto Hanze. En todo caso la creación del CONESUP con nueva composición y la expedición de la ley del año 2000, tenían como objetivo introducir controles administrativos a las Universidades y Politécnicas, esos controles pretenden en la actualidad avanzar a verdaderos procesos intervencionistas en el sistema universitario y politécnico, eso no hay que dejarlo prosperar, el control está bien la intervención agrede la autonomía.
Hay que señalar que la educación superior en el Ecuador no escapó a manejos arbitrarios e incorrectos del poder político, el Congreso Nacional creó Universidades respondiendo a intereses clientelares y electorales y prescindió de la opinión del órgano regulador y coordinador de la educación superior, de otra parte la tendencia privatizadora en el mundo entero de la última década del siglo XX, hizo florecer la multiplicación de Universidades privadas como sucedió en todos los países del mundo, lamentablemente algunas de estas Universidades mercantilizaron sin pudor la oferta de títulos profesionales y grados académicos, lo cual contagió a ciertas Universidades públicas entrando en una inaceptable “competencia”, de quien daba más facilidades para conferir títulos de tercero y cuarto nivel.
Afortunadamente existen algunos logros alcanzados por la Universidad ecuatoriana en los últimos años, logró consolidar una autonomía financiera inédita, con la expedición de la Ley que creó el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, estableció un sistema de rendición social de cuentas pertinente a través de la evaluación institucional y acreditación de la sociedad, se apoyó al posgrado para contrarrestar la devaluación del título de pregrado, se impulsó una expansión a nivel nacional de la educación a nivel universitario y politécnico, se apoyó sin pausas internacionalizar el sistema que lo acerque a la realidad del mundo globalizado de la época presente, se masificó el uso de medios tecnológicos para estimular procesos de mejoras cualitativas en el aprendizaje. Concluyo, la Universidad ecuatoriana no puede sustraerse a los afanes reiterados de cambio del país y es su ineludible obligación enfrentar con serenidad de ánimo, ideas claras y firmeza de principios, los retos que se le presentan y que no puede dejar de asumirlos.
Octubre/2008

La organización territorial del estado

Cualquier análisis que nos permita concluir de una manera acertada sobre el fundamental aspecto relacionado con la organización territorial del Estado Ecuatoriano, debe partir de tres premisas que son las que sirven de sustento a las conclusiones que se puedan establecer al respecto.
1. Cualquier Estado puede adoptar como régimen de organización territorial en el orden político-administrativo, uno de los dos sistemas existentes: a) el ejercicio centralizado y concentrado del poder en virtud del cual la adopción de políticas de Estado en todos los ámbitos, así como la administración de recursos económicos del Estado, son dirigidos centralizadamente y en consecuencia la toma de decisiones para la implementación de políticas, ejecución de obras públicas y prestación de servicios públicos, son decididos desde el centro del poder por quienes detentan el poder, que puede ser gobernado por un Presidente de la República que es a su vez el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, como es el caso de Ecuador que tiene un régimen presidencial, o pudiera también ser dirigido de manera compartida y corresponsablemente por los Poderes Ejecutivo a través del Jefe de Estado y por el Poder Legislativo a través del Jefe de Gobierno (caso Primer Ministro como sucede en Inglaterra), b) el otro sistema es el de un gobierno ejercido desconcentrada y decentralizadamente, de tal manera que la toma de decisiones de los asuntos que interesan al Estado son ejercidos tanto por los dignatarios del gobierno central como de los gobiernos de las unidades territoriales en las que se organice territorialmente el Estado, ese es el caso del régimen de los Estados Federales, (caso Alemania Federal).
2. No puede prescindirse del contexto histórico vivido por el Estado y en ese sentido el Ecuador tuvo una primera división política administrativa cuando todavía era parte de la Gran Colombia, en que el Congreso de Angostura en 1824 dividió al país en ocho unidades territoriales que es conveniente recordarlas, fueron las provincias de Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Azuay, Loja, Manabí, Guayas y la Región Insular o Galápagos, debiendo hacer notar que las provincias orientales o amazónicas formaron parte de las distintas provincias del Centro y Norte de la Sierra y del Austro. Al crearse el Ecuador como Estado independiente en 1830, la primera Asamblea Constituyente que tuvo el país, a sugerencia del Libertador Simón Bolívar, dividió el país en tres Departamentos: Norte o Sierra que comprendía las provincias de Imbabura, Pichincha y Chimborazo, el Austro que comprendía Azuay y Loja, y el de la Costa que comprendía las provincias de Guayas, Manabí y Galápagos, división en Departamentos que fue efímera, pues la Asamblea Constituyente de 1835 adoptó la división territorial en ocho provincias que hila el Congreso de Angostura en 1824, división que se mantuvo hasta la vigencia de la Revolución Liberal que comandó el General Eloy Alfaro;
3. La actual Constitución Política de 1998 introdujo importantes avances en materia de descentralización administrativa como lo observaremos más adelante, pero esa descentralización administrativa se quedó corta frente a las pretensiones de provincias del país que reclamaban y reclaman una mayor descentralización política, aquello explica las Consultas Populares del año 2000 efectuadas en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Sucumbíos, que demandaron se adopte en el país un régimen de autonomías provinciales, tomando como ejemplo el modelo vigente en España desde 1978, modelo que en el fondo es una variante del régimen de Estados Federales.

La propuesta del nuevo proyecto de Constitución sobre un régimen de autonomías
La propuesta en el nuevo texto constitucional tiene como eje central de la misma, la futura creación de Regiones con alguna autonomía, a partir de la unión de dos o más provincias colindantes siempre que tengan al menos el 5% de la población nacional y 20.000 Km2 de extensión territorial, condición de difícil aplicabilidad en la práctica, pues si bien es verdad el texto faculta que sean los respectivos Consejos Provinciales de las provincias que eventualmente puedan unirse para formar una Región, sean los que tomen la decisión, aquello resulta de muy difícil viabilidad si se considera que la(s) provincia(s) con un menor número de habitantes no querrán asociarse a una de un mayor número de habitantes, sabiendo que el Gobernador de la Región será elegido por lógica a quien pertenezca a la provincia con mayor número de habitantes, igualmente el Consejo Regional tendrá una mayoría de Consejeros de la provincia más poblada, lo que en la práctica significa que las provincias de menor población preferirán mantenerse como provincias con su propio organismo de gobierno provincial antes que anexarse a otro gobierno de una provincia colindante más poblada, el conocido axioma "es preferible ser cabeza de ratón que cola de león" tendría un lógico asidero en esta propuesta del proyecto de Constitución, lo cual conspira contra la formación de Regiones autónomas en el Ecuador, que en el fondo tendrá un bloqueo o al menos un obstáculo de difícil superación, que podría en el mejor de los casos tener respuestas aisladas en unas pocas provincias, pero que difícilmente tendrá un interés en el ámbito nacional, lo cual es distante del verdadero objetivo de un régimen de autonomías cuyo principal propósito es reconocer la diversidad étnica, cultural, geográfica, climática, y facilitar unificar el país construyendo una pirámide social sólida desde la base de la sociedad, para posibilitar un desarrollo armónico, equilibrado y justo, de todo el territorio y conglomerados de habitantes de los diferentes sectores del país, lo cual en definitiva favorece la unidad nacional y la estabilidad de la democracia, al acercar el poder al ciudadano y que este se sienta actor y partícipe en la consecución de su bienestar comunitario.

