La educación: única vía hacia la igualdad

Se ha insistido en afirmar siempre que la educación es fundamental para el desarrollo de una sociedad, también se ha repetido sin objeciones que la educación libera al ser humano o es el medio más idóneo para que realmente sea o se pueda sentir libre, es decir no existe quien no admita la importancia de la educación en la vida de las personas y por ende de las sociedades, que ha hecho que tradicionalmente se sostenga “No hay mejor herencia que los padres puedan dejar a sus hijos (as) que la educación”, aquello explica aquel extraordinario pensamiento del filosofo griego Platón, cuando afirmaba “Más importante que la ciencia de gobernar es la ciencia de educar, el ejercicio del poder es transitorio la actividad educativa es trascendente”.

Surge como lógica consecuencia de lo antes expresado una ineludible conclusión, educar es una tarea de alta responsabilidad para quienes la dirigen o la imparten, si partimos del hecho que la educación introduce en la persona hábitos de cortesía, urbanidad y buenos modales, por eso también se sostiene con razón que es primordial en todo proceso educativo, en cualquiera de sus niveles, la formación en valores, consecuentemente no existe término medio, o somos bien o somos mal educados, lo primero es expresión de personas de buenas costumbres que respetan a sus semejantes, lo otro es demostración de insolencia, de irrespeto, de altanería, de agresividad, de violencia, de incorrección y para tener ese comportamiento no se necesita asistir a ningún centro educativo. Afortunadamente se viene insistiendo en la imperiosa necesidad de proporcionar a los educandos una educación de calidad, pero aquello en la praxis no puede reducirse a una frase que es fácil repetirla, para poder aspirar a esa educación de calidad es imprescindible que el docente o profesor tenga una sólida formación no sólo en conocimientos especializados, debe ser transparente, honesto, tener mística, vocación, necesita comprender el momento presente, visualizar el futuro, requiere tener plena conciencia que su tarea es la de ser una especie de guía y de ejemplo para el más importante actor de un proceso educativo que es el (la) estudiante, en resumen en materia educativa lo medular es que el alumno aprenda y para ello es necesario contar con profesores que sean capaces de transmitir lo que saben o han llegado a conocer, lo cual haría posible desarrollar óptima o eficazmente las facultades intelectuales, físicas y morales del alumno (a), para de esa manera integrarlo en las mejores condiciones posibles a la sociedad en la que vive. Algo más, en educación el mejoramiento debe ser continuo, debe ser evolutivo como es el ritmo de las colectividades humanas, debe irse acoplando a circunstancias, exigencias y paradigmas de la actualidad, de lo contemporáneo, debe quedar claro hay que educar para el mañana no para el pasado, el pasado nos da lecciones, pero esas lecciones hay que aprovecharlas o utilizarlas para que orienten nuestro futuro.

Cómo hacer posible una educación de calidad a través de una capacitación continua a la que antes nos referíamos, que en otras palabras significa irnos especializando de manera progresiva, para ello no es suficiente el optar por un curso formal de pregrado o posgrado, hay que programar permanentemente eventos para actualizar conocimientos para quienes ejercen la docencia, que deben estar familiarizados incluso en el uso de medios o equipos modernos, de multimedia, porque no existe la menor duda que en cualquier proceso educativo pueden utilizarse métodos pedagógicos o sistemas de enseñanza y aprendizaje que contribuyan a desarrollar de una mejor manera el proceso, pero no puede concebirse la tesis que un buen modelo pedagógico por si solo constituye una garantía de mejoramiento educacional, como tampoco se puede pretender que el objetivo en materia educativa es limitarlo al almacenamiento que el profesor o el alumno tenga de la mayor cantidad de conocimientos, la meta es lograr que sean aplicables a realidades concretas, de lo contrario se estaría formando personas o ciudadanos (as) conocedores de verdades inútiles, de ahí que tenga toda justificación la tesis planteada por la UNESCO que en materia educativa hay que aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir, por ende las clases prácticas, las pasantías estudiantiles, el uso de laboratorios apropiados resultan de gran utilidad, por lo que es indispensable que los centros educativos cuenten con el debido equipamiento para un uso conjunto de docentes y alumnos (as), y se establezca de esa manera un foro franco y abierto entre profesores y estudiantes y en este aspecto las tutorías docentes como instrumentos del proceso enseñanza-aprendizaje son un factor de gran utilidad que requiere ser impulsado.

Surge como corolario de lo antes afirmado una doble necesidad, la una la de establecer procesos evaluatorios que establezcan si los planes o pensums de estudios, programas curriculares, diseños de perfiles profesionales, corresponden a las tendencias de una educación actualizada, si esos planes o programas se cumplen y si quienes tienen la responsabilidad de implementar esos programas lo están haciendo y lo están haciendo bien, es decir evaluar al docente que tiene el derecho de calificar o evaluar al alumno pero que no puede concomitantemente dejar de ser evaluado en su desempeño como catedrático por los propios alumnos y la sociedad, de lo que se infiere existe un compromiso mayor, es el compromiso social, esta necesaria rendición de cuentas a la sociedad que tiene irrenunciablemente el legítimo derecho de exigir una educación de calidad y en este ámbito de la exigibilidad social, debe haber una activa participación de padres de familia y de organizaciones de la comunidad, sin perjuicio de que al fin de cuentas el juzgamiento supremo esté dado por la aceptación y logros que el educando alcance en la vida, aquello explica que los centros educativos vayan posicionando su nombre en el escenario social, vayan introduciendo una especie de “marca” del establecimiento.

Adicionalmente es imprescindible para no hacer conjeturas inmediatistas y poder efectuar análisis dentro de un contexto, el tener que admitir que si el presente es fruto del pasado y el futuro será el fruto de la acción del presente, recordar que en el desarrollo cambiante que ha experimentado la humanidad, la educación ha sido influenciada por factores de poder político que han predominado de acuerdo a formas de gobiernos imperantes o prevalecientes en las distintas épocas, así se buscó formar guerreros en el caso de Esparta, individuos en el caso de Grecia, ciudadanos en el caso de Roma, en la edad media prevaleció la formación religiosa con predominio de lo espiritual sobre lo humanamente natural, en la etapa del Renacimiento en cambio prevalece lo natural y humano, en la edad moderna con la influencia del Romanticismo y del Enciclopedismo que insurgieron y surgieron en Inglaterra y Francia, que desembocó en la histórica Revolución Francesa de 1789, hizo posible que aquella educación rígida de antaño, se transforme en el siglo XIX en una educación más liberal basada especialmente en aptitudes, vocación, habilidades o destrezas humanas, floreciendo la tesis del laicismo y con ello lo reflexivo e imaginativo teniendo como soporte la libertad de enseñanza y aprendizaje, hasta llegar en la actualidad en que el reto de educar se centra en buscar el interés del educando, consecuentemente se debe adecuar a sus anhelos cualquier sistema o modelo educativo y no a la inversa, sólo así se puede hablar de un cambio educativo que sustituya aquella educación dirigida de la que fueron partidarios el nacismo y el fascismo o de una educación impuesta desde la cúpula del poder como la que caracterizó a la Unión Soviética, modelo que respondiendo a un sistema político concentrador y absolutista del poder, perjudicaba en el fondo toda posibilidad de una educación familiar e individual que tuviese como sustento esencial un componente de carácter moral y el derecho del educando, que le permitiese forjar con la mayor libertad posible su personalidad sin renunciar o divorciarse de su idiosincrasia y de sus propios genes.

La Declaración de los Derechos Humanos que quedó consagrada para la posteridad después del triunfo de la Revolución Francesa de 1789, establece como derechos de las personas el de acceder a la educación, concomitantemente establece la obligación de la sociedad y el Estado de proporcionar educación a sus habitantes hasta el nivel básico, de esta garantía fundamental del individuo se deduce que la educación es un derecho personal y un deber social, consagrándola como la vía más apropiada hacia aquello que tanto se pregona, el desarrollo humano sustentable, la educación es por todo lo expuesto un servicio básico que un Estado debe suministrar a sus habitantes para no convertirlos en víctimas inocentes y propicias de su propia destrucción, como lo sostuvo con toda claridad y acierto el Libertador Simón Bolívar con su frase “la ignorancia es instrumento ciego de la auto destrucción de los pueblos”, pensamiento sentencioso que en el fondo advertía que quien ignora o desconoce, es lamentablemente objeto propicio para el engaño o utilización vil y miserable de quienes trafican con la mentira, la palabrería hueca de acciones y la falsa promesa, esos son los falsos redentores que ejerciendo la actividad de politiqueros sólo piensan en aprovecharse de la buena fe de los otros u otras para disfrutar perniciosamente del dolor y la miseria ajena y nada es más corrupto que aprovecharse de la necesidad de los demás.