Competencias y recursos
Hay dos factores que son determinantes en cualquier proceso descentralizador o desconcentrador del poder, el uno, es el de las competencias, y el otro, es el de los recursos económicos que se asigne a los gobiernos seccionales o autónomos.
En lo relacionado con competencias es indiscutible que el proyecto de Nueva Constitución, le asigna al gobierno central competencias exclusivas y concurrentes mucho más amplias que las que constan de la actual Constitución, en cuyo Art. 226 más bien se establecen excepciones de competencias no descentralizables y las establece taxativamente: defensa y seguridad nacionales, dirección de la política exterior y de la política internacionales, la política económica y tributaria del Estado, la gestión de endeudamiento exterior y aquellos que la Constitución y Convenios internacionales expresamente excluyan, incluso se establece que la descentralización será obligatoria cuando un organismo seccional lo solicite y tenga capacidad operativa para ella, es lo que algunos han denominado "Autonomía a la carta", que se afirma beneficia a los Municipios de mayor capacidad económica y mayor tamaño, en síntesis el modelo propuesto le reserva al gobierno central la mayor cantidad de competencias posibles y bloquea la posibilidad de que los organismos seccionales asuman autónomamente mayores competencias, salvo aquellas que decidiendo asumirlas lo puedan hacer de manera concurrente con el gobierno central, por ello en lo que respecta a los gobiernos municipales, lo único que se estaría aumentando como competencia adicional específica, es lo relacionado con la descentralización de los servicios contra incendios, esto es los Cuerpos de Bomberos, y todo lo relacionado con uso de playas, ríos, lagos y lagunas, adicionalmente se le da facultades para de manera concurrente administrar con el gobierno central el sistema público del Registro de la Propiedad. En el caso de los gobiernos provinciales se precisa mejor su actual competencia en lo relacionado con la vialidad y tanto en los gobiernos municipales y provinciales se les confiere facultades expresas para gestionar cooperación internacional.
En lo que tiene relación con recursos económicos y/o asignaciones presupuestarias, se mantiene la actual disposición constitucional de transferencia de competencias conjuntamente con la transferencia de recursos, pero no existe incremento alguno en materia de asignaciones presupuestarias al mantenerse el 15% del Presupuesto del Gobierno Central y se deja discrecionalmente la posibilidad de distribuir un 5% adicional de ingresos NO PERMANENTES, lo cual es poco claro e implica una posibilidad incierta, de tal manera que en conclusión tanto en materia de competencias como en asignación de recursos presupuestarios no existen disposiciones que fortalezcan a los gobiernos seccionales y todo quedara sujeto a la Ley que establecerá un sistema nacional de competencias que de manera general y poco precisa el proyecto de Constitución establece que definiría políticas y mecanismos para compensar desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo (Art. 240 del Proyecto). Adicionalmente se le resta a los organismos seccionales la posibilidad de realizar Consultas Populares sobre organización política-administrativa, es decir la única vía para proponer una mayor autonomía de una provincia es la establecida en la Constitución, salvo que se escoja la vía de una reforma constitucional lo cual no es de fácil trámite.
No deja de ser extraño que no se haga referencia en el provecto de Constitución de las rentas que actualmente reciben los organismos seccionales a través de leyes especiales como las que creó el Fondo de Desarrollo Seccional y la que establece rentas especiales para las capitales de provincias, lo cual si está estipulado en la actual Constitución en el Art. 232 numeral 3. Tampoco se deja muy claro el derecho de las municipalidades de tener ingresos por cobra de tributos sobre predios urbanos o rústicos, aunque eso podría entenderse que está ya dispuesto por la Ley.
Adicionalmente en materia de competencias se crea un organismo técnico conformado por un representante de cada nivel de gobierno que regulará el procedimiento y plaza máxima de transferencia de competencias exclusivas, las competencias concurrentes y las competencias futuras que se transfieran y asuman los gobiernos seccionales, así como para resolver cualquier conflicto de competencias que se produzca entre los distintos niveles de gobierno (Art. 262 del proyecto).

Distritos metropolitanos
En lo que el proyecto de Constitución es generoso es en jerarquizar a los distritos metropolitanos que en definitiva serían Quito y Guayaquil que reúnen el requisito de contar con el 7% de la población nacional, los cuales tendrían competencias similares a las que corresponden a los organismos municipales como a los órganos regionales, disponiéndose además que deberán establecer regímenes descentralizados y desconcentrados de la jurisdicción que les pertenece.

De las juntas parroquiales
En lo que también el proyecto de nueva Constitución contempla un importante avance es en el conjunto de atribuciones que se les confiere a las Juntas Parroquiales Rurales, lo cual las consolida como un nivel de gobierno autónomo y sin duda le otorga capacidades no solo para tener un control sobre todo lo que signifique desarrollo del territorio de la parroquia, sino el de inclusive planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipos y espacios físicos de la parroquia, así como contar con un presupuesto anual, lo que las convierte en organismos de gestión con facultades decisorias, por ello están facultadas para dictar acuerdos y resoluciones que convierten a las Juntas Parroquiales en verdaderos organismos de gobierno de sus respectivas circunscripciones territoriales. Adicionalmente se da vida en la organización social a comunas y recintos lo cual es expresión de democracia participativa.
También se les da a las Juntas Parroquiales la posibilidad de integrar los Concejos Cantonales y Consejos Provinciales e incluso se establece una proporcionabilidad en la integración de los Concejos Cantonales entre los habitantes en la zona urbana y la zona rural, obviamente ese criterio de representación de las Juntas Parroquiales deberá constar en la ley Orgánica o en el Estatuto que deban expedirse en la eventual conformación de una región autónoma.

Posibilidades de intervención de los organismos seccionales
Tampoco puede dejarse de destacar que de acuerdo al Art. 268 del proyecto de Constitución, se establece que en casos de excepción pueden producirse intervenciones en los gobiernos autónomos, cuando exista omisión o deficiente ejercicio de una competencia, y si bien la intervención sería solo en la competencia indebidamente atendida no deja de ser un mecanismo que puede crear fricciones o incertidumbres en la gestión de un gobierno seccional.

Conformación de los gobiernos provinciales
También se establece una nueva conformación de los gobiernos provinciales que elimina el actual sistema de elección de consejeros provinciales y se lo integra con Alcaldes o Concejales representantes de los cantones y por representantes elegidos entre quienes presiden las Juntas Parroquiales como se lo señala anteriormente. Lo deseable hubiese sido crear circunscripciones territoriales para darles representatividad a los Consejeros.

Supresión gobernadores
Si bien es verdad el actual Art. 227 de la Constitución vigente establece que en cada provincia habrá un Gobernador que como representante del Presidente de la República coordine y controle las políticas del gobierno nacional y dirija las actividades de funcionarios de la Función Ejecutiva en cada provincia, este cargo que es suprimido en el nuevo texto constitucional, sin embargo no queda definido claramente la supresión del régimen seccional dependiente que es requisito primordial en la instauración de un régimen de autonomías y de una real desconcentración del poder político.

Mancomunidades y circunscripciones territoriales especiales
Se mantiene la posibilidad que dos o más regiones, provincias, cantones y parroquias rurales puedan formar mancomunidades como lo establece el Art. 229 de la actual Constitución y que lo recoge el Art. 224 del proyecto, igual situación sucede con los regímenes especiales o circunscripciones territoriales, aunque el Art. 258 del proyecto amplía la posibilidad de conformar circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas, ancestrales o pluriculturales. Igualmente se mantiene sin mayor variación el régimen especial de la provincia de Galápagos y se precautela la biodiversidad del ecosistema amazónico como lo concibe la Constitución vigente.

Conclusión
De todo lo expuesto tenemos forzosamente que concluir que el proyecto de nueva Constitución no facilita la conformación de regímenes autonómicos y más bien frenaría el proceso que ha venido creciendo desde que se produjeron las Consultas Populares entre los años 1999 y 2000, por lo que habría que admitir que lo que se persigue es mantener una descentralización en el orden administrativo con algunos matices que difieren de la Constitución de 1998, pero tampoco se puede sostener que profundiza esa descentralización administrativa, pues el único rasgo de una descentralización política sería que al constituirse una Región los habitantes de la misma elijan popularmente a su gobernador.

Propuesta de la Comisión de Juristas del CONESUP
De manera muy breve no se puede dejar de señalar que la propuesta de la Comisión de Juristas del CONESUP si establecía un camino definido hacia la instauración de un régimen de autonomías en el país, así se lo define en el Art. 1 en cuyo numeral 2 se estipula que "EI Ecuador se gobierna decentralizadamente mediante un régimen de autonomías, para integrar armónica, solidaria y equitativamente el territorio nacional" y se disponía imperativamente que los funcionarios del gobierno central en cantones y provincias deberían tener iguales facultades que la autoridad nacional para decidir en los cantones y provincias cualquier petición que le presentara un ciudadano (a), establecía un Comité de coordinación paritario entre representantes del gobierno central, provincial o regional, que coordinaría acciones entre autoridades del gobierno central con autoridades provinciales o regionales, aquello lo recoge el Art. 273 del proyecto pero limitado a establecer controles de costos directos e indirectos de las competencias descentralizables. El proyecto recoge lo relacionado con la supresión de la figura del Gobernador, aunque en la propuesta de la Comisión del CONESUP lo que se elimina claramente es el régimen seccional dependiente.
La propuesta de la Comisión del CONESUP disponía el funcionamiento de un Gabinete territorial presidido por el Presidente de la República e integrado por los Prefectos Provinciales o Gobernadores Regionales según el caso, gabinete que se lo reduce en el proyecto de nueva Constitución a un gabinete de consulta pero solo para los gobiernos regionales y distritos metropolitanos. Se viabilizaba la conformación de regiones autónomas estableciendo que podría adoptarla una provincia con más de 1'000.000 de habitantes o dos o más provincias, sin exigir en este caso el número de habitantes, se le otorgaba incluso facultades legislativas más amplias a los gobiernos regionales, igualmente se les otorgaba facultades a las Juntas Parroquiales Rurales, lo cual si lo recoge el proyecto de nueva Constitución. Especialmente se incrementaban los recursos de los gobiernos seccionales al 25% de los ingresos totales del Presupuesto del Estado y no solo e115% del Presupuesto del Gobierno Central como ya lo establece la actual Constitución. En síntesis la propuesta de la Comisión de Juristas del CONESUP definía con claros objetivos mayores facultades de los organismos seccionales, asumiendo competencias en servicios básicos incluyendo salud y educación, y de manera expresa, se incorporaban las actuales funciones de los organismos de desarrollo regional a la dependencia de los Consejos Provinciales o Regionales, situación que omite el proyecto de nueva Constitución.