Desde otro ángulo de vista la educación debe ser integral, no sólo se educa para llegar a saber o conocer, es necesario educar cívica y ciudadanamente, es indispensable que la persona conozca de sus derechos y obligaciones, sin aquello es imposible vivir en libertad, en democracia, de lo contrario la persona es vulnerable a la desinformación, está desorientada, se vuelve fácil presa de la persuasión retórica de falsos dirigentes o seudos líderes que sólo buscan conseguir votos para las próximas elecciones y olvidan su compromiso con los votantes, convirtiendo el voto que es un derecho político, en un acto donde el ciudadano es reducido a ser una persona que se adhiere a una tesis que en apariencia le es más conveniente, terminando por desengañarse, frustrarse, perdiendo su fe y confianza en su destino político, por ello hay que aceptar que no es tan cierto que en virtud del sufragio las personas valen lo mismo y son iguales (todos tienen derecho a un voto) en la realidad eso no es cierto, los que dirigen la comedia política tienen privilegios frente a los que no tienen poder, lo único que coloca en igualdad de oportunidades y situación a las personas es el conocimiento, por ello afirmamos que la educación, la buena educación, es la única vía que conduce a la igualdad de los seres humanos.

Pero para que la educación permita igualdad de oportunidades a las personas, debe partirse de la premisa que debe haber igualdad en el derecho de acceso a educarse en todos sus niveles: básico, medio y superior, lo cual implica que no pueden existir situaciones de orden social, económico, de género, políticas, religiosas, que bloqueen el indicado derecho, en consecuencia deviene esencial colocar en igualdad de posibilidades a todos los habitantes de un país, eliminando diferencias entre ricos y pobres, diferencias étnicas o raciales, lo cual vuelve también real y efectiva la equidad de género, que es una de las tesis o aspiraciones que más auge ha tenido en los últimos años.

Todo lo antes expuesto nos conduce a que aceptemos que la educación es un proceso formativo de la persona que comienza en el hogar, en el seno familiar, aquello explica que para permitir ese proceso, se consagre el derecho de los padres a dar a sus hijos (as) la educación que más convenga al futuro de ellos (as), como lo estipula la Declaración de Derechos Humanos, sin que esa protección a la educación familiar excluya la obligación de los educadores de corregir cualquier desviación que provenga de una educación hogareña mal concebida, donde haya existido maltrato al niño o adolescente, desviaciones de los padres, pues esta debe presumirse tiene como sustento una educación en dignidad y valores. En este punto cabría agregar que el calor del amor familiar es tan necesario en el desarrollo de un ser humano, que el psicoanalista Sigmund Freud sostenía que la principal etapa en la vida de las personas son sus primeros cinco años de vida, donde el cariño de los padres penetrará en la sensibilidad del niño (a) y lo convertirá en una persona que no carecerá de ese elemento nutriente que es el calor humano de su familia cuya importancia es tan alta que no tiene precio.

Si la educación es un derecho de todos y un deber social, por regla general debe ser suministrada por el Estado, pero la realidad nos dice que ante la imposibilidad del Estado de atender a todo el universo de potenciales educandos en cualquiera de sus niveles, se ha hecho necesario en países como el Ecuador, que exista de manera subsidiaria o complementaria una educación particular y de esa realidad se deriva una realidad preocupante, el hecho que la educación particular por ser pagada y tener un costo para el estudiante y el padre de familia, tiene más exigencia y como consecuencia de esa realidad, la educación particular resulta de mejor calidad que la pública y eso va generando inequidades o desigualdades sociales que acentúan la marginalidad del que menos tiene al estar huérfano de los más sólidos y mejores conocimientos, colocándose en desventaja frente a quienes reciben una mejor y más responsable educación, es decir en resumen, van creciendo élites con mejor acceso al conocimiento del mundo real frente a quienes por una educación ineficiente terminan por aspirar a ser dependientes de quienes tienen más conocimiento y mejores condiciones económicas, que son los que controlan el aparato productivo de la sociedad, por ello insistimos en que el conocimiento teórico sin aplicabilidad práctica es estéril y socialmente improductivo y hasta nocivo, se educa no para recibir un certificado o diploma de haber estudiado, se educa para el trabajo, por eso el axioma “aprender haciendo” es lo básico para el futuro del estudiante.

Hay quienes piensan que el adquirir un título o diploma de cuarto nivel es por sí solo una garantía de estar en presencia y frente a un profesional o educador de altos conocimiento, sin duda el posgrado es uno de los mecanismos más tangibles para la capacitación, pero la simple consecución del título o diploma no puede considerarse una credencial que por sí sola sea un factor determinante o un indicativo de que se poseen conocimientos en el más alto nivel, no se puede olvidar que “el hábito no hace al monje”, de tal manera que lo único que habría siempre que privilegiar, es a quien en ejercicio de la cátedra sobre todo a nivel superior demuestra tener una clara visión tanto de su alta misión social como de la alta responsabilidad que tiene en el ejercicio de la docencia como formador de nuevos ciudadanos, de nuevos profesionales o de nuevos dirigentes de la sociedad y para ello se requieren ser dueños de una ética libre de todo tipo de sospechas, su conducta en la sociedad deber ser transparente y merecedora del más amplio respeto y credibilidad ciudadana.

También está de moda el pensar que la educación a distancia es una expresión de contemporaneidad o actualización en los proceso educativos, sin duda los modernos medios informáticos facilitan el poder implementar este tipo de propuestas de facilitación del aprendizaje, pero en modo alguno aquello significa que quien oferta estudios a distancia está transitando por rutas acordes con las exigencias del mundo actual en materia educativa, esa oferta demanda de equipos docentes dedicados exclusivamente a esta labor, de alta capacidad de la planta profesoral y de una infraestructura bibliográfica y de equipamiento tecnológico que pueda realmente hacer que estos cursos sean confiables y de buen nivel. No se puede soslayar que un mal entendido facilismo degrada el proceso de aprendizaje y es un verdadero engaño al estudiante, hay entidades sobre todo de educación superior que al ofertar una serie de cursos de fines de semana o también llamados semipresenciales, lo único que consiguen es afectar la imagen, seriedad y respetabilidad que deben tener los estudios a nivel universitario y politécnico y eso le ha hecho mucho daño a la Universidad ecuatoriana.

La educación por regla general debe tener como elementos inseparables la razón, la crítica objetiva que debe ser ajena a negativismos y en consecuencia debe ser pro-positiva y la creatividad o la imaginación, no hay que olvidar que el más alto pensador del siglo XX que fue Albert Einstein sostuvo que “más importante que el conocimiento es la imaginación”, tenía toda la razón, el saber no viene encapsulado, ni es objeto de trasplante de ningún género, lo único real es que los actores del proceso educativo docentes y estudiantes, por la propia personalidad, por la inteligencia y conocimiento que los caracteriza deberían tener una dosis de creatividad que les permita obtener el máximo provecho educativo de su diálogo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Si hemos sostenido que la educación deber ser de buena calidad, también hay que entender que esa educación no puede tener ningún tipo de sesgos que la sometan a dogmas o fundamentalismos que en fin de cuentas le resta racionalidad y libertad al proceso educativo, aquello explica que se proteja la educación de todo tipo de proselitismo de orden político partidista o religioso, sin que eso signifique en modo alguno, que en los establecimientos educativos estén prohibidos tocar temas de tanta incidencia en la vida de la sociedad como son los vinculados con tesis o doctrinas políticas y creencias religiosas lo que no se puede y es incorrecto es favorecer a una tendencia o grupo político o a una determinada religión.

De otra parte la actividad educativa requiere como ninguna otra la mayor cercanía del usuario o beneficiario de la misma, y en este aspecto si alguna actividad requiere descentralización o desconcentración sobre todo en la parte atinente a lo que es infraestructura y posibilidades de veeduría social, es justamente la educación, de lo contrario se restringiría o bloquearía aquella participación de la comunidad a la que antes nos hemos referido. Esta necesidad de ninguna manera se contrapone a que las políticas educativas sean de carácter nacional, si admitimos la universalidad del conocimiento, de tal manera que los parámetros e indicadores que a manera de principios generales deben ser observados en todo proceso educativo deben estar claramente establecidos en la legislación que adopte el país y en los parámetros que se establezcan para los procesos evaluatorios o los indicadores de desempeño docente que se señalen para obtener resultados sobre el servicio educacional que se preste, sin que eso sea incompatible con la necesaria participación de los gobiernos locales que deben coadyuvar a mejorar la prestación de tan fundamenta servicio.

En la actualidad se viene insistiendo que dado el proceso de internacionalización del mundo actual, se vuelve indispensable que se acentúe la necesidad del aprendizaje de un idioma extranjero y al interior del país hay justificados reclamos de favorecer una educación intercultural que facilite a los sectores de lengua nativa el poder escoger con toda libertad la lengua en que quisieran realizar su proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que no cabe en educación es la imposición, de tal manera que ni se puede exigir a grupos étnicos que habitan al interior del país que se eduquen en una lengua ajena a su lengua nativa ni tampoco se puede imponer a quienes no conocen esa lengua nativa ni tiene ninguna afinidad con ella, que estudien con ese idioma, como tampoco cabe exigir se aprenda idiomas de otros países, quedaría en consecuencia a la libre decisión del educando en cuanto desee tener mejores posibilidades de relacionarse en el mundo en que vive de tener mayores opciones de investigación al poder acceder a textos escritos en idioma extranjero, eso es conveniente pero no es indispensable y no puede tampoco ser impuesto, lo que si debe es fomentarse una cultura de aprendizaje de idiomas extranjeros entre ellos el inglés como el idioma de mayor interconexión en el mundo.

Finalmente cabe una acotación, las urbes o países de mayor desarrollo siempre tuvieron como el principal aliado de ese desarrollo a los centros educativos sobre todo a nivel universitario, por ello París es famosa por su histórica Universidad de La Soborna, Oxford y Cambridge son ciudades inglesas que tienen una gran resonancia mundial por ser centros universitarios, igual sucede con Heidelberg en Alemania, Montpelier en Francia, Harvard en Estados Unidos y así muchas ciudades y países se enorgullecen de ser centros universitarios que elevan su jerarquía dentro del concierto de ciudades o Estados del mundo, Manta afortunadamente no se quedó atrás, es ciudad universitaria y el país y América lo reconocen.

Obama: un cambio histórico o un triunfo anunciado

Para quienes entendemos bien la democracia como sistema de gobierno, no nos debe llamar la atención la elección del nuevo Presidente de los Estados Unidos. El Senador por el Estado de Illinois, Barack Obama, de padre africano y madre anglosajona, no es en consecuencia un afroamericano típico sino más bien un afroamericano atípico, pues no es tan normal encontrar uniones matrimoniales entre africanos y anglosajones (caso Obama) o de afroamericanos con anglosajones, que no es su caso.

Lo que no puede desmentirse es que la gran triunfadora en el último evento electoral de los Estados Unidos es justamente la democracia, que ha demostrado ser un sistema político que ofrece una igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos que aceptan someterse a un régimen constitucional y jurídico que respeta primordialmente los derechos humanos, lo cual constituye una garantía para que todos quienes habitan en un país democrático, puedan sentir la prevalencia de una normativa legal sobre el criterio personal del gobernante o del grupo cercano al gobernante, como sucede en los sistemas de gobierno totalitarios, que terminan por sacrificar la libertad con el pretexto de una utópica e inexistente igualdad social, paradójicamente es en esos sistemas de gobierno donde el grupo que gobierna impone criterios y normas de sometimiento a los gobernados lo cual restringe garantías y derechos ciudadanos.

Desde otro ángulo de vista, hay dos factores que no pueden dejar de ser considerados en el análisis a efectuarse, el uno y el más trascendente, hay que entender que los Estados Unidos es un país con una notable y creciente multietnicidad, producto de constantes migraciones, si es que advertimos que hay un aumento progresivo de la población afroamericana donde no existen mayores controles de natalidad en las familias, el cada vez mayor porcentaje de población latina, la diversidad de ciertas peculiaridades entre la propia población blanca de los distintos Estados, lo cual nos lleva a concluir que la propia dinamia de la sociedad estadounidense lo convierte en un país donde van a terminar convocándose etnias y razas de distintas partes del planeta, si es que no olvidamos que también han llegado sobre todo en el pasado, fuertes migraciones asiáticas que se han radicado especialmente en el sector Oeste de los Estados Unidos. El otro factor es de carácter coyuntural y es la paupérrima administración del actual Presidente George W. Bush, que al final de su mandato se ha ganado una altísima reprobación de la ciudadanía estadounidense, lo cual era lógico favoreciera en lo que es el llamado péndulo político al partido opositor al cual pertenece el Presidente Bush, es decir al candidato del partido demócrata Barack Obama. Adicionalmente no se puede dejar de recordar que los grandes deportistas de Estados Unidos pertenecen en amplio número al sector afroamericano, aquello es notorio en los deportes de mayor popularidad en ese país, basketball, football americano, baseball, box, atletismo, entre otros, que tienen como principales exponentes a personas de raza afroamericana, lo cual los convierte en ídolos del pueblo estadounidense.

No es ni remotamente cercana aquella apreciación muy ligera de algunos periodistas de los medios de comunicación social, de señalar que en Estados Unidos triunfó para Presidente "un negro", eso no es exacto, lo reitero, Obama no es un afroamericano-tipo, es verdad que un alto porcentaje de los afroamericanos se solidarizó con Barack Obama que muchos lo miran como un reivindicador de antiguas segregaciones racistas, pero lo consistente y real es que los Estados Unidos han votado por lo que el pueblo de ese país colectivamente considerado, estimó le conviene a los habitantes de los Estados Unidos, siendo necesario resaltar que si algún país ha demostrado tener ideas claras de lo que significa la profundidad del pragmatismo como filosofía de vida, ha sido justamente el pueblo de los Estados Unidos, que siempre ligó cualquier tipo de enunciados, de ideas, a la utilidad en la realidad de las mismas, por ello el nuevo Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tuvo mucho cuidado a lo largo de su campaña, de insistir y recalcar que por encima de sus criterios estaba su profunda afecto y preocupación por la unidad y por la suerte futura de los Estados Unidos como país, eso es lo que provocó una adhesión de amplios sectores a su candidatura, unida a su slogan publicitario la "necesidad de cambiar". No existe en consecuencia ningún vestigio de que con el triunfo de Barack Obama, (eso no se cambia de un momento a otro), se han sepultado las innegables diferencias motivadas por factores étnicos, raciales y/o culturales, eso tiene raíces muy profundas, a lo sumo habrá como una consecuencia inmediata y mediata, a través de una mayor unión de parejas de raza blanca y negra y eso podría en el tiempo contribuir a disminuir las naturales diferencias étnicas o raciales.

Para terminar este breve comentario no se puede dejar de precisar, que si bien es verdad la mente claramente liberal del Presidente Obama en relación con la mentalidad conservadora de Bush, favorecerá una mayor apertura a diálogos con los distintos países del mundo, si admitimos que Obama no es ni el aprendiz de Rambo o el aspirante a cowboy que lo fue Bush, por ello su presidencia ofrece mayores aperturas y es ahí donde América latina debe aprovechar esta circunstancia, para ello debe abandonar su histórica postura que no la condujo a ningún sitio, la del "anti hispano", y la del “anti yanqui", es hora que América latina se sienta orgullosa de su raza mestiza y se plantee seriamente ser parte importante del mundo, de lo contrario tendremos que darle la razón a Jorge Luis Borges, en su frase literaria "si América latina desaparece el mundo no se enteraría", es hora de encontrar un camino y un destino, ese sería el reto frente al nuevo gobierno de los Estados Unidos, que seguirá siendo una potencia mundial por algunas décadas más, aunque esto no agrade a los vendedores de falsas ilusiones, no olvidemos que Estados Unidos es dueño de más del 40% de la invención científica y tecnológica, en la que América latina apenas logra el 4%, el mundo del presente y del futuro es marcadamente internacionalizado e interdependiente y es demasiado equivocado no advertirlo y mucho más equivocado no aceptarlo…

La Universidad y el Estado

Para comprender el rol que debe cumplir una Universidad dentro de un país o un Estado, es necesario partir de los componentes básicos que deben confluir para que un Estado pueda organizarse democráticamente, sin lo cual es imposible o se vuelve muy difícil que el Estado pueda cumplir con los fines y objetivos que justifican las razones de su existencia, por ello no podemos olvidar que el Estado lo integramos todos los habitantes de un país y todos tenemos el derecho y el deber de preocuparnos porque el Estado desenvuelva sus actividades dentro de un ordenamiento jurídico, que establezca con precisión derechos y deberes de las instituciones y personas que lo conforman.
A partir de lo expuesto, la organización de un Estado democrático de Derecho requiere de la existencia de tres sectores básicos y/o indispensables que soportan su organización y el cumplimiento de sus fines y funciones: 1) un poder político, que lo integran la Función Ejecutiva ejercida en el caso del Ecuador por un Presidente de la República, la Función Legislativa, la Función Judicial, a los que se agregarían la Función Electoral y la Función de Control, poder político que es el que tiene la potestad de gobernar y administrar el Estado, regular la vida de los habitantes, juzgar los conflictos interpersonales o de personas con instituciones. Ese poder político también está integrado por los organismos seccionales 2) un sector empresarial, que puede ser de carácter público o privado, o de economía mixta, que se encarga de la producción de bienes y servicios necesarios para la supervivencia de quienes habitan el territorio del Estado y, 3) un sector productor o proveedor de recursos humanos que es el campo que compete a las Universidades y Escuelas Politécnicas, insumo que es de fundamental importancia si aceptamos que buenos ciudadanos hacen un buen país.
Estos tres sectores que sustentan la vida y vigencia de un Estado, tienen forzosamente que ser respetados en el ámbito de sus respectivas atribuciones para que interactúen adecuadamente en beneficio del interés colectivo. Para efectos de nuestro comentario, no nos vamos a detener en un análisis detallado de cada uno de estos tres pilares con los que debe contar un Estado democrático, el objetivo de nuestro comentario es referirnos específicamente a la Universidad, pero aquello no es posible hacerlo con lógica, si no partimos de ubicar a esta institución en el sitio y jerarquía que le corresponde dentro de una sociedad organizada como Estado.