Nota: Los números de articulado del proyecto corresponden al primer texto que estuvo disponible en internet después de ser aprobado por la Asamblea Constituyente, por lo que pudiera existir algún cambio en el número de artículo con el que después se entregó al Tribunal Supremo Electoral.

Proyecto de nueva Constitución y las Universidades y Escuelas Politécnicas

Para poder hacer un análisis adecuado del tratamiento que se hace en el proyecto de nueva Constitución a las Universidades y Escuelas Politécnicas, es necesario partir de dos premisas, la una, ubicando en el contexto histórico a la institución Universidad, y la otra, que se establezca con puntualidad cuál ha sido el tratamiento constitucional y legal que han venido teniendo las Universidades y Escuelas Politécnicas en el Ecuador a la presente fecha.
En el caso de la primera premisa, la Universidad históricamente ha sido una institución crítica de todo lo que han significado injusticias sociales, abusos de poder, o en términos generales han rechazado medidas que hayan atentado contra la plena vigencia y goce de los derechos y garantías fundamentales de las personas, aquello ha hecho que en varios momentos, la Universidad haya desbordado su condición de entidad crítica y se haya convertido en una especie de reducto de la oposición política del gobierno de turno, lo cual ha producido que en muchos casos se haya buscado halagarla o reprimirla por temor, en síntesis la Universidad nunca fue agradable a la visión o intereses de los regímenes imperantes en cualquier país, incluyendo por supuesto Ecuador.
En el caso de la otra premisa, las Universidades y Escuelas Politécnicas lograron alcanzar en el Ecuador un tratamiento legal muy avanzado con la Ley expedida por la Cámara Nacional de Representantes en 1982 (órgano Legislativo restablecido después del más largo periodo dictatorial de la historia ecuatoriana 1970-1979), Ley en que se le reconocía una total autonomía en el ámbito de su gobierno y administración, al crearse como organismo rector autónomo de las políticas universitarias y politécnicas y en definitiva de la administración de todo el sistema, al Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP), lo cual los desvinculaba totalmente de la influencia del poder político. Posteriormente en 1996 se dio un paso de notable trascendencia al dotárselas de autonomía financiera con la creación del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico mediante Ley expedida en mayo de indicado año.
La Asamblea Constitucional de 1998 incorporó al sistema de Educación Superior a pedido del propio CONUEP, a los Institutos técnicos y Tecnológicos, pero la Asamblea introdujo una disposición transitoria que buscaba reducir la total autonomía alcanzada por las Universidades y Escuelas Politécnicas por la ley de 1982, con un texto que cambia la composición del antiguo Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, que lo integraban básicamente los Rectores de las Universidades y Politécnicas y los delegados de los estamentos docentes, estudiantiles y personal administrativo, existiendo una limitada participación externa a través del Ministerio de Educación Superior y del órgano de Planificación del Estado. Al conformarse el nuevo Consejo Nacional de Educación Superior con nueve miembros, se redujo a cuatro Rectores los miembros del Consejo rector de las políticas de educación superior e incorporó a cuatro que no pertenecían a las Universidades y Politécnicas, adicionalmente se disponía que el Consejo lo presida ya no un Rector en funciones sino un ex Rector que buscaba convertirlo en fin de cuentas en un alto funcionario público. Se creó paralelamente como organismo de consulta y de una especie de escenario de debates o sugerencias de temas vinculados con la educación universitaria y politécnica, a la denominada Asamblea de la Universidad Ecuatoriana, organismo que al no tener facultades decisorias ha terminado por tener una muy baja incidencia en las decisiones que deben tomarse en la marcha de la educación superior del país.

Propuesta del nuevo proyecto de Constitución
Analizadas las premisas que no pueden dejar de ser comentadas en este análisis para clarificar criterios y/o conceptos, el proyecto de nueva Constitución establece un sistema nacional de educación, en cuyo Art. 343 se estipula que el Estado ejercerá la rectoría en materia de educación a través de la autoridad educativa nacional que formulará la política de educación, la regulará y controlará en todas sus actividades y en el funcionamiento de las entidades del sector, tesis que se reitera en el Art. 350 cuando se dispone que el Sistema de Educación Superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo, pero no se consagra de manera expresa como si lo consagra la actual Constitución, al órgano rector de educación superior, que es el Consejo Nacional de Educación Superior y se menciona simple y llanamente a un órgano indeterminado de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus actores con la función Ejecutiva, lo cual debe entenderse que se reforma la disposición constitucional actual consagrada en el Art. 75, que expresamente señala que las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y Privadas son personas jurídicas autónomas que se regulan por la Ley y por sus Estatutos que son aprobados por el Consejo Nacional de Educación Superior, es decir no se enfatiza en esta definición la personería jurídica individual de las Universidades y Escuelas Politécnicas y no se consagra constitucionalmente las facultades de aprobar su Estatuto interno, lo cual queda para ser definido en la Ley que deberá expedirse en plaza de un año, según la disposición transitoria primera del proyecto de Constitución. Hasta que se expida la nueva Ley queda vigente en todas sus partes la actual Ley Orgánica de Educación Superior que sería el instrumento legal que regularía el funcionamiento de los centros de educación superior.
En esta parte es conveniente dejar precisado que la autonomía de la que gozan actualmente las Universidades y Escuelas Politécnicas, no puede ser entendida como una facultad para tomar decisiones al margen de disposiciones constitucionales y legales, aquella autonomía debe entenderse como la que permite la libre formación de especialistas y profesionales, la libre investigación científica, tecnológica y la innovación. La promoción y desarrollo de la cultura, y el aporte con el que pueda contribuir a la solución de problemas nacionales y a construir una sociedad más justa y solidaria. Es decir libertad para pensar, para crear conocimiento y para producir propuestas que ayuden a la solución de los complejos y heterogéneos problemas de un país, sin presiones ni influencias de orden político o económico.
Estimo que el Art. 350 del proyecto acierta al establecer que la autonomía debe ser responsable, al consagrar el co-gobierno que es en definitiva la posibilidad real de que al interior de las propias Universidades y Escuelas Politécnicas se pueda establecer instancias de cooperación corresponsable docente-alumno, no existe mejor juez de la actividad universitaria y politécnica que su propio estudiante o egresado, de tal manera que conviene advertir que si existe alguna opinión sesgada que pretenda creer que la autonomía es una concesión temporal de un gobierno, es una apreciación equivocada, pues aquella fue gestada a través de una histórica conquista a nivel mundial, que ha sido fruto de luchas estudiantiles inolvidables, como aquellos que produjeron la primera reforma universitaria de Córdova de 1918, la propuesta de la segunda reforma de París de 1968 y la propuesta todavía en construcción de una tercera reforma universitaria que nace en la primera y única conferencia mundial de educación superior organizada por la UNESCO en París en 1998, conferencia en la que el Ecuador a través del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas tuvo una protagónica ponencia e intervención, que fue recogida en muchas de sus partes en las conclusiones finales de la conferencia. Adicionalmente para la creación de Universidades y Escuelas Politécnicas se requiere el informe favorable del organismo asegurador de la calidad de la educación superior (se le quita esta potestad al CONESUP) además se requiere de un informe paralelo del organismo nacional de planificación (Art. 353 del proyecto).