Retos de la Universidad contemporánea
Si algún sector de una sociedad tiene que ser dinámico y tiene que acoplar sus políticas y acciones a los procesos evolutivos que vive la humanidad es la Universidad. Los centros de educación superior como formadores de profesionales, técnicos, especialistas y en definitiva de los dirigentes de la sociedad del mañana, no pueden anclar su gestión mirando al pasado, tienen que dirigir su visión hacia el futuro, es elemental admitir que no se forman recursos humanos para enfrentar retos del pasado sino desafíos del porvenir.
A partir de esa premisa el cambio de siglo (XX al XXI) generó en las últimas tres décadas acelerados y cambiantes planteamientos o tesis, aquello nos impone comprender que estamos en un proceso de construcción de una nueva sociedad. La velocidad con que se han producido estos cambios de propuestas en estas últimas décadas, nos obliga advertir aquello, para no caer en apreciaciones deleznables que carezcan de coherencia en las afirmaciones o conclusiones que pretendemos realizar, por ello recuerdo brevemente que a partir de la década de los años 80 se ha venido hablando de un mundo que requería procesos de integración o de una complementación de esfuerzos, como la alternativa válida frente al alto nivel de conflictividad que caracterizó buena parte del siglo XX, con dos guerras mundiales y una pugna por el poder hegemónico mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, después estuvo de moda hablar del imperio de la calidad total, luego se habló de la necesidad de tomar en consideración las ventajas competitivas y/o comparativas de los distintos países, posteriormente se reiteraba en cuanto foro se convocaba, de la necesidad de avanzar en una reingeniería para revisar estructuras y súper estructuras de instituciones públicas o privadas, hasta desembocar en la tesis de la existencia de un mundo globalizado, término en el que se ha insistido sobre todo desde el punto de vista económico, pero desde mi punto de vista estimo más apropiado hablar de un mundo internacionalizado e interdependiente. Lo expuesto nos conduce a que cualquier planteamiento que se formule se lo haga en base a la existencia de ese mundo, que obliga a países y a instituciones ser competitivos internacionalmente, limitar los análisis a las fronteras de un país, es también limitar propuestas que terminarían por ser de poca o ninguna importancia en la realidad y al mismo tiempo tendrían limitaciones en su propio contenido y carecerían además de objetividad y praxis.
Del análisis que realizamos surge inevitablemente el que recordemos aquella frase atribuida al ilustre Rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Alfredo Pérez Guerrero, “el Ecuador irá hacia donde vaya la Universidad”, lo cual implica que una Universidad que no se esmera en producir un buen recurso humano, en realizar investigación permanente, una Universidad que no sea capaz de formular planteamientos con el debido sustento académico para procurar la solución de los complejos y heterogéneos problemas de una sociedad, es una Universidad que está abdicando de su altísima posibilidad de rectorar el pensamiento social, de ser como le corresponde el cerebro de la sociedad, de ser una especie de voz de aquel ciudadano anónimo que no se siente bien y debidamente representado por quienes detentan el poder político, esto es, ser como lo pretendía el ex Director de la UNESCO Dr. Federico Mayor Zaragoza “la conciencia de la sociedad”, todo lo cual nos lleva a concluir que la Universidad no puede dejar de ser seria y responsable en el cumplimiento de tan elevada misión social, lo contrario la convertiría en culpable del rumbo indebido que tome el país.
Para que la Universidad pueda cumplir tan elevados fines debe proceder con apego a la razón, la racionalidad debe ser compañera inseparable del comportamiento institucional, sus reflexiones críticas tienen que ser fundamentadas, la subjetividad no puede tener cabida en el quehacer universitario, la creatividad y la imaginación deben ser aspiraciones permanentes de la institución universitaria, si es que pretende el calificativo de Academia, no se puede olvidar que si bien el conocimiento es fundamental, ese extraordinario académico y pensador del siglo XX Albert Einstein, estuvo acertado cuando sostuvo “más importante que el conocimiento es la imaginación”, efectivamente es a partir de tesis imaginativas que podemos ir ensamblando iniciativas que ayuden a orientar el camino de una sociedad, a mejorar sus condiciones de vida, cuando la Universidad entiende aquello, es capaz de aproximarse a lo que significa su ontología filosófica, que es la de ser el escenario social de discusión y encuentro de la verdad, que combata y enfrente la mentira. Una Universidad que se respete a sí mismo no puede dar cabida a sofismas que deben ser reservados para quienes buscan ganar elecciones en determinadas circunstancias, para lo cual no escatiman falsas promesas u ofertas huérfanas de seriedad, pero la Universidad no está para preocuparse de elecciones pasajeras sino para preocuparse de las futuras generaciones, lo primero es transitorio y de interés para una o un grupo de personas, lo otro es socialmente trascendente y de interés de todos.
Hay otro factor de análisis que no puede dejar de mencionarse y es el de la pertinencia con la que debe proceder la Universidad, esto significa que debe obrar con apego a su ineludible responsabilidad social que la obliga a formar profesionales, técnicos o especialistas del más alto nivel, realizar investigación científica-tecnológica que le permita producir conocimiento que tenga aplicabilidad real hilvanando propuestas concretas con fórmulas y métodos también concretos que contribuyan a dar respuestas a los deseos de bienestar de la sociedad en la que desenvuelve sus actividades, ser una contribuyente en todo lo que significa promoción y desarrollo de la cultura que nos conduzca a saber y sentirnos lo que hemos sido y lo que somos, a disfrutar de nuestro ancestro y costumbres, en definitiva plantear ideas o tesis que ayuden en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, todo lo indicado bajo la premisa ineludible de obrar siempre con el más severo apego a la ética y a principios de orden moral, que no lo vuelvan permeable a desviarse del cumplimiento serio y responsable de sus fines y funciones.
Definido el rol de la Universidad habría que analizar qué aporte puede realizar la institución dentro de una realidad contemporánea con miras al futuro. Hemos afirmado que el futuro se construye con las lecciones del pasado, lo cual se vuelve mucho más necesario en una Universidad en la que debe prevalecer el saber sazonado con el apoyo de la ciencia. Sostenemos que la ciencia sin experiencia y sin conciencia no es ciencia. En este aspecto la Universidad de manera especial la latinoamericana y caribeña no puede olvidar aquella epopeya sin las cuales no gozaría del reconocimiento de derechos que hoy ha conquistado, por ello hay que recurrir a la Primera Reforma Universitaria de Córdova de 1918 para comprender que la autonomía de la que debe hacer uso para cumplir con libertad su finalidad, se consolida a partir de ese movimiento que tuvo como gran protagonista al estudiante, que reclamó ser parte del proceso educativo para convertirse en coparticipe del proceso enseñanza-aprendizaje de lo cual nace el cogobierno universitario, que tiene su justificación en cuanto quiere un estudiante que fiscalice que la educación sea de buen nivel, aquello en el fondo significó una ruptura con el viejo esquema del “magister dixie” de la época medioeval, que en lo esencial significa que lo que el maestro dice esa es la verdad y la última palabra y no hay nada más que investigar o analizar, esa misma Reforma planteó la igualdad en el acceso a la educación, que no existan exclusiones por razones económicas, étnicas, sexo, políticas, etc. Finalmente se propuso una Universidad que asuma un compromiso social, la Universidad se debe a la sociedad y no puede ser ajena a sus vivencias, a sus dificultades, a sus contradicciones, a la realidad imperante.
La II Reforma Universitaria planteó terminar con el elitismo en la educación superior en cuanto personas de poder político y económico eran los que podían graduarse o tenían ventajas para su promoción, creando con ello una casta social con privilegios, este justificado planteamiento derivó en una medida extrema como la del libre ingreso, cuya aplicación sin regulaciones y parámetros que permitan establecer méritos ha masificado la educación superior con grave quebranto del rigor académico y meritos que deben prevalecer, se planteó romper con la Universidad napoleónica segmentada en Facultades que terminaron por esclerotizar su gestión, todo ello fue forjando nuevas reformas sociales como la equidad de género y la incorporación de más jóvenes a los procesos democráticos de un país.
Establecido el escenario mundial actual, la Universidad contemporánea tiene retos que la obligan a impartir una educación de calidad, a entender que el estudiante es el gran actor del proceso educativo, lo importante es que el alumno aprenda, y no que el profesor dé discursos para escucharse a sí mismo, de ello nace la necesidad de docentes con dedicación a tiempo completo que ejerzan verdaderas tutorías en sus estudiantes, a incorporar en su gestión procesos de rendición social de cuentas a través de programas de evaluación institucional y acreditación social, impulsar cursos de alto rendimiento como el posgrado para hacer frente a un mundo exigente que demanda competitividad, a utilizar medios tecnológicos que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje, llegándose a sostener que quienes no están familiarizados con redes temáticas de medios informáticos es un analfabeto funcional, todo aquello amerita hablar de una III Reforma Universitaria, para que la Universidad no ahogue su inmensa capacidad de producir ideas y conocimientos en estallidos callejeros sin destino.
No puede dejar de mencionarse que el fracaso de los regímenes totalitarios que dominaron una parte de Europa del siglo XX, como el nacismo de Hitler, el fascismo de Mussolini, el comunismo de Stalin, que llegaron a su fin con la caída del Muro de Berlín y el fin de La Guerra Fría, son los que dan origen al rebrote de aquel liberalismo del “laisser faire, laisser passer” dejar hacer, dejar pasar, que convierte al Estado en un mero espectador de la actividad privada generando el auge de un modelo económico monetarista que ha tenido como indicador principal la salud del dinero, aunque el cuerpo social esté enfermo, aquello creó abismos e inequidades sociales que se traducen en pocos ricos con opulencias fastuosas y muchos pobres con grandes carencias, este modelo alentó un consumismo desenfrenado que está llegando donde tenía que llegar, provocar un verdadero colapso económico con devastadoras consecuencias sociales, el gastar más allá de las posibilidades se volvió un hábito, el dinero plástico sirvió para adelantar comodidades antes que se tuvieran posibilidades de disfrutar de ellas, con el agravante que ese afán desmedido por tener, eclipsó al ser, los valores fueron fulminados y en ese ambiente el avance perverso de la corrupción fabricó nuevos ricos salidos de la nada, mientras las virtudes humanas perdieron espacio en la sociedad, he ahí el desafío de la Universidad revertir esta inversión de valores.

Posición de la Universidad ecuatoriana
Una Universidad nunca puede estar satisfecha de lo que ha hecho y lo que hace, siempre debe procurar mejorar, no puede estacionarse, debe tener como norma un accionar siempre dinámico y ascendente. A partir de esta indispensable tesis observamos que la Universidad ecuatoriana a través de líderes históricos como Alfredo Pérez Guerrero (Universidad Central), Rubén Orellana (Escuela Politécnica Nacional), P. Hernán Andrade (Universidad Católica), Guillermo Falconí (Universidad de Loja) lograron se expida la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas de 1982, que le dio total independencia a la educación universitaria y politécnica (me correspondió colaborar con esa Ley como miembro de la entonces Cámara de Representantes), esa ley le daba tanta independencia a las Universidades y Politécnicas que incluso le daba la potestad reglamentaria que corresponde en un régimen presidencial a la Función Ejecutiva, en efecto el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas tenia la facultad privativa de regular el sistema de educación superior, facultad que se perdió con la Ley expedida el año 2000, afortunadamente el Reglamento a la ley pudo ser consensuado por el CONUEP con la buena voluntad y colaboración del entonces Ministro de Educación Dr. Roberto Hanze. En todo caso la creación del CONESUP con nueva composición y la expedición de la ley del año 2000, tenían como objetivo introducir controles administrativos a las Universidades y Politécnicas, esos controles pretenden en la actualidad avanzar a verdaderos procesos intervencionistas en el sistema universitario y politécnico, eso no hay que dejarlo prosperar, el control está bien la intervención agrede la autonomía.
Hay que señalar que la educación superior en el Ecuador no escapó a manejos arbitrarios e incorrectos del poder político, el Congreso Nacional creó Universidades respondiendo a intereses clientelares y electorales y prescindió de la opinión del órgano regulador y coordinador de la educación superior, de otra parte la tendencia privatizadora en el mundo entero de la última década del siglo XX, hizo florecer la multiplicación de Universidades privadas como sucedió en todos los países del mundo, lamentablemente algunas de estas Universidades mercantilizaron sin pudor la oferta de títulos profesionales y grados académicos, lo cual contagió a ciertas Universidades públicas entrando en una inaceptable “competencia”, de quien daba más facilidades para conferir títulos de tercero y cuarto nivel.
Afortunadamente existen algunos logros alcanzados por la Universidad ecuatoriana en los últimos años, logró consolidar una autonomía financiera inédita, con la expedición de la Ley que creó el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, estableció un sistema de rendición social de cuentas pertinente a través de la evaluación institucional y acreditación de la sociedad, se apoyó al posgrado para contrarrestar la devaluación del título de pregrado, se impulsó una expansión a nivel nacional de la educación a nivel universitario y politécnico, se apoyó sin pausas internacionalizar el sistema que lo acerque a la realidad del mundo globalizado de la época presente, se masificó el uso de medios tecnológicos para estimular procesos de mejoras cualitativas en el aprendizaje. Concluyo, la Universidad ecuatoriana no puede sustraerse a los afanes reiterados de cambio del país y es su ineludible obligación enfrentar con serenidad de ánimo, ideas claras y firmeza de principios, los retos que se le presentan y que no puede dejar de asumirlos.
Octubre/2008

La organización territorial del estado

Cualquier análisis que nos permita concluir de una manera acertada sobre el fundamental aspecto relacionado con la organización territorial del Estado Ecuatoriano, debe partir de tres premisas que son las que sirven de sustento a las conclusiones que se puedan establecer al respecto.
1. Cualquier Estado puede adoptar como régimen de organización territorial en el orden político-administrativo, uno de los dos sistemas existentes: a) el ejercicio centralizado y concentrado del poder en virtud del cual la adopción de políticas de Estado en todos los ámbitos, así como la administración de recursos económicos del Estado, son dirigidos centralizadamente y en consecuencia la toma de decisiones para la implementación de políticas, ejecución de obras públicas y prestación de servicios públicos, son decididos desde el centro del poder por quienes detentan el poder, que puede ser gobernado por un Presidente de la República que es a su vez el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, como es el caso de Ecuador que tiene un régimen presidencial, o pudiera también ser dirigido de manera compartida y corresponsablemente por los Poderes Ejecutivo a través del Jefe de Estado y por el Poder Legislativo a través del Jefe de Gobierno (caso Primer Ministro como sucede en Inglaterra), b) el otro sistema es el de un gobierno ejercido desconcentrada y decentralizadamente, de tal manera que la toma de decisiones de los asuntos que interesan al Estado son ejercidos tanto por los dignatarios del gobierno central como de los gobiernos de las unidades territoriales en las que se organice territorialmente el Estado, ese es el caso del régimen de los Estados Federales, (caso Alemania Federal).
2. No puede prescindirse del contexto histórico vivido por el Estado y en ese sentido el Ecuador tuvo una primera división política administrativa cuando todavía era parte de la Gran Colombia, en que el Congreso de Angostura en 1824 dividió al país en ocho unidades territoriales que es conveniente recordarlas, fueron las provincias de Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Azuay, Loja, Manabí, Guayas y la Región Insular o Galápagos, debiendo hacer notar que las provincias orientales o amazónicas formaron parte de las distintas provincias del Centro y Norte de la Sierra y del Austro. Al crearse el Ecuador como Estado independiente en 1830, la primera Asamblea Constituyente que tuvo el país, a sugerencia del Libertador Simón Bolívar, dividió el país en tres Departamentos: Norte o Sierra que comprendía las provincias de Imbabura, Pichincha y Chimborazo, el Austro que comprendía Azuay y Loja, y el de la Costa que comprendía las provincias de Guayas, Manabí y Galápagos, división en Departamentos que fue efímera, pues la Asamblea Constituyente de 1835 adoptó la división territorial en ocho provincias que hila el Congreso de Angostura en 1824, división que se mantuvo hasta la vigencia de la Revolución Liberal que comandó el General Eloy Alfaro;
3. La actual Constitución Política de 1998 introdujo importantes avances en materia de descentralización administrativa como lo observaremos más adelante, pero esa descentralización administrativa se quedó corta frente a las pretensiones de provincias del país que reclamaban y reclaman una mayor descentralización política, aquello explica las Consultas Populares del año 2000 efectuadas en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Sucumbíos, que demandaron se adopte en el país un régimen de autonomías provinciales, tomando como ejemplo el modelo vigente en España desde 1978, modelo que en el fondo es una variante del régimen de Estados Federales.