Ampliación del sistema
El actual sistema de educación superior incluye a partir de la Constitución de 1998 tanto a las Universidades y Escuelas Politécnicas como a los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, el proyecto de nueva Constitución incorpora además a los Conservatorios de Música y Arte, lo cual tiene su justificación pues en la práctica muchas Universidades anexaron a sus programas de estudio, Conservatorios de Música y/o Escuelas de Artes. Lo que si queda indefinido es la creación de Institutos Técnicos y Tecnológicos que de acuerdo al actual Art. 76 de la Constitución es una competencia privativa del CONESUP. Tampoco puede dejar de inquietar la disposición transitoria vigésima octava que establece que la Función Ejecutiva creará una institución superior que será dirigida por la autoridad educativa nacional en lo académico, administrativo y financiero.

Suspensión de asamblea universidad ecuatoriana
El Art. 352 mantiene como organismos que dirigirán la Educación Superior en el Ecuador, un organismo planificador, regulador y coordinador de las políticas y actividades en materia de educación superior, así como mantiene a un organismo técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de las instituciones y carreras en el que expresamente se excluye los representantes de las instituciones objeto de evaluación, redacción que resulta poco precisa y que no solo le quita autonomía al sistema de evaluación y acreditación sino que abriría posibilidades para que los centros de educación superior no sean evaluados por sus pares sino por personas ajenas y/o desconocedores del sistema, aparte de que se lo exime de coordinar acciones con el CONESUP (Art. 79 Constitución vigente) en conclusión se suprime la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana que como expresé anteriormente era un organismo de poca influencia en materia decisorias en políticas de educación superior, cuyo rol se limitaba a ser un espacio de debate o de formulación de sugerencias al organismo rector de la política universitaria que es actualmente el Consejo Nacional de Educación Superior.

Financiamiento de Universidades y Escuelas Politécnicas en el proyecto de nueva Constitución
En líneas anteriores señalaba el importante logro que en materia de autonomía financiera habían conseguido en el Ecuador las Universidades y Escuelas Politécnicas, con la expedición de la ley que creó el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, que sin duda alguna ha sido en los últimos doce años (desde 1996 en que se creó el Fondo), una garantía de financiamiento confiable de las Universidades y Escuelas Politécnicas, lo cual debe entenderse se lo respeta en cuanto el Art. 296 del proyecto estable como pre asignación presupuestaria los recursos destinados a la educación superior y en el Art. 354 se prohíbe a la Función Ejecutiva privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, de tal manera que debe interpretarse que se garantiza a las Universidades y Politécnicas las rentas que actualmente le pertenecen constitucional y legalmente.
En lo que si se desmejora la actual disposición constitucional es en la obligación que tenía el Estado de incrementar anualmente y de manera obligatoria, las asignaciones presupuestarias de las Universidades Politécnicas, garantía que según la disposición transitoria décimo octava solo se la garantiza a la educación básica y al bachillerato, quedando únicamente expresamente estipulado a favor de las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas la obligatoriedad de compensarlas por los recursos que dejan de percibir por concepto de cobra de aranceles, matrículas y derechos escolares que ha venido aportando el estudiante, de tal manera que los otros ingresos propios se mantienen como fuente complementaria de ingresos, pero no podrán constituir gravamen para los estudiantes en el tercer nivel, lo cual tendrá posteriormente que ser regulado por la ley según el Art. 356 del proyecto. Debe advertirse que la gratuidad está vinculada a la responsabilidad académica de los estudiantes (Art. 355 del proyecto).
Debe también quedar claro que al establecerse la gratuidad hasta el tercer nivel, los cursos de posgrado deberán ser forzosamente autofinanciados, también debe advertirse se condiciona la entrega de recursos a las Universidades Particulares que actualmente reciben asignaciones o rentas del Estado, a que se sometan a una previa evaluación y que dichas rentas sean destinadas a la concesión de becas a estudiantes de escasos recursos, según lo establece la disposición transitoria vigésima del proyecto, lo cual colocaría en situaciones financieras difíciles a las Universidades Particulares cofinanciadas, pues a mi parecer debió al menos señalar que aquellas asignaciones del Estado podrían utilizarse también en inversión.
De otra parte con la expedición de la Ley de Equidad Tributaria expedida por la Asamblea Constituyente, las Universidades y Politécnicas ya no podrían seguir recibiendo donaciones del 25% del impuesto a la renta, aunque existe la oferta que aquello sería compensado con asignaciones presupuestarias fijas que se asignaría a las Universidades y Politécnicas que las recibieron, de acuerdo al manto donado en el año 2007. Por esta disposición también se suprime la posibilidad de que las personas naturales y jurídicas hagan aportes económicos para dotar de infraestructura, mobiliario y material didáctico al sector educativo, lo cual es deducible de obligaciones tributarias.

Propuesta de la Comisión de Jurista del CONESUP
La Comisión de Juristas del CONESUP cuidó en todo instante que su propuesta no sea regresiva con los logros alcanzados por las Universidades y Escuelas Politécnicas, en cuanto consagraba el más irrestricto respeto a sus fines y funciones por parte de los distintos sectores de la sociedad y principalmente de las instituciones vinculadas al poder político. En resumen se mantuvieron las disposiciones de la Constitución de 1998 que fueron fruto de una propuesta del entonces Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador (CONUEP) formuladas conjuntamente con Rectores universitarios que integraban la Asamblea, la propuesta clarificó también los ámbitos de gestión de los Institutos Técnicos y Tecnológicos que previnieran y evitasen fricciones con lo que compete a las Universidades y Escuelas Politécnicas, se propuso que de manera taxativa consten en la Constitución lo relacionado con las rentas que les pertenecen por el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, se precisó los incrementos que les correspondían recibir en presupuestos anuales futuros para gastos de funcionamiento, se propuso en la sección de Ciencia, Tecnología e Innovación, que las Universidades y Politécnicas fueran participes en un 50% de los recursos asignados para estas actividades, para evitar la permanente y tediosa gestión que debe realizarse para conseguir el financiamiento de proyectos de investigación.
Para no dejar margen que se piense que las Universidades y Escuelas Politécnicas tienen una posición de abuso de su autonomía y de manejos poco éticos y responsables del rol que les corresponde y del buen uso de sus recursos, se planteó que se hiciese una auditoría de orden académico internacional, para revisar si las instituciones existentes cumplían estándares de calidad mínima y en caso contrario se disponga el cierre o derogatoria de la Ley que creó una Universidad o Politécnica.

Nota: Los números de articulado del proyecto corresponden al primer texto que estuvo disponible en internet después de ser aprobado por la Asamblea Constituyente, por lo que pudiera existir algún cambio en el número de artículo con el que después se entregó al Tribunal Supremo Electoral.