La propuesta del nuevo proyecto de Constitución sobre un régimen de autonomías
La propuesta en el nuevo texto constitucional tiene como eje central de la misma, la futura creación de Regiones con alguna autonomía, a partir de la unión de dos o más provincias colindantes siempre que tengan al menos el 5% de la población nacional y 20.000 Km2 de extensión territorial, condición de difícil aplicabilidad en la práctica, pues si bien es verdad el texto faculta que sean los respectivos Consejos Provinciales de las provincias que eventualmente puedan unirse para formar una Región, sean los que tomen la decisión, aquello resulta de muy difícil viabilidad si se considera que la(s) provincia(s) con un menor número de habitantes no querrán asociarse a una de un mayor número de habitantes, sabiendo que el Gobernador de la Región será elegido por lógica a quien pertenezca a la provincia con mayor número de habitantes, igualmente el Consejo Regional tendrá una mayoría de Consejeros de la provincia más poblada, lo que en la práctica significa que las provincias de menor población preferirán mantenerse como provincias con su propio organismo de gobierno provincial antes que anexarse a otro gobierno de una provincia colindante más poblada, el conocido axioma "es preferible ser cabeza de ratón que cola de león" tendría un lógico asidero en esta propuesta del proyecto de Constitución, lo cual conspira contra la formación de Regiones autónomas en el Ecuador, que en el fondo tendrá un bloqueo o al menos un obstáculo de difícil superación, que podría en el mejor de los casos tener respuestas aisladas en unas pocas provincias, pero que difícilmente tendrá un interés en el ámbito nacional, lo cual es distante del verdadero objetivo de un régimen de autonomías cuyo principal propósito es reconocer la diversidad étnica, cultural, geográfica, climática, y facilitar unificar el país construyendo una pirámide social sólida desde la base de la sociedad, para posibilitar un desarrollo armónico, equilibrado y justo, de todo el territorio y conglomerados de habitantes de los diferentes sectores del país, lo cual en definitiva favorece la unidad nacional y la estabilidad de la democracia, al acercar el poder al ciudadano y que este se sienta actor y partícipe en la consecución de su bienestar comunitario.

Competencias y recursos
Hay dos factores que son determinantes en cualquier proceso descentralizador o desconcentrador del poder, el uno, es el de las competencias, y el otro, es el de los recursos económicos que se asigne a los gobiernos seccionales o autónomos.
En lo relacionado con competencias es indiscutible que el proyecto de Nueva Constitución, le asigna al gobierno central competencias exclusivas y concurrentes mucho más amplias que las que constan de la actual Constitución, en cuyo Art. 226 más bien se establecen excepciones de competencias no descentralizables y las establece taxativamente: defensa y seguridad nacionales, dirección de la política exterior y de la política internacionales, la política económica y tributaria del Estado, la gestión de endeudamiento exterior y aquellos que la Constitución y Convenios internacionales expresamente excluyan, incluso se establece que la descentralización será obligatoria cuando un organismo seccional lo solicite y tenga capacidad operativa para ella, es lo que algunos han denominado "Autonomía a la carta", que se afirma beneficia a los Municipios de mayor capacidad económica y mayor tamaño, en síntesis el modelo propuesto le reserva al gobierno central la mayor cantidad de competencias posibles y bloquea la posibilidad de que los organismos seccionales asuman autónomamente mayores competencias, salvo aquellas que decidiendo asumirlas lo puedan hacer de manera concurrente con el gobierno central, por ello en lo que respecta a los gobiernos municipales, lo único que se estaría aumentando como competencia adicional específica, es lo relacionado con la descentralización de los servicios contra incendios, esto es los Cuerpos de Bomberos, y todo lo relacionado con uso de playas, ríos, lagos y lagunas, adicionalmente se le da facultades para de manera concurrente administrar con el gobierno central el sistema público del Registro de la Propiedad. En el caso de los gobiernos provinciales se precisa mejor su actual competencia en lo relacionado con la vialidad y tanto en los gobiernos municipales y provinciales se les confiere facultades expresas para gestionar cooperación internacional.
En lo que tiene relación con recursos económicos y/o asignaciones presupuestarias, se mantiene la actual disposición constitucional de transferencia de competencias conjuntamente con la transferencia de recursos, pero no existe incremento alguno en materia de asignaciones presupuestarias al mantenerse el 15% del Presupuesto del Gobierno Central y se deja discrecionalmente la posibilidad de distribuir un 5% adicional de ingresos NO PERMANENTES, lo cual es poco claro e implica una posibilidad incierta, de tal manera que en conclusión tanto en materia de competencias como en asignación de recursos presupuestarios no existen disposiciones que fortalezcan a los gobiernos seccionales y todo quedara sujeto a la Ley que establecerá un sistema nacional de competencias que de manera general y poco precisa el proyecto de Constitución establece que definiría políticas y mecanismos para compensar desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo (Art. 240 del Proyecto). Adicionalmente se le resta a los organismos seccionales la posibilidad de realizar Consultas Populares sobre organización política-administrativa, es decir la única vía para proponer una mayor autonomía de una provincia es la establecida en la Constitución, salvo que se escoja la vía de una reforma constitucional lo cual no es de fácil trámite.
No deja de ser extraño que no se haga referencia en el provecto de Constitución de las rentas que actualmente reciben los organismos seccionales a través de leyes especiales como las que creó el Fondo de Desarrollo Seccional y la que establece rentas especiales para las capitales de provincias, lo cual si está estipulado en la actual Constitución en el Art. 232 numeral 3. Tampoco se deja muy claro el derecho de las municipalidades de tener ingresos por cobra de tributos sobre predios urbanos o rústicos, aunque eso podría entenderse que está ya dispuesto por la Ley.
Adicionalmente en materia de competencias se crea un organismo técnico conformado por un representante de cada nivel de gobierno que regulará el procedimiento y plaza máxima de transferencia de competencias exclusivas, las competencias concurrentes y las competencias futuras que se transfieran y asuman los gobiernos seccionales, así como para resolver cualquier conflicto de competencias que se produzca entre los distintos niveles de gobierno (Art. 262 del proyecto).

Distritos metropolitanos
En lo que el proyecto de Constitución es generoso es en jerarquizar a los distritos metropolitanos que en definitiva serían Quito y Guayaquil que reúnen el requisito de contar con el 7% de la población nacional, los cuales tendrían competencias similares a las que corresponden a los organismos municipales como a los órganos regionales, disponiéndose además que deberán establecer regímenes descentralizados y desconcentrados de la jurisdicción que les pertenece.

De las juntas parroquiales
En lo que también el proyecto de nueva Constitución contempla un importante avance es en el conjunto de atribuciones que se les confiere a las Juntas Parroquiales Rurales, lo cual las consolida como un nivel de gobierno autónomo y sin duda le otorga capacidades no solo para tener un control sobre todo lo que signifique desarrollo del territorio de la parroquia, sino el de inclusive planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipos y espacios físicos de la parroquia, así como contar con un presupuesto anual, lo que las convierte en organismos de gestión con facultades decisorias, por ello están facultadas para dictar acuerdos y resoluciones que convierten a las Juntas Parroquiales en verdaderos organismos de gobierno de sus respectivas circunscripciones territoriales. Adicionalmente se da vida en la organización social a comunas y recintos lo cual es expresión de democracia participativa.
También se les da a las Juntas Parroquiales la posibilidad de integrar los Concejos Cantonales y Consejos Provinciales e incluso se establece una proporcionabilidad en la integración de los Concejos Cantonales entre los habitantes en la zona urbana y la zona rural, obviamente ese criterio de representación de las Juntas Parroquiales deberá constar en la ley Orgánica o en el Estatuto que deban expedirse en la eventual conformación de una región autónoma.

Posibilidades de intervención de los organismos seccionales
Tampoco puede dejarse de destacar que de acuerdo al Art. 268 del proyecto de Constitución, se establece que en casos de excepción pueden producirse intervenciones en los gobiernos autónomos, cuando exista omisión o deficiente ejercicio de una competencia, y si bien la intervención sería solo en la competencia indebidamente atendida no deja de ser un mecanismo que puede crear fricciones o incertidumbres en la gestión de un gobierno seccional.

Conformación de los gobiernos provinciales
También se establece una nueva conformación de los gobiernos provinciales que elimina el actual sistema de elección de consejeros provinciales y se lo integra con Alcaldes o Concejales representantes de los cantones y por representantes elegidos entre quienes presiden las Juntas Parroquiales como se lo señala anteriormente. Lo deseable hubiese sido crear circunscripciones territoriales para darles representatividad a los Consejeros.

Supresión gobernadores
Si bien es verdad el actual Art. 227 de la Constitución vigente establece que en cada provincia habrá un Gobernador que como representante del Presidente de la República coordine y controle las políticas del gobierno nacional y dirija las actividades de funcionarios de la Función Ejecutiva en cada provincia, este cargo que es suprimido en el nuevo texto constitucional, sin embargo no queda definido claramente la supresión del régimen seccional dependiente que es requisito primordial en la instauración de un régimen de autonomías y de una real desconcentración del poder político.

Mancomunidades y circunscripciones territoriales especiales
Se mantiene la posibilidad que dos o más regiones, provincias, cantones y parroquias rurales puedan formar mancomunidades como lo establece el Art. 229 de la actual Constitución y que lo recoge el Art. 224 del proyecto, igual situación sucede con los regímenes especiales o circunscripciones territoriales, aunque el Art. 258 del proyecto amplía la posibilidad de conformar circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas, ancestrales o pluriculturales. Igualmente se mantiene sin mayor variación el régimen especial de la provincia de Galápagos y se precautela la biodiversidad del ecosistema amazónico como lo concibe la Constitución vigente.

Conclusión
De todo lo expuesto tenemos forzosamente que concluir que el proyecto de nueva Constitución no facilita la conformación de regímenes autonómicos y más bien frenaría el proceso que ha venido creciendo desde que se produjeron las Consultas Populares entre los años 1999 y 2000, por lo que habría que admitir que lo que se persigue es mantener una descentralización en el orden administrativo con algunos matices que difieren de la Constitución de 1998, pero tampoco se puede sostener que profundiza esa descentralización administrativa, pues el único rasgo de una descentralización política sería que al constituirse una Región los habitantes de la misma elijan popularmente a su gobernador.

Propuesta de la Comisión de Juristas del CONESUP
De manera muy breve no se puede dejar de señalar que la propuesta de la Comisión de Juristas del CONESUP si establecía un camino definido hacia la instauración de un régimen de autonomías en el país, así se lo define en el Art. 1 en cuyo numeral 2 se estipula que "EI Ecuador se gobierna decentralizadamente mediante un régimen de autonomías, para integrar armónica, solidaria y equitativamente el territorio nacional" y se disponía imperativamente que los funcionarios del gobierno central en cantones y provincias deberían tener iguales facultades que la autoridad nacional para decidir en los cantones y provincias cualquier petición que le presentara un ciudadano (a), establecía un Comité de coordinación paritario entre representantes del gobierno central, provincial o regional, que coordinaría acciones entre autoridades del gobierno central con autoridades provinciales o regionales, aquello lo recoge el Art. 273 del proyecto pero limitado a establecer controles de costos directos e indirectos de las competencias descentralizables. El proyecto recoge lo relacionado con la supresión de la figura del Gobernador, aunque en la propuesta de la Comisión del CONESUP lo que se elimina claramente es el régimen seccional dependiente.
La propuesta de la Comisión del CONESUP disponía el funcionamiento de un Gabinete territorial presidido por el Presidente de la República e integrado por los Prefectos Provinciales o Gobernadores Regionales según el caso, gabinete que se lo reduce en el proyecto de nueva Constitución a un gabinete de consulta pero solo para los gobiernos regionales y distritos metropolitanos. Se viabilizaba la conformación de regiones autónomas estableciendo que podría adoptarla una provincia con más de 1'000.000 de habitantes o dos o más provincias, sin exigir en este caso el número de habitantes, se le otorgaba incluso facultades legislativas más amplias a los gobiernos regionales, igualmente se les otorgaba facultades a las Juntas Parroquiales Rurales, lo cual si lo recoge el proyecto de nueva Constitución. Especialmente se incrementaban los recursos de los gobiernos seccionales al 25% de los ingresos totales del Presupuesto del Estado y no solo e115% del Presupuesto del Gobierno Central como ya lo establece la actual Constitución. En síntesis la propuesta de la Comisión de Juristas del CONESUP definía con claros objetivos mayores facultades de los organismos seccionales, asumiendo competencias en servicios básicos incluyendo salud y educación, y de manera expresa, se incorporaban las actuales funciones de los organismos de desarrollo regional a la dependencia de los Consejos Provinciales o Regionales, situación que omite el proyecto de nueva Constitución.

Nota: Los números de articulado del proyecto corresponden al primer texto que estuvo disponible en internet después de ser aprobado por la Asamblea Constituyente, por lo que pudiera existir algún cambio en el número de artículo con el que después se entregó al Tribunal Supremo Electoral.

Proyecto de nueva Constitución y las Universidades y Escuelas Politécnicas

Para poder hacer un análisis adecuado del tratamiento que se hace en el proyecto de nueva Constitución a las Universidades y Escuelas Politécnicas, es necesario partir de dos premisas, la una, ubicando en el contexto histórico a la institución Universidad, y la otra, que se establezca con puntualidad cuál ha sido el tratamiento constitucional y legal que han venido teniendo las Universidades y Escuelas Politécnicas en el Ecuador a la presente fecha.
En el caso de la primera premisa, la Universidad históricamente ha sido una institución crítica de todo lo que han significado injusticias sociales, abusos de poder, o en términos generales han rechazado medidas que hayan atentado contra la plena vigencia y goce de los derechos y garantías fundamentales de las personas, aquello ha hecho que en varios momentos, la Universidad haya desbordado su condición de entidad crítica y se haya convertido en una especie de reducto de la oposición política del gobierno de turno, lo cual ha producido que en muchos casos se haya buscado halagarla o reprimirla por temor, en síntesis la Universidad nunca fue agradable a la visión o intereses de los regímenes imperantes en cualquier país, incluyendo por supuesto Ecuador.
En el caso de la otra premisa, las Universidades y Escuelas Politécnicas lograron alcanzar en el Ecuador un tratamiento legal muy avanzado con la Ley expedida por la Cámara Nacional de Representantes en 1982 (órgano Legislativo restablecido después del más largo periodo dictatorial de la historia ecuatoriana 1970-1979), Ley en que se le reconocía una total autonomía en el ámbito de su gobierno y administración, al crearse como organismo rector autónomo de las políticas universitarias y politécnicas y en definitiva de la administración de todo el sistema, al Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP), lo cual los desvinculaba totalmente de la influencia del poder político. Posteriormente en 1996 se dio un paso de notable trascendencia al dotárselas de autonomía financiera con la creación del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico mediante Ley expedida en mayo de indicado año.
La Asamblea Constitucional de 1998 incorporó al sistema de Educación Superior a pedido del propio CONUEP, a los Institutos técnicos y Tecnológicos, pero la Asamblea introdujo una disposición transitoria que buscaba reducir la total autonomía alcanzada por las Universidades y Escuelas Politécnicas por la ley de 1982, con un texto que cambia la composición del antiguo Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, que lo integraban básicamente los Rectores de las Universidades y Politécnicas y los delegados de los estamentos docentes, estudiantiles y personal administrativo, existiendo una limitada participación externa a través del Ministerio de Educación Superior y del órgano de Planificación del Estado. Al conformarse el nuevo Consejo Nacional de Educación Superior con nueve miembros, se redujo a cuatro Rectores los miembros del Consejo rector de las políticas de educación superior e incorporó a cuatro que no pertenecían a las Universidades y Politécnicas, adicionalmente se disponía que el Consejo lo presida ya no un Rector en funciones sino un ex Rector que buscaba convertirlo en fin de cuentas en un alto funcionario público. Se creó paralelamente como organismo de consulta y de una especie de escenario de debates o sugerencias de temas vinculados con la educación universitaria y politécnica, a la denominada Asamblea de la Universidad Ecuatoriana, organismo que al no tener facultades decisorias ha terminado por tener una muy baja incidencia en las decisiones que deben tomarse en la marcha de la educación superior del país.