Darío Moreira Velásquez: Doctor Honoris Causa

Nada eleva más nuestra autoestima, nada nos motiva más humanamente, nada reconforta más nuestro espíritu, no existen otros momentos donde la alegría invade nuestros sentimientos y nos estimula a disfrutar de las más hondas satisfacciones, que cuando se nos convoca y somos testigos de un acto justo, cuando observamos en nuestra vida que los merecimientos son reconocidos. Dialécticamente se sostiene y me adhiero a ese criterio, que nada engrandece más a un ser humano, que cuando recibe el reconocimiento espontáneo y solidario de quienes lo conocen y saben de su trayectoria vital, cuando se valoran sus acciones y actitudes de personas que se destacan por sus virtudes, como resultado de un obrar correcto que no conoce de aprovechamientos indebidos ni de causar daño o perjuicio a los demás.
Ese es exactamente el caso de este acto solemne y único. Hoy es un día especial en nuestra patria, en la grande y en la chica, en el Ecuador y en Manabí, hoy aplaudimos una muy clara manifestación de justicia real, no asistimos por fortuna a un acto convencional y a veces mercantilizado de entregar una presea, un diploma, un certificado, un testimonio de agradecimiento, donde otorgantes y receptores coinciden y se ponen de acuerdo para rendir un “homenaje” a quien necesita de esa comedia falsa y de mal gusto para poder aparentar que vale algo cuando en realidad no vale nada, son los que con sus falacias y mentiras han herido de muerte la esperanza de mejores días de la sociedad ecuatoriana, eso explica los momentos de incertidumbre que vive el Ecuador, el que crezca la pobreza en nuestro país y se busque trabajo en otros países, el que su futuro aparezca nublado, el que existan espacios reducidos para ser optimistas, que tengamos que aceptar que ser optimista en el Ecuador, es colocarnos en la errada posición de ser “un pesimista mal informado”. La verdad que es nuestro deber decirla, es la que me lleva a sostener sin ambivalencias que lo importante en la vida no es llegar a ser, lo realmente valioso es merecer serlo, cualquiera puede ser nombrado para cualquier cargo pero pocos merecen ostentar altas dignidades o funciones públicas y también privadas. Hoy en esta Calceta bautizada por sus habitantes como “la sin par”, en esta ciudad donde el río Carrizal ha desbordado su exuberante y caudaloso aporte a sus campiñas, en esta comarca donde la vegetación de su inmenso valle reverdece los ideales y pensamientos de su ilustre patrono el Libertador Bolívar, en esta tierra donde la exuberante bondad manabita caracteriza a los calcetenses de ancestro, en esta ciudad de los más encendidos afectos que Darío Moreira Velásquez ha tenido en su proficua vida, en esta ciudad convertida en polo de desarrollo educativo y cultural de nivel superior, por la existencia de su Escuela Politécnica Agropecuaria, en este augusto recinto donde el conocimiento y la razón tienen la palabra, se ha resuelto honrar a quien merece ser honrado con un título honorífico, a quien optó en la vida justamente por ser un ciudadano de honor, por ello me siento íntimamente halagado como manabita, como amigo entrañable de Darío, se me haya brindado la inigualable y algo más que eso, la envidiable oportunidad, de decir unas cuantas fiases para expresar con la más profunda convicción que un hombre que escogió el sendero de ser una persona útil a su patria y a su Manabí natal, a los organismos a los que ha servido y sirve con talento y lealtad, a una persona probadamente decente, que ha nutrido permanentemente su acerbo de conocimientos, que ha enriquecido su espíritu en su caminar por la vida, merece se le confiera el título que hoy se le otorga, el de Doctor Honoris Causa, título que se jerarquiza más, cuando la devaluación del título de pregrado e incluso el de posgrado se han desmoronado ante una irrefrenable masificación de otorgamientos, ofertas, entregas o venta de títulos, incompatibles con el rigor que exige obtener un diploma de estudios en el nivel de la educación universitaria y politécnica.
Pero me quedo corto si no expreso en esta tarde ante tan selecto auditorio, ante este grupo de amigos y amigas, de familiares de Darío que lo acompañan en este imborrable acto de su grata existencia, que si bien es cierto el título que se le otorga reconoce sus méritos, él ostenta otro que se lo ganó con su comportamiento siempre caballeroso, honesto, respetuoso del derecho de los demás, esa membrecía es la de Señor, y a “todo señor todo honor” nos enseña el Código de la auténtica y genuina conducta humana. Darío es un graduado de la Universidad Central, pero es más que todo un graduado en la Universidad de la vida, por eso su conversación es una fuente, un manantial inagotable e insuperable del que fluyen a cada instante, torrentosas enseñanzas de sabiduría, de lecciones de vida, de contribución sincera, amplia y desprendida para el aprendizaje de los demás, y ahí tiene otro título que no lo enseña ni otorga ninguna Universidad, el de ser un educador por vocación y convicción, un maestro que entiende cabalmente su misión, que es la de ser un guía, un orientador, un facilitador del aprendizaje de quienes quieren realmente educarse y prepararse para enfrentar como buenos ciudadanos o ciudadanas, los enigmas y contradicciones que nos presenta de la vida, esa vida que Darío la aprendió a vivir y a vivir bien, nutriendo permanentemente su mente y su espíritu.
Darío Moreira Velásquez es un hombre de mundo en el mejor sentido de la expresión, es un ciudadano de mente universal, su acerbo de conocimientos le ha permitido ser un consultor y asesor principalmente en materia educativa y cultural de altos funcionarios del Estado ecuatoriano, de organismos internacionales, entre ellos menciono la UNESCO, la OEA, el Convenio Andrés Bello, prestigiosas y cimeras organizaciones de orden cultural y educacional, que siempre lo contaron entre sus más lúcidos funcionarios y amigos, ocupando ahí también por méritos, el sitial reservado a quienes se distinguen por la fecundidad en sus ejecutorias y su privilegiado talento.
Quienes realmente lo conocemos tenemos que definirlo como una especie de biblioteca de consulta, su universo y bagaje de conocimientos es tan completo que amerita esa definición, en él es fácil encontrar respuestas y opiniones acertadas sobre el complejo tejido social, las expresa y analiza con fundamentos, es un archivo viviente de la realidad nacional, de la latinoamericana y mundial, no sólo es un erudito conocedor de hechos y sucesos acontecidos a lo largo de la historia, tiene una cualidad notable y excepcional, sabe ubicar los acontecimientos en su verdadero contexto, les da la interpretación veraz y adecuada, por eso distintos Ministros de Educación del Ecuador no pudieron prescindir de su colaboración, las organizaciones internacionales siempre lo llamaron como asesor en materia de cooperación internacional, unos y otros, con plena conciencia que su inteligencia y claros criterios siempre alumbraron y encausaron las actividades que les compete realizar.
Si nos preguntamos a quién podríamos definir como un hombre culto en el más exigente sentido de la palabra, no vacilaríamos en sostener que Darío sería un indiscutible ejemplo de un hombre culto, su vasta formación en materia de lenguas y literatura, sus inquietudes poéticas, sus conocimientos como profesional formado en la Ciencia del Derecho, su formación sólida en el campo de la historia, su condición de educador de elevado rango, su humanismo derivado de su cabal entendimiento y comprensión de lo que significan virtudes y defectos de los seres humanos, sus multiplicadas vivencias y la experiencia acumulada por su dilatada gestión de servicio público, le permiten generar conceptos bien hilvanados y certeros de la idiosincrasia de los pueblos, todo aquello lo convierte en un personaje de singular linaje intelectual, que sabe interrelacionar muy bien la realidad de lo que significa la vida en su más diversas formas de manifestarse, tiene un agudo criterio de la ubicuidad de hechos y personajes, para diferenciar circunstancias y objetivos en el análisis de la heterogénea problemática social
La tertulia de Darío Moreira es enriquecedora, inagotable. Personalmente me he alimentado de su ilustración y dominio del escenario de la vida. La Universidad ecuatoriana lo cuenta entre sus más distinguidos miembros y entre sus directivos y consejeros del más alto nivel, su colaboración se ha vuelto indispensable, si la familia de la UNESCO lo reconoce como uno de sus más preclaros y conspicuos miembros, la familia universitaria ecuatoriana y latinoamericana lo identifica y aprecia como uno de los líderes que la conocen en sus más hondas interioridades, en las fortalezas y debilidades del sistema de educación ecuatoriana, latinoamericana y caribeña, su extenso peregrinaje y participación en foros, eventos, seminarios, conferencias y otras cónclaves de similar característica, su amistad con lo más selecto del mundo académico de diferentes continentes, lo vuelven un autorizado expositor y critico de las diversas facetas y materias que forman parte del quehacer educativo en todos sus niveles, de la ciencia, de la tecnología, de las artes, es un altísimo exponente de ideas y tesis creativas e imaginativas, sus razonamientos provistos de lógica lo convierten en un discípulo aventajado de Kant, sus reflexiones con las que observa las diversas aristas de un problema, lo convierten en un seguidor inconfundible de Descartes.
Debo felicitar al Ing. Leonardo Félix López y a quienes integran el Consejo Politécnico de este joven centro de estudios politécnicos, por su acierto de haber tenido la iniciativa y asumido la decisión de rendir tan justo y cálido homenaje a Darío Moreira, su nombre y su accionar en la vida nos enorgullece a los manabitas, es un hombre que nos invita a querer más a esta tierra de los reales tamarindos, de los naranjos en flor, a esta región cuajada de ceibos y algarrobos, cuya fertilidad de sus valles y mesetas la han convertido en una despensa privilegiada de nuestro país, su diversificada y amplia producción la hacen un gran granero que evidencia el esfuerzo de nuestros campesinos, esta tierra hospitalaria, de quimeras, de ilusiones sin fronteras, de soles encendidos, de aguaceros y chinchos de agua que nos refrescan la vida, esta tierra cuya fecundidad parece ser la causante que de ella hayan brotado como frutos dignos de ser recordados, poetas, novelistas, maestros, historiadores, ensayistas y en fin incontables hombres y mujeres, cuyo pensamiento ilustrado ha encumbrado el nombre de Manabí para que sea una tierra querida y envidiada por quienes la conocen, de la cual además nunca dejaron de admirar el pensil de sus hermosas mujeres, como lo escribía con tanta percepción y sensibilidad en su soberbio poema, ese bardo que elevó el valor de la lira y el romanticismo como fue Elías Cedeño Jervis, esta tierra con olor a monte y sembríos, detiene esta tarde su siempre intenso y esforzado trajinar, para aplaudir a uno de sus hijos predilectos que siempre la hizo quedar muy bien.
En esta época donde el pleamar del consumismo ha obnubilado la mente de amplios sectores poblacionales, donde el desafío por tener ha eclipsado el derecho a ser, donde la tabla de valores ha sido devastada por pretensiones descontroladas de ambiciosos y arribistas que buscan poder y dinero, nuestro homenajeado ha mantenido incólume sus principios, su fortaleza espiritual no ha podido ser doblegada por tentaciones o presiones de toda índole que nos presenta la vida, su tránsito por la vida no ha conocido de sinuosidades, las señales de desvío no lo confundieron en lo que ha significado su proyecto de vida, por eso es de aquellos maestros que pasan a la posteridad educando con el ejemplo, es un socrático que aprendió del filosofo ateniense su deseo sin fronteras por aprender, por eso también sigue a Sócrates al adoptar como estilo de vida el desinterés, que como lo decía el renombrado filosofo es el alma de la virtud humana.
Manabí le debía un homenaje a Darío Moreira y que bueno que en la tierra de sus ancestros se lo hayan hecho. Siempre representó a nuestra provincia con dignidad y altivez, pocos como él conocen y describen con tanta profundidad y fidelidad nuestra realidad, domina nuestro pasado, le es familiar nuestro presente, visualiza con clarividencia nuestro futuro, sabe de nuestras tradiciones, de nuestro folklore, de nuestras costumbres, de las peculiaridades de nuestra raza montubia, de las grandes virtualidades de las tradicionales familias manabitas, conoce un poco más que todos nosotros de nuestra geografía, por eso sostenía que lo que dice Darío es aleccionador, orientador, nos permite ver las cosas tal como son, Darío es un manabita ilustre, su sencillez lo engrandece, sus merecimientos nos inflaman de sano orgullo a quienes lo apreciamos, por eso termino reafirmando que si la justicia es posible, hoy nos hemos congregado para ser participes de un acto muy justo. Darío tiene atributos suficientes para ser un Doctor Honoris Causa, decisión que tenga la más absoluta seguridad distinguido auditorio, de ella somos solidarios y se adhiere sin reserva y con la mayor espontaneidad toda la comunidad universitaria manabita, y sostengo, con las miradas complacientes y de buen agrado de toda la Universidad ecuatoriana y de amigos de Darío de diversas latitudes de nuestra América latina y caribeña. Lo repito, A todo señor todo honor estimado Darío.
(Este comentario fue leído el pasado 30 de abril en el cantón Calceta)

Competencias de gobiernos autónomos subnacionales y territoriales

Para poder acercarnos al acierto en el análisis de una propuesta sobre Competencias de Gobiernos Autónomos Subnacionales y Territoriales, debemos partir de cuál es la mejor forma de gobierno y/o administración de una sociedad constituida en Estado como es el caso del Ecuador, y en este aspecto existen dos posibilidades, la de un Estado absoluto, gobernado verticalmente desde el centro del poder por el Monarca, Jefe de Estado o Jefe de Gobierno, según el régimen imperante, o el de un Estado gobernado democráticamente a través de la participación de las distintas circunscripciones o unidades territoriales que integran el Estado.

A partir de esa premisa el Estado puede ser gobernado desde un poder Ejecutivo con amplios poderes y potestades que en definitiva será el que planifique, proponga y programe las políticas y acciones a ser observadas por quienes habitan el Estado, es decir un gobierno que prioriza y decide lo que hay que hacer, que establece lo que no hay que hacer y que ejecuta, absorbe e incluso controla y juzga todo lo que debe hacerse dentro del Estado, salvo delegación de facultades que parcialmente y para asuntos puntuales acepta conferir a las administraciones seccionales. La otra opción, es la existencia de un Estado que se organiza a través de Estados Federados, en el cual los gobiernos que podría llamárselos intermedios o subnacionales que son los Estados Federados, tienen amplias atribuciones y competencias, para planificar, decidir y ejecutar lo que deba realizarse dentro del territorio de dicho Estado, sin que aquello signifique dislocar o resquebrajar políticas del Estado Nacional con la programación que realizan los Gobiernos Federales, aquello queda justamente clarificado y especificado al establecer normativas que precisen competencias que correspondan al Estado nacional y/o a los gobiernos intermedios y locales.

Ante estas dos posiciones de organización territorial del poder y/o de gobierno y administración de un Estado, España adoptó un sistema cercano al de los Estados Federados y estableció en 1978 un régimen de organización política-administrativa, a través de constituir gobiernos territoriales autónomos, creando regiones con autonomía política y administrativa y estableciendo gobiernos locales multiplicados, con el fin de respetar su clara diversidad étnica-cultural y desconcentrar el ejercicio del poder, que en el caso de España corresponde al de un régimen que es una especie de República monárquica. Es este modelo el que ha venido siendo planteado en el Ecuador con algún énfasis y persistencia sobre todo a partir de 1999 que provocó se realizaran Consultas Populares en Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Sucumbíos, con resultados de amplio apoyo ciudadano a la adopción de un régimen de autonomías provinciales y de fortalecimiento de los gobiernos municipales, e incluso proponiendo más protagonismo a las administraciones parroquiales, aquello explica la expedición en aquella época de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales.

De las propuestas y Consultas efectuadas en los años antes indicados considero indispensable resaltar tres hechos:

1) En el año 1999 se integró una Comisión Nacional de Descentralización, Autonomías y Circunscripciones Territoriales, conformada por los más decididos y visibles líderes de la propuesta para ir hacia un régimen de provincias autonómicas. Esta Comisión con el apoyo logístico del Consejo Nacional de Modernización (CONAM) que incluyó asesoría internacional, avanzó en la producción de un proyecto de Ley y en una propuesta de reforma constitucional para que el país adopte un régimen de gobierno autonómico, habiéndose logrado que inclusive el Congreso Nacional renuente por cálculos políticos a tratar el tema, declare urgente esta reforma constitucional y sea sometida a Consulta Popular, para lo cual existió previamente un muy sesudo informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, lamentablemente la Consulta no se dio por la indefinición y debilidad política del Gobierno del ex Presidente Dr. Gustavo Noboa, quien prefirió no afrontar la controversia que por intereses de poder político genera un planteamiento de esta connotación y trascendencia.

2) Después de estos movimientos autonómicos de los años 1999 y 2000, el proyecto ha venido siendo objeto de muchos foros, estudios y planteamientos que han ido madurando y vigorizando la tesis, se le ha ido perdiendo el miedo a debatirlo y enfrentarlo como alternativa de un mejor modelo de administración y gobierno del Estado, aquello queda reflejado en el interés que por el análisis de la propuesta han tenido el Consorcio de Consejos Provinciales, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la generada por instituciones de provincias como El Oro, Tungurahua, Chimborazo, Pichincha, Azuay, las provincias Amazónicas, Loja, el Movimiento Fuerza Ecuador del Guayas, entre los más notorios, y por supuesto la que ha venido manteniendo, formulando, reformulando y actualizando mi provincia Manabí, todo lo cual demuestra el notable interés nacional por una profunda descentralización no solo administrativa, sino política del Estado ecuatoriano.

3) Las reformas a la Constitución hechas en 1998 incorporaron disposiciones relativas a una acentuada descentralización administrativa, lo cual demuestra que si esas disposiciones no han satisfecho las demandas o aspiraciones del Ecuador de las hoy 24 provincias, debemos entender y aceptar que lo que realmente se plantea es una real descentralización política del poder, lo cual en mi opinión no tiene porqué afectar la actual división territorial, en provincias, cantones y parroquias, en razón del sólido vínculo de identidad y afecto que une al habitante o nativo del mismo con su territorio, hay que mantener la jerarquía que corresponde a cada una de estas unidades territoriales, sin perjuicio de dejar establecida la posibilidad de que puedan constituirse regiones que evite el tener un número exagerado de gobiernos seccionales autónomos, que personalmente considero es el único argumento con alguna solidez que se plantea para no ir a un régimen de provincias autónomas, sin necesidad de tocar la actual división territorial del país. Para motivar la constitución de regiones autónomas como gobiernos subnacionales, deben establecerse incentivos en las competencias que asuman y dejar señalado con precisión un modelo de organización que no maximice o minimice a ninguna de las provincias que decidan unirse para integrar una región, aquello deberá quedar precisado en una Ley Orgánica del Régimen Autónomo y subsidiariamente en el Estatuto que apruebe y expida la Región autónoma.
Expuesto estos tres hechos que no pueden ser ni desconocidos ni dejar de ser advertidos en el análisis del tema propuesto, quiero también ser enfático en sostener las siguientes premisas: no pueden dejar de ser admitidas en la adopción de un nuevo modelo de gobierno autonómico que un régimen de autonomías no puede por su naturaleza ser impuesto políticamente ni ser compulsivo en su implementación, debe ser fruto de debates que si han existido en el país y a partir de ese debate, llegar a un acuerdo voluntariamente concertado entre los actores o beneficiarios del proyecto, por eso, está lejos muy lejos de que se piense que un régimen federado o autonómico divide, inversamente fortalece la unión de un país y favorece el bienestar común, eso es lo que nos demuestran casos como el de Suiza, Alemania, Estados Unidos, España, entre otros ejemplos en los que la adopción del modelo mejoró ostensiblemente las condiciones de vida de sus habitantes. De otro lado, para poder avanzar en la vigencia de este régimen, hay necesidad de una firme voluntad política de impulsarlo, lo contrario es diluir el avance del proyecto e incluso neutralizar la propuesta, es un asunto de convicciones y no de conveniencias o coyunturas políticas.