Propuesta del nuevo proyecto de Constitución
Analizadas las premisas que no pueden dejar de ser comentadas en este análisis para clarificar criterios y/o conceptos, el proyecto de nueva Constitución establece un sistema nacional de educación, en cuyo Art. 343 se estipula que el Estado ejercerá la rectoría en materia de educación a través de la autoridad educativa nacional que formulará la política de educación, la regulará y controlará en todas sus actividades y en el funcionamiento de las entidades del sector, tesis que se reitera en el Art. 350 cuando se dispone que el Sistema de Educación Superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo, pero no se consagra de manera expresa como si lo consagra la actual Constitución, al órgano rector de educación superior, que es el Consejo Nacional de Educación Superior y se menciona simple y llanamente a un órgano indeterminado de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus actores con la función Ejecutiva, lo cual debe entenderse que se reforma la disposición constitucional actual consagrada en el Art. 75, que expresamente señala que las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y Privadas son personas jurídicas autónomas que se regulan por la Ley y por sus Estatutos que son aprobados por el Consejo Nacional de Educación Superior, es decir no se enfatiza en esta definición la personería jurídica individual de las Universidades y Escuelas Politécnicas y no se consagra constitucionalmente las facultades de aprobar su Estatuto interno, lo cual queda para ser definido en la Ley que deberá expedirse en plaza de un año, según la disposición transitoria primera del proyecto de Constitución. Hasta que se expida la nueva Ley queda vigente en todas sus partes la actual Ley Orgánica de Educación Superior que sería el instrumento legal que regularía el funcionamiento de los centros de educación superior.
En esta parte es conveniente dejar precisado que la autonomía de la que gozan actualmente las Universidades y Escuelas Politécnicas, no puede ser entendida como una facultad para tomar decisiones al margen de disposiciones constitucionales y legales, aquella autonomía debe entenderse como la que permite la libre formación de especialistas y profesionales, la libre investigación científica, tecnológica y la innovación. La promoción y desarrollo de la cultura, y el aporte con el que pueda contribuir a la solución de problemas nacionales y a construir una sociedad más justa y solidaria. Es decir libertad para pensar, para crear conocimiento y para producir propuestas que ayuden a la solución de los complejos y heterogéneos problemas de un país, sin presiones ni influencias de orden político o económico.
Estimo que el Art. 350 del proyecto acierta al establecer que la autonomía debe ser responsable, al consagrar el co-gobierno que es en definitiva la posibilidad real de que al interior de las propias Universidades y Escuelas Politécnicas se pueda establecer instancias de cooperación corresponsable docente-alumno, no existe mejor juez de la actividad universitaria y politécnica que su propio estudiante o egresado, de tal manera que conviene advertir que si existe alguna opinión sesgada que pretenda creer que la autonomía es una concesión temporal de un gobierno, es una apreciación equivocada, pues aquella fue gestada a través de una histórica conquista a nivel mundial, que ha sido fruto de luchas estudiantiles inolvidables, como aquellos que produjeron la primera reforma universitaria de Córdova de 1918, la propuesta de la segunda reforma de París de 1968 y la propuesta todavía en construcción de una tercera reforma universitaria que nace en la primera y única conferencia mundial de educación superior organizada por la UNESCO en París en 1998, conferencia en la que el Ecuador a través del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas tuvo una protagónica ponencia e intervención, que fue recogida en muchas de sus partes en las conclusiones finales de la conferencia. Adicionalmente para la creación de Universidades y Escuelas Politécnicas se requiere el informe favorable del organismo asegurador de la calidad de la educación superior (se le quita esta potestad al CONESUP) además se requiere de un informe paralelo del organismo nacional de planificación (Art. 353 del proyecto).

Ampliación del sistema
El actual sistema de educación superior incluye a partir de la Constitución de 1998 tanto a las Universidades y Escuelas Politécnicas como a los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, el proyecto de nueva Constitución incorpora además a los Conservatorios de Música y Arte, lo cual tiene su justificación pues en la práctica muchas Universidades anexaron a sus programas de estudio, Conservatorios de Música y/o Escuelas de Artes. Lo que si queda indefinido es la creación de Institutos Técnicos y Tecnológicos que de acuerdo al actual Art. 76 de la Constitución es una competencia privativa del CONESUP. Tampoco puede dejar de inquietar la disposición transitoria vigésima octava que establece que la Función Ejecutiva creará una institución superior que será dirigida por la autoridad educativa nacional en lo académico, administrativo y financiero.

Suspensión de asamblea universidad ecuatoriana
El Art. 352 mantiene como organismos que dirigirán la Educación Superior en el Ecuador, un organismo planificador, regulador y coordinador de las políticas y actividades en materia de educación superior, así como mantiene a un organismo técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de las instituciones y carreras en el que expresamente se excluye los representantes de las instituciones objeto de evaluación, redacción que resulta poco precisa y que no solo le quita autonomía al sistema de evaluación y acreditación sino que abriría posibilidades para que los centros de educación superior no sean evaluados por sus pares sino por personas ajenas y/o desconocedores del sistema, aparte de que se lo exime de coordinar acciones con el CONESUP (Art. 79 Constitución vigente) en conclusión se suprime la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana que como expresé anteriormente era un organismo de poca influencia en materia decisorias en políticas de educación superior, cuyo rol se limitaba a ser un espacio de debate o de formulación de sugerencias al organismo rector de la política universitaria que es actualmente el Consejo Nacional de Educación Superior.

Financiamiento de Universidades y Escuelas Politécnicas en el proyecto de nueva Constitución
En líneas anteriores señalaba el importante logro que en materia de autonomía financiera habían conseguido en el Ecuador las Universidades y Escuelas Politécnicas, con la expedición de la ley que creó el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, que sin duda alguna ha sido en los últimos doce años (desde 1996 en que se creó el Fondo), una garantía de financiamiento confiable de las Universidades y Escuelas Politécnicas, lo cual debe entenderse se lo respeta en cuanto el Art. 296 del proyecto estable como pre asignación presupuestaria los recursos destinados a la educación superior y en el Art. 354 se prohíbe a la Función Ejecutiva privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, de tal manera que debe interpretarse que se garantiza a las Universidades y Politécnicas las rentas que actualmente le pertenecen constitucional y legalmente.
En lo que si se desmejora la actual disposición constitucional es en la obligación que tenía el Estado de incrementar anualmente y de manera obligatoria, las asignaciones presupuestarias de las Universidades Politécnicas, garantía que según la disposición transitoria décimo octava solo se la garantiza a la educación básica y al bachillerato, quedando únicamente expresamente estipulado a favor de las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas la obligatoriedad de compensarlas por los recursos que dejan de percibir por concepto de cobra de aranceles, matrículas y derechos escolares que ha venido aportando el estudiante, de tal manera que los otros ingresos propios se mantienen como fuente complementaria de ingresos, pero no podrán constituir gravamen para los estudiantes en el tercer nivel, lo cual tendrá posteriormente que ser regulado por la ley según el Art. 356 del proyecto. Debe advertirse que la gratuidad está vinculada a la responsabilidad académica de los estudiantes (Art. 355 del proyecto).
Debe también quedar claro que al establecerse la gratuidad hasta el tercer nivel, los cursos de posgrado deberán ser forzosamente autofinanciados, también debe advertirse se condiciona la entrega de recursos a las Universidades Particulares que actualmente reciben asignaciones o rentas del Estado, a que se sometan a una previa evaluación y que dichas rentas sean destinadas a la concesión de becas a estudiantes de escasos recursos, según lo establece la disposición transitoria vigésima del proyecto, lo cual colocaría en situaciones financieras difíciles a las Universidades Particulares cofinanciadas, pues a mi parecer debió al menos señalar que aquellas asignaciones del Estado podrían utilizarse también en inversión.
De otra parte con la expedición de la Ley de Equidad Tributaria expedida por la Asamblea Constituyente, las Universidades y Politécnicas ya no podrían seguir recibiendo donaciones del 25% del impuesto a la renta, aunque existe la oferta que aquello sería compensado con asignaciones presupuestarias fijas que se asignaría a las Universidades y Politécnicas que las recibieron, de acuerdo al manto donado en el año 2007. Por esta disposición también se suprime la posibilidad de que las personas naturales y jurídicas hagan aportes económicos para dotar de infraestructura, mobiliario y material didáctico al sector educativo, lo cual es deducible de obligaciones tributarias.

Propuesta de la Comisión de Jurista del CONESUP
La Comisión de Juristas del CONESUP cuidó en todo instante que su propuesta no sea regresiva con los logros alcanzados por las Universidades y Escuelas Politécnicas, en cuanto consagraba el más irrestricto respeto a sus fines y funciones por parte de los distintos sectores de la sociedad y principalmente de las instituciones vinculadas al poder político. En resumen se mantuvieron las disposiciones de la Constitución de 1998 que fueron fruto de una propuesta del entonces Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador (CONUEP) formuladas conjuntamente con Rectores universitarios que integraban la Asamblea, la propuesta clarificó también los ámbitos de gestión de los Institutos Técnicos y Tecnológicos que previnieran y evitasen fricciones con lo que compete a las Universidades y Escuelas Politécnicas, se propuso que de manera taxativa consten en la Constitución lo relacionado con las rentas que les pertenecen por el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, se precisó los incrementos que les correspondían recibir en presupuestos anuales futuros para gastos de funcionamiento, se propuso en la sección de Ciencia, Tecnología e Innovación, que las Universidades y Politécnicas fueran participes en un 50% de los recursos asignados para estas actividades, para evitar la permanente y tediosa gestión que debe realizarse para conseguir el financiamiento de proyectos de investigación.
Para no dejar margen que se piense que las Universidades y Escuelas Politécnicas tienen una posición de abuso de su autonomía y de manejos poco éticos y responsables del rol que les corresponde y del buen uso de sus recursos, se planteó que se hiciese una auditoría de orden académico internacional, para revisar si las instituciones existentes cumplían estándares de calidad mínima y en caso contrario se disponga el cierre o derogatoria de la Ley que creó una Universidad o Politécnica.

Nota: Los números de articulado del proyecto corresponden al primer texto que estuvo disponible en internet después de ser aprobado por la Asamblea Constituyente, por lo que pudiera existir algún cambio en el número de artículo con el que después se entregó al Tribunal Supremo Electoral.