Hechas estas reflexiones iniciales y procurando ser objetivos y lo más concretos que nos sea posible en el análisis del tema objeto de este foro, no es admisible ni pertinente prescindir de efectuar ciertas consideraciones históricas que han incidido en la división política, territorial y administrativa del Estado ecuatoriano. Dentro de esas consideraciones debemos recordar que cuando todavía lo que hoy es Ecuador formaba parte de la Gran Colombia, siendo Simón Bolívar el gobernante de ese Estado confederado, el Congreso de Angostura de 1824 dividió a nuestro país en ocho regiones, que me permito mencionarlas, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Azuay, Loja, Guayas, Manabí y la Región Insular de Galápagos, luego el propio Libertador Bolívar influyó antes de su muerte, al observar más detenidamente nuestra realidad nacional que la misma está influenciada por factores naturales y geográficos que le son peculiares, sugirió se optara al crearse el Ecuador como Estado y República independiente en 1830, por dividirlo territorialmente en tres Departamentos, el de Quito o Norte, que incluía la provincias del Centro y Norte de la Sierra, Guayaquil o Sur que comprendía a las provincias de la Costa y del Austro o Cuenca, que comprendía las provincias de Azuay, Cañar y Loja, incorporando en las regiones del Norte y el Austro las provincias colindantes de la entonces llamadas región oriental. Posteriormente la Constituyente de 1835 retomó la división de Angostura en ocho regiones ya citadas anteriormente, división que es la que históricamente más ha perdurado en el tiempo hasta la Revolución Juliana de 1925, división que fue la que mantuvo el gobierno de Alfaro en la Ley de División Territorial que expidió en 1897.

La necesidad de dar paso a un Ecuador descentralizado que evite fricciones entre sus provincias o regiones, queda demostrada con la decisión que prevaleció en Guayaquil en la proclama independentista de 1820 en la que se pronunció a favor de un Guayaquil independiente, lo cual gracias a la influencia de Bolívar fue cambiado por un Guayaquil por la patria, el inglés Francisco Hall radicado en Quito que fue asesinado, planteó en el siglo XIX un Ecuador con un régimen de Estados Federales, Loja se proclamó en 1859 Estado Federal independiente, es decir siempre existió en Ecuador un deseo manifiesto de descentralización política del poder.

Surge un lógico interrogante, porque el Ecuador demanda y esto hay que entenderlo bien, un cambio en el modelo de gobierno y administración del Estado y no solo un cambio de gobierno, sin duda encuentra que sus condiciones de vida son de mala calidad, que las respuestas a las demandas de sus más apremiantes requerimientos y anhelos tardan demasiado o simplemente no se las atiende, es consecuentemente un país que reclama con urgencia se construya una convivencia de mayor bienestar compartido, siente que existen demasiadas inequidades sociales, que existan provincias, cantones, ciudades, mejor atendidas que otras, que hay pocos que ganan mucho y muchos que no tienen nada o ganan muy poco, existe exceso de conflictividad y altos niveles de confrontación entre sectores de la sociedad, la demagogia como forma de hacer política solo ha servido para que cohabiten impunemente la mentira y el atraco a los fondos públicos, esa es una penosa realidad, se percibe sin esfuerzo que las garantías y derechos de los (as) ciudadanos (as) no se los respeta o ampara, hay impotencia y rabia contenida porque no encuentra cauces para que se instaure un ambiente de aproximación a la justicia que posibilite darle a cada cual lo que le corresponde, el país como colectivo social siente que imperan el engaño, la promesa falsa, el discurso mentiroso, ya no alcanza a comprender quien dice la verdad y quien miente, quien es honesto y quien es pícaro, sabe que hay corrupción, que no se hacen obras o se prestan servicios para beneficio colectivo, se firman contratos para ver cuanto se pueden llevar contratantes y contratados, eso solo favorece a los funcionarios que deciden o trafican con esas contrataciones, en síntesis se percibe que no hay transparencia, hay quienes se enriquecen a costa del perjuicio a los demás y lo hacen porque gozan de la garantía de la impunidad, hay protección para los sinvergüenzas, inversamente entre más atrevido, insolente o abusivo se es, hay mayores garantías para seguir delinquiendo, la cultura de aparecer como redentor social cuando en realidad se es un aprovechador de la buena fe social es una forma de aparentar de seudos dirigentes políticos que viven del cuento, ese escenario favorece el aumento de la inseguridad e intranquilidad ciudadana y se observa con preocupación como se multiplican los grupos delincuenciales, la pobreza es un buen caldo de cultivo para el incremento de la delincuencia pero ello no debe ser un justificativo aunque explique en algo este terrible mal social, las familias, célula básica de la sociedad se han desintegrado, al menos en estos últimos quince años más de 2'000.000 de ecuatorianos prefirieron emigrar, duele en el alma escuchar a gente humilde decir prefiero cualquier sacrificio fuera de mi patria, que volver a un Ecuador que nos ha defraudado, que nos negó oportunidades de vivir en nuestra tierra, donde falta ética y responsabilidad en el comportamiento de las personas todo se desmorona y las consecuencias son socialmente devastadoras, por eso cambiar se vuelve un imperativo y a eso viene apostando el país de manera reiterada, ojalá el actual gobierno no lo desengañe.

Hay que aceptarlo, es un problema no solo de gobiernos, hay que ir a un cambio de estructuras, se repite que el modelo centralizado de ejercicio del poder está agotado, que ha colapsado, que no da más, eso es verdad, pero también es verdad que si no cambiamos nosotros, sino cambiamos de actitud, sino hay cambios de conducta, si no obramos honestamente, si los farsantes, pillos y sinvergüenzas no son desenmascarados, seguiremos sumergidos en la profunda crisis social, económica, política, administrativa, educativa y de todo orden que nos agobia, la propuesta de ir hacia una descentralización profunda e instaurar un régimen de autonomías provinciales o regionales, no es una panacea ni una fórmula mágica de solución de acumulados problemas sociales, pero es una alternativa válida y necesaria por las siguientes razones o motivos:

1. Mayor justicia distributiva de los ingresos públicos
2. Se genera un ambiente de mayor democracia participativa al acercarse el poder al ciudadano
3. Mayor agilidad en la tramitación de las demandas sociales
4. Mejores posibilidades de organización de la base social: barrios, comunas, recintos, parroquias, la pirámide social se la construye desde la base hacia el vértice y no al revés como sucede ahora, todo llega por dádiva gubernamental, nos han acostumbrado a ser limosneros y no nos han enseñado el camino para construir un proyecto de vida en común;
5. Existen mejores posibilidades de veeduría ciudadana para una posible optimización en la prestación de servicios públicos
6. Se incentiva el civismo al darle más oportunidades de gestión a los (as) ciudadanos (as)
7. Se respeta la diversidad étnico-cultural del país y se reconoce al territorio no solo como un espacio físico, sino como el ambiente de mayor incidencia en la unión de esfuerzos e ideas, por las costumbres, tradiciones y relaciones en común y cercanías que tienen y une a los habitantes de los distintos espacios territoriales. Dialécticamente nada vincula más a una persona que su amor a la patria o localidad grande o pequeña de la que es nativo u originario.

No se pretende desunir al país como lo sostengo en líneas anteriores, inversamente dándole a cada cual lo que le pertenece se lo une, se lo motiva, se levanta el autoestima. No se trata en modo alguno de resquebrajar la administración central, el Estado como tal es el gran guía, debe ser el que orienta, el que señala la ruta y caminos, el que regula y establece las reglas de juego democrático, el que arbitra, el que facilita a sus habitantes realizar actividades que le permitan mejorar sus niveles de supervivencia, el que prioriza de modo general la ejecución de obras y prestación de servicios públicos, es el que define mecanismos y políticas de control, por eso pensamos que en cuanto a los organismos de control como parte de lo que debe ser una nueva Función independiente del Estado, lo procedente y recomendable es una desconcentración administrativa de atribuciones, pero no es recomendable una descentralización política, aquella volvería muy doméstica la vigilancia y el buen control de la contratación de obra y del buen uso de los recursos públicos.

Que se requiere para que el proyecto vigorice una alma nacional que nos reencuentre con el orgullo y placer de ser ecuatorianos (as), que entonemos con satisfacción y al unísono la canción patria, sin duda es buscando concertar este nuevo modelo de gobierno y administración del Estado, comencemos por aceptar el derecho igualitario de todos ecuatorianos y ecuatorianas de acceder a un mayor bienestar social, que no exista ni región, ni provincia ni ciudades, de primero, segundo o tercer orden, nadie tiene derecho de imponerle a los demás formas de pensar o vivir, por eso pido respetar nuestra historia y nuestra idiosincrasia, lo que hemos sido y lo que somos, la constitución de provincias, cantones y parroquias que ahora tenemos, no fue arbitrio de nadie, no son producto de artificios legislativos, nacieron del espontáneo deseo y unión de sus vecinos, por eso deben constituirse en la base de la que hay que partir, es legítimo e irrefutable que los (as) habitantes de una localidad puedan planificar, programar y ejecutar acciones para el logro de un mayor bienestar común, nadie busca que se le alivie la pobreza, lo que buscan parroquianos y provincianos es salir con su esfuerzo y su trabajo de la pobreza que los agobia, para dejar de ser pueblos marginales. Corresponde entonces darle viabilidad política a la propuesta, ese es el reto de la actual Asamblea Constituyente.

Creo que el buscar precisar las competencias de los diferentes niveles de gobierno es la mejor herramienta para estructurar un sistema de gobierno en el que haya oportunidades para todos y se eviten interferencias o superposiciones de funciones, para ello hay que eliminar disposiciones que discriminen, como la llamada "descentralización a la carta", todos los organismos seccionales deben tener iguales posibilidades de optar por asumir competencias que les corresponda constitucionalmente. En líneas muy generales deben asumir la responsabilidad de suministrar los servicios básicos, agua, electricidad, telecomunicaciones, la regulación de actividades económicas primarias como agricultura, pesca, turismo, proveer infraestructura y responsabilizarse de la administración educativa en el nivel básico, administración de centros de salud, responder por la vialidad y transportación, todo lo cual permitirá una veeduría y vigilancia ciudadana más cercana de los responsables de la administración de los intereses públicos. Para volver factible el adoptar un régimen de autonomías deberá expedirse una Ley Orgánica del régimen autónomo, transferir progresivamente recursos junto con el traspaso de competencias, un régimen político como este, no tiene porque crear incoherencias o fisuras en la administración de la cosa pública, es cuestión de asignarle responsabilidades a quien le corresponde asumirlas, la transferencia de competencias deben partir de una línea de base para irse incrementando en el tiempo.

No puedo omitir mencionar que la Comisión de Juristas del CONESUP que tuve el honor de presidir, analizó en profundidad todas las variables de las propuestas recibidas y formuló una propuesta de texto constitucional, que tiene la virtud de acercar criterios para que el Ecuador se decida por un régimen de autonomías que manteniendo la indisoluble nacional, elimine y eso hay que prevenirlo, cualquier vestigio de posturas separatistas.

Me permito leer resumidamente los principales aspectos de esa propuesta:

Principales aspectos de propuesta de Comisión Juristas CONESUP sobre ordenamiento territorial del poder y descentralización política y/o administrativa

1. En el Art. 1 del Proyecto se propone un cambio radical, se termina con el Estado unitario que ha existido históricamente en el país y se establece que el Ecuador será gobernado mediante un régimen de autonomías seccionales, sin afectar la unidad nacional, es decir los gobiernos seccionales no tendrán ninguna dependencia del gobierno central y serán los responsables del desarrollo de sus respectivos territorios o localidades;

2. Se dispone que el gobierno central confiera a los funcionarios en provincias o cantones de los distintos Ministerios u Organismos Nacionales, amplias facultades para que puedan resolver directamente toda petición o reclamo que presenten los ciudadanos(as) en los distintos cantones, provincias y/o regiones del país, es decir, una desconcentración total del poder en materia política y administrativa. Para efectos de viabilizar esta desconcentración se establece un Comité de Coordinación integrado por delegados del gobierno seccional autónomo y del gobierno central, el mismo que será presidido par el Prefecto Provincial o Gobernador Regional (Art. 296 del Proyecto).

3. Se dispone el funcionamiento de un Gabinete Territorial presidido por el Presidente de la República e integrado por los Prefectos Provinciales o Gobernadores Regionales, según el caso, para coordinar acciones entre gobiernos seccionales y gobierno nacional (Art. 298 del Proyecto).

4. La propuesta establece que la creación de gobiernos autónomos es Voluntaria y puede darse por dos vías, por decisión de provincias con más de un millón de habitantes (caso Manabí) o por la unión de dos o más provincias, sin que en este caso sea necesario se reúna más de un millón de habitantes. Los Distritos Metropolitanos de ciudades con más de un millón de habitantes (caso Quito y Guayaquil), o la unión de ciudades vecinas que reúnan más de un millón de habitantes, tendrán la misma jerarquía que una Región autónoma (Art. 290 del Proyecto)

5. La Región autónoma elegirá por votación directa a un Gobernador quien será la máxima autoridad del gobierno autónomo (Art. 286 del Proyecto). El gobierno autónomo asumirá competencias en muchas áreas e inclusive tendrá facultades en el campo legislativo en varias materias que serían delegadas progresivamente por el Parlamentario Nacional. (Art. 287 del Proyecto).

Adicionalmente el gobierno autónomo expide su propio Estatuto y establecerá como sería estructurado su Consejo Regional que deberá incorporar a representantes de los gobiernos municipales (Art. 286 del Proyecto). En el Estatuto se podrán establecer circunscripciones territoriales o mancomunidades parroquiales o intercantonales a las cuales se les delegaría facultades de administración y de gestión en las áreas correspondientes, circunscripciones que también se constituían en unidades electorales lo cual sería coordinado con el organismo electoral a nivel nacional.

En materia de administración de justicia no existen problemas, pues las actuales Cortes Superiores de Justicia son organismos decisorios y se limita a la Corte Suprema a ser un órgano de casación, igual situación acontecería con la Corte Constitucional prevista en el proyecto.

6. Los gobiernos municipales mantienen sus actuales atribuciones y se amplían facultades constitucionales en áreas como salud, educación y otras.

7. Las Juntas Parroquiales tendrán autonomía como órganos de gestión y se les señala varias atribuciones para que puedan colaborar con los gobiernos nacional y seccionales. (Art. 271 y 272 del proyecto).

8. En cada cantón se crea un Cabildo Ampliado como organismo de participación democrática, que será regulado por ordenanza municipal, integrado por representantes de las Juntas Parroquiales y de la sociedad. EI Cabildo conocerá sobre la planificación general del cantón, el presupuesto municipal y sobre el informe de labores del Alcalde, (Art. 280 del Proyecto)

9. Se propone incrementar los recursos económicos de los gobiernos seccionales al 25% de los ingresos corrientes totales del Presupuesto del Estado.

10. Se establecen regímenes especiales en Galápagos, en la Amazonía y en las circunscripciones territoriales indígenas, afroamericanas e incluso comunales (Art. 295 del Proyecto). Igualmente se prevé que los gobiernos autónomos puedan integrar mancomunidades para proyectos específicos, las cuales actuarán como órganos de gestión (Art. 291 del Proyecto)

11. En las disposiciones transitorias se sugiere que los organismos de desarrollo regional pasen a formar parte de los gobiernos provinciales o regionales autónomos, y que el gobierno nacional proponga una ley de régimen autonómico en el plazo de un año y que de no hacerlo en ese plazo, la iniciativa legislativa la asuma el CONCOPE.

El Ecuador tiene la oportunidad histórica de construir un estado de bienestar colectivo, no perdamos la oportunidad de hacerlo, pero un movimiento transformador no nace desde el centro del poder sino desde la periferia, por eso triunfó y existió para bien de la patria la revolución de Alfaro